APRO/Patricia Dávila
El presidente Andrés Manuel López Obrador obstaculiza la reforma que obligaría al Ejército y a la Marina a rendir cuentas sobre los recursos cada vez mayores que les son asignados.
Sin control alguno de fiscalización, las Fuerzas Armadas han aceptado el papel que les ha asignado el presidente: innecesarias militarmente y convertidas definitivamente en una Guardia Nacional.
Así lo considera Mónica Serrano, investigadora de El Colegio de México, luego de sesiones de trabajo con un grupo de militares retirados, en un seminario de esa casa de estudios.
Interrumpida por la pandemia, la revisión conjunta impulsada por Serrano, estudiosa durante más de dos décadas de la relación entre civiles y militares en México, partió del cambio radical del presidente López Obrador frente a los militares respecto de lo que dijo durante su campaña presidencial, cuando prometió regresarlos a sus cuarteles después de dos sexenios de estar al frente de tareas de seguridad y combate al narcotráfico.
Comenta que el presidente fue conquistado por la “sumisión” y “obediencia ciega” que le muestran los soldados y los marinos. Con esta actitud, el mandatario obstaculiza la reforma que obligaría a las Fuerzas Armadas a rendir cuentas, y hoy les asigna múltiples tareas que no corresponden a la seguridad, dice la investigadora.
López Obrador diversifica las tareas de las Fuerzas Armadas ocupando la mano de obra calificada que poseen y las presenta como el único instrumento para eliminar la “corrupción” que en otros sexenios benefició a grandes grupos constructores.
Sin embargo, por la falta de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, el presidente está provocando que esa corrupción ocurra dentro de las corporaciones militares, como ya ha sucedido, indica.
Hoy las Fuerzas Armadas, convertidas en Guardia Nacional, se ocupan de labores de seguridad pública, pero también de tareas de migración, control de puertos, la construcción de un tramo del Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía, de cuarteles para la Guardia Nacional y de los Bancos del Bienestar; a su vez reparten vacunas contra el covid-19 y distribuyen libros de texto, entre otras funciones.
No sólo es la asignación de tareas, sino también el usufructo de esas obras. A la decisión de entregar los beneficios económicos del aeropuerto Felipe Ángeles, el presidente determinó que los recursos que se obtengan del Tren Maya ya no pasarán por la Secretaría de Hacienda, sino que irán directamente para el Ejército y los casi mil 500 kilómetros de ferrocarril serán patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La cesión de obras y tareas a las Fuerzas Armadas ha causado tanta polémica que, por ejemplo Javier Jiménez Espriú renunció como secretario de Comunicaciones y Transportes en desacuerdo por la asignación que el Ejecutivo hizo a la Semar de encargarse de los puertos del país; y el actual titular de esa secretaría, Jorge Arganis Díaz Leal, expresó el mismo malestar durante su participación en la conferencia “130 años de la SCT, 65 años de Vivencias” (cuyo video salió de circulación), en donde dijo además que los ingenieros civiles -y no los ingenieros militares- son quienes deben realizar las obras.
“A lo mejor me corren por eso, porque ahora están de moda los ingenieros militares”, agregó Díaz Leal el lunes 22.
Compatibilidad de visiones
Serrano explica la evolución de la actitud del mandatario respecto de las Fuerzas Armadas: “En función de las conversaciones en el marco del seminario y apoyada en una revisión hemerográfica sobre las declaraciones de López Obrador, se detectó, si no animadversión inicial hacia las Fuerzas Armadas, si la idea de que son innecesarias, que son un lujo para un país como México, porque si va a ser invadido por Estados Unidos, éste avasallaría a las tropas mexicanas. Hay cierta dosis de razón en eso, pero llegar a esta conclusión en el escenario de inseguridad que vive México es una conclusión simplista, básica e ignorante de las realidades que enfrenta el país”, afirma.
La académica pide revisar qué configuración de fuerzas requiere México para los escenarios de inseguridad y amenazas que pueda enfrentar. Señala que el Gobierno Federal no ha hecho ese ejercicio; tiene una idea, pero no un proyecto, afirma.
