APRO/Anne Marie Mergier
Nicolas Sarkozy está condenado a tres años de cárcel –uno firme y dos con ejecución condicional– por corrupción y tráfico de influencias… Tal noticia estalló como una bomba en Francia la tarde del lunes 1 y dejó atrás la polémica sobre la caótica campaña de vacunación contra el covid-19 y los debates sobre un eventual nuevo confinamiento nacional.
Es la primera vez en la historia de la V República –fundada en 1958 por Charles de Gaulle– que la justicia condena a prisión firme a un expresidente. En 2011 Jacques Chirac “solamente” fue condenado a dos años de cárcel con ejecución condicional por “malversación de fondos públicos y abuso de confianza” durante su mandato como alcalde de París (1977-95).
Es poco decir que Sarkozy y sus dos coacusados –Thierry Herzog, su abogado y amigo de toda la vida, y Gilbert Azibert, exfiscal de la Corte de Casación (equivalente a la Suprema Corte en México), ambos condenados a la misma pena que el exprimer mandatario–,quedaron petrificados al escuchar, primero, la requisitoria implacable de Christine Mée, presidenta del Tribunal Correccional, y luego su veredicto, aun si la juez estipuló que estas penas eran “convertibles”, aludiendo a su cumplimiento bajo régimen de detención domiciliaria y vigilancia electrónica.
Semejante “adaptación” de la condena hubiera implicado para los tres condenados llevar un brazalete electrónico como cualquier delincuente, si no hubieran interpuesto de inmediato un recurso de apelación contra el fallo… Una humillación absoluta para estos miembros de la élite gala: Sarkozy sigue siendo influyente en la vida política de Francia por su relación fluida con Emmanuel Macron y el peso que ejerce en su partido, Los Republicanos; Herzog es uno de los abogados más renombrados del país y Azibert, hoy jubilado, pertenece a la crema y nata de la alta magistratura.
Los tres llegaron bastante relajados al Palacio de Justicia poco después del mediodía del lunes 1 para oír el veredicto del juicio penal al que habían sido sometidos desde finales de 2020 –del 23 de noviembre al 9 de diciembre– por complicidad en un pacto de corrupción.
Estaban convencidos de que sus vigorosas intervenciones y los brillantes alegatos de sus abogados habían aniquilado los argumentos de la acusación en su contra y logrado convencer al Tribunal Correccional de su inocencia. Estaban equivocados.
Palabras más, palabras menos, Mée los acusó de haber atentado gravemente contra la independencia de la justicia, mermado la confianza de los franceses en el estado de derecho y haber pervertido la democracia.
“Los hechos delictivos cometidos por el señor Nicolas Sarkozy son particularmente graves por haber sido perpetrados por un expresidente de la República que fue garante de la independencia de la justicia”, asestó Mée entre otras incriminaciones.
“Tanto la gravedad de las infracciones cometidas que vulneraron la confianza pública como la personalidad de su autor vuelven indispensable la imposición de una pena firme e inadecuada cualquier otra sanción penal”, concluyó, perentoria.
La trama
Para entender la gravedad de estas acusaciones hay que remontarse a 2013: Sarkozy, que había dejado la Presidencia de Francia un año antes, está en la mira de la justicia. Los jueces que escudriñan las cuentas de su primera campaña presidencial, de 2007, en busca de huellas de un supuesto financiamiento oculto de Muamar el Gadafi, ordenan además la intercepción de las llamadas telefónicas que intercambian el expresidente y su abogado.
La medida no arroja luz sobre el rol del líder libio; en cambio revela que Sarkozy y Herzog, conscientes de que sus teléfonos están intervenidos, disponen de una línea telefónica secreta abierta a nombre de Paul Bismuth.
La Fiscalía Nacional Financiera, creada a finales de diciembre de 2013 por el entonces presidente François Hollande para tratar específicamente los delitos financieros y económicos de gran envergadura, así como el tráfico de influencias, se interesa en las conversaciones confidenciales de los dos hombres y no tardan en descubrir que “están concluyendo un pacto” con Azibert, amigo de Herzog.
Ese pacto, aseguran los jueces instructores, es simple: Sarkozy propone mover sus contactos para asegurar a Azibert un fin de carrera tranquilo y prestigioso en el principado de Mónaco y a cambio el fiscal se compromete a obtener datos de la Corte de Casación –que resultan de importancia para el expresidente– y eventualmente a influir sobre decisiones de esa misma Corte para favorecerlo.
Lo que busca afanosamente Sarkozy es recuperar sus agendas presidenciales, que confiscó la justicia durante otro caso judicial, y que pueden ser usadas en su contra en la investigación sobre el supuesto financiamiento libio a su campaña electoral.
El acuerdo no prospera. Las agendas de Sarkozy quedan en manos de los jueces y Azibert nunca llega a Mónaco.
Sin embargo tanto la Fiscalía Nacional Financiera, que demandó a Sarkozy, Herzog y Azibert, como la Corte Correccional que los juzgó y los condenó, consideran que el fracaso del plan no invalida la acusación.
Al contrario, explican que “manifestar claramente la intención de cometer un delito basta para calificarlo como tal”, antes de precisar que la transcripción de 17 conversaciones intercambiadas entre enero y febrero de 2014 por Sarkozy y Herzog evidencia esa intención y las acciones emprendidas para su realización.
“La prueba del pacto de corrupción sale de un cúmulo de indicios probatorios graves, precisos y concordantes que resultan de lazos estrechos de amistad tejidos entre los protagonistas y de relaciones de negocios que consolidan estos lazos (…) Quedó establecido que informaciones privilegiadas y confidenciales fueron transmitidas de manera oculta en violación de los derechos de las demás partes y de la deontología de los magistrados…”, denunció la presidenta del Tribunal Correccional, quien también especificó:
“La ley y la jurisprudencia no imponen que las informaciones obtenidas en el marco de un pacto de corrupción tengan una influencia concreta sobre una decisión. Pero es evidente que obtener informaciones privilegiadas permite elaborar una estrategia de influencia…”
La negación
A lo largo de las tres semanas de su juicio a finales de 2020, y después del veredicto del lunes 1, los tres condenados han refutado vehementemente los argumentos de la acusación.
Claman que un “cúmulo de indicios no son pruebas fehacientes”, se dicen víctimas de la “hazaña de jueces prepotentes” y de una persecución política sin precedente, razón por la que apelaron la sentencia.
Sarkozy no se limitó a ese contrataque judicial: se lanzó también en una amplia campaña dirigida a la opinión pública. Dos días después del veredicto, el miércoles 3, dio una larga entrevista al matutino derechista Le Figaro y otra, transmitida en vivo por el canal de televisión privado TF1, el de más audiencia en Francia.
En ambos casos adoptó la misma postura: no acepta ser condenado por lo que no ha hecho. Agotará todos los recursos judiciales en Francia y, si es necesario, acudirá a la Corte Europea de los Derechos Humanos para hacer valer su inocencia. Su meta: lavar su honor y “sobre todo” salvar la democracia gala, amenazada por unos jueces que abusan de su poder.
En la entrevista con Le Figaro, el exmandatario reiteró su convicción obsesiva de que Hollande creó la Fiscalía Nacional Financiera con el único objetivo de destruirlo políticamente. Se mostró un poco menos explícito en la televisión.
