El lenguaje político es un discurso; una expresión de ideología que busca lograr que la sociedad realice las conductas adecuadas para mantener el orden, y fortalecer el sistema. Algunas veces, esos discursos se emiten para definir ciertos aspectos de la vida, y en otras ocasiones (las mayores) ordenan algo; es decir, intervienen en el desarrollo del contexto social en que se produce, para calificarlo de válido o inválido, justo o injusto.
Si ese discurso provoca que se den las conductas esperadas por el emisor, es eficaz para mantener el poder, al haber logrado que se realicen las conductas impuestas. Así, el lenguaje político es un discurso de poder, ya que tiende a determinar las conductas de los demás.
Por ello, que no les sorprendan los discursos donde se ataca a otros para responsabilizarlos de los propios errores, pues cada administración es el mismo cantar. Según esos discursos el Poder Judicial es corrupto, genera impunidad e indignación, y actúa contra los intereses de la sociedad. En esos discursos se maneja la información a determinados intereses, en forma recortada y popular, para dar una aparente sensación de seguridad, en el sentido de que ciertos actores públicos cumplen con sus funciones, pero el Poder Judicial es la autoridad que está mal.
Podríamos formular unas preguntas a esos emisores de discursos: ¿Por qué no le informan a la sociedad que el Poder Judicial existe en nuestro Estado de Derecho, no para cumplir los caprichos de la administración o de los legisladores, sino para proteger a las personas de las arbitrariedades de las autoridades, respetando y haciendo valer sus derechos humanos?
¿Por qué no le informan a la sociedad, que los actos de autoridad deben ser apreciados, y para determinar su validez, debe realizarse un proceso y dictarse una sentencia, y no puede tacharse o estigmatizar a una Jueza o Juez por realizar debidamente su trabajo?
¿Por qué no le informan a la sociedad que las medidas de protección de derechos, no son “tecnicismos legales”, “errores de interpretación” o “servilismo”, sino derechos esenciales de toda la sociedad, que el propio pueblo instituyó para defenderse de los abusos autoritarios?
¿Cuál es la finalidad de mostrar a un Poder Judicial como corrupto al cumplir con su trabajo, si es la principal institución defensora y protectora de los derechos de la sociedad? ¿Por qué repetir constantemente esa mentira?, ¿por qué insistir en que todo lo que no salga a nuestro favor es producto de la ilegalidad?
¿Es necesario alegar que no se puede avanzar por “tecnicismos legales” o “criterios equivocados de los Jueces”, para tratar de justificar las violaciones a los derechos humanos, la restricción de garantías, las actuaciones autoritarias, y lograr que el pueblo crea que esto es necesario y lo pida a gritos?, ¿por eso se da esa información, en vez de reconocer los propios errores, y no atribuírselos a otro?
Cuando algún tema se litiga a través de los medios de comunicación o las redes sociales, es porque regularmente no se tienen los elementos para litigarlo y ganarlo ante los tribunales. Con estos discursos se trata de destruir a una de las principales instituciones encargadas de proteger los derechos humanos; el mensaje proyectado por quienes dan esa información, es que las personas no tienen derechos, y no pueden existir mecanismos que los protejan; todos son enemigos del Estado y deben ser tratados como tales.
No requerimos “modernizar” los viejos discursos; necesitamos crear nuevos discursos operativos que aterricen en el fortalecimiento de un Sistema de Administración de Justicia real, autónomo e independiente, que asegure el respeto absoluto de la dignidad humana y sus derechos. Pero en México, la inoperancia, la sorda reflexión y ciega creatividad, ha contribuido, durante muchos años, a convalidar la convicción colectiva de que en la lucha por la supervivencia todo vale y que nada razonable puede esperarse de la autoridad (Elbert).
Durkheim dijo que la pena es una reacción pasional que la sociedad ejerce por medio de un cuerpo constituido sobre aquellos de sus miembros que han violado ciertas reglas de conducta; por lo tanto, la naturaleza y las funciones de la pena son las mismas tanto en las sociedades primitivas como en las más evolucionadas; lo que cambia es la cantidad y la calidad del castigo, pero no cambian sus funciones. Así, la intensidad del castigo es mayor en la medida en que la sociedad pertenece a un tipo menos desarrollado y al grado en que el poder central tiene un carácter más absoluto. Lo mismo pasa en la calidad de los discursos políticos. A nosotros nos corresponde decidir qué tipo de sociedad, discurso y Estado queremos.