“En México tenemos un Ejército que agrupa a su vez a la Fuerza Aérea, y por otro lado está la Armada. Teníamos además al Estado Mayor Presidencial que López Obrador desapareció en una decisión muy osada, pero que la pudo tomar dado el mandato con el que llegó, y con la justificación de que es una Fuerza Armada extremadamente grande e innecesaria.”
Serrano ve “muy complicado” que el presidente se deshaga de la milicia. “Tendría que hacer lo mismo que hizo con la Policía Federal: los doblegó. Convenció a muchos de irse a la Guardia Nacional; otros se jubilaron y otros están en procesos legales. Lo mismo tendría que hacer con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, para que se pasaran, y no de prestado, sino definitivamente”, expone.
Estima que el presidente requeriría mucho dinero para ofrecer los mismos términos laborales en la Guardia Nacional a quienes quisieran transferirse. Sin embargo, considera que aquellos que han sido formados como militares, que ya desarrollaron una carrera en el Ejército, difícilmente van a querer renunciar a las jugosas prestaciones y al rango que han adquirido.
Además, dice, el presidente sí los necesita porque el narcotráfico y el crimen organizado son como tener una soga al cuello.
Sin embargo, los militares, desde las calles, no han pacificado al país ni ahora con López Obrador ni en los sexenios anteriores -se le comenta.
-Ni van a dar resultado. Y la cosa se ha complicado más por el hecho de que (el presidente) se ha engolosinado con ellos porque responden a una orden sin resistencia alguna. Hay una compatibilidad con la visión del gobierno de López Obrador: centralista, jerárquica, eficaz en el sentido de resultados inmediatos. Aunque en la realidad no hay control ni en el huachicol porque leí que está 17% arriba en comparación con 2020.
Para la investigadora estas cifras demuestran que la eficacia de las Fuerzas Armadas es un espejismo. Su movilización genera expectativas de resultados y eso es lo que ha engolosinado al presidente, aunque en los hechos no han dado resultados.
“No sabemos si funcionará el aeropuerto de Santa Lucía; escuchamos que no es el lugar idóneo, pero lo está construyendo. Si se cae después, si no funciona, no importa. Lo mismo con el Banco del Bienestar, que lo va a administrar el Ejército, con todo lo que hay ahora de la vulnerabilidad a los sistemas de operación de bancos ¿Qué garantiza que van a funcionar de manera eficiente con las protecciones que se requieren para no ser intervenidos, vulnerados? Eso no se lo pregunta el presidente”, expone.
Dice que se ha creado un matrimonio entre la 4T y las Fuerzas Armadas que ha cerrado la ventana de oportunidad para reformar a las Fuerzas Armadas como el país merecía.
Considera que eso “es peligroso” debido a que las Fuerzas Armadas “están ideadas para funciones específicas, porque el punto de partida para pensar cuál debía ser la configuración, la responsabilidad y el papel de las diferentes fuerzas que el país necesita, debía incluir un mapa de riesgos y amenazas. Y en función de éste, tratar de identificar la configuración idónea de fuerza que el país requiere y en ese mapa definir qué tamaño de Fuerzas Armadas y en qué lugar se necesitan”.
Sin embargo, señala que, en la misma tónica de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, el narcotráfico lleva a López Obrador a recurrir a las Fuerzas Armadas, y al hacerlo depende más y les debe más. Entonces, señala, pospone la decisión de analizar los riesgos y amenazas que el país enfrenta.
“Yo diría que de haberse dado esa discusión sobre una reforma de las Fuerzas Armadas al momento de la transición, quizá se hubiera considerado una transformación del Ejército y de la Fuerza Aérea en un Ejército más pequeño, de despliegue rápido y mayor capacidad de fuego, allí donde las organizaciones criminales osan pronunciarse y desafiar la autoridad del Estado, como vemos hoy en Tamaulipas y como hemos visto en otros lados o, desde luego, en el caso Ovidio (Guzmán)”, acepta.
Basada en la literatura sobre Operaciones de Paz, Serrano señala que el despliegue de contingentes de fuerzas armadas con configuraciones específicas puede ayudar a proteger civiles y evitar su desplazamiento de sus comunidades.
Recuerda que hace unos días hubo un éxodo de 800 habitantes de 32 comunidades de la sierra de Guerrero, después de que recibieron amenazas de La Familia Michoacana, sumándose a los cientos de miles de desplazados de todo el país.
Uso rudo de fuerza
Considera que en Estados Unidos la contención de flujos de migrantes continuará con el presidente Joe Biden, quizá con visos más humanitarios, porque no se puede permitir el lujo de abrir la frontera: “Por esa razón creo que la idea de que no se requieren Fuerzas Armadas es un despropósito. Se necesita una Armada que resguarde las costas y un Ejército que enfrente las amenazas y riesgos que claramente se presentan en México, como el de
las organizaciones criminales equipadas con armas que pueden derribar un helicóptero”.
Abunda: “Considero que se necesita una fuerza intermedia que podría estar ubicada en la Policía Federal y que podría tener entrenamiento conjunto con el Ejército. Pero es cierto que en el mapa de riesgos y amenazas que enfrenta México, ante el considerable poder de fuego que tienen las organizaciones criminales, puede haber escenarios que justifiquen el despliegue y autorización del uso rudo y robusto de la fuerza”.
–¿En dónde justifica usted ese uso rudo de la fuerza?
–Ahora, claramente en Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Guerrero. Pero al mismo tiempo hay la necesidad de analizar con base en inteligencia. Y es ahí en donde los militares no tienen esa capacidad de generar información que permita identificar claramente las redes criminales y los nexos políticos criminales para desactivarlos.
–¿De nuevo se está actuando a ciegas?
–Sí. Porque desmantelaron las capacidades de inteligencia -dice, en referencia a que el gobierno de López Obrador desapareció el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
“Hoy lo que tenemos es prácticamente la inteligencia militar. Con ello, profundiza la ausencia de rendición de cuentas e incrementa la autonomía de las Fuerzas Armadas. Incluso, vemos que otorgan los contratos para el Tren Maya o para el Banco del Bienestar sin licitar y sin fiscalización alguna”, agrega.
–¿Esto incrementa la corrupción que se supone el presidente combate?
–Sí, porque no hay controles externos.
Ahora, el problema es que tampoco los controles externos garantizan la no corrupción, la honestidad. Lo que se ve, insisto, es que (López Obrador) no tiene un proyecto sobre cómo manejar las Fuerzas Armadas, sino sólo una idea. De lo contrario estaríamos viendo una serie de procesos, como que los elementos de Marina y Ejército que están prestados a la Guardia Nacional ya pertenezcan de manera permanente a ella y que los entrenamientos
obedezcan a racionalidades y experiencia de policía, igual que las decisiones de los mandos.
“Lo único diferente que hay en esta idea del presidente es la presencia permanente de la Guardia Nacional en todo el país, aunque uno puede pensar que ya existía en donde había cuarteles militares”.
–López Obrador dijo que sólo por cinco años estaría el Ejército en la calle y que luego regresarán a sus cuarteles ¿Se ve factible?
–Hasta donde puedo ver, no, en función del presupuesto que se otorga a la Sedena.
La asignación para la Guardia Nacional es de 35 mil millones de pesos. Lo que tengo es que en 2021 el presupuesto de Sedena se incrementó a 112 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de casi 100% respecto a los 55 mil 611 millones de pesos que le fueron asignados al final de la administración de Calderón.
“Además -recuerda- están duplicando los cuarteles. La justificación de López Obrador es que el Ejército que tenemos es un lujo [Y tiene razón! Con otros presidentes yo me preguntaba: ‘¿Cómo era posible que la Policía Federal durmiera en hoteles, en pistas de aterrizaje, expuestos tres veces más a que fueran infiltrados o a que fueran amenazados, como sucedió en varios estados del país, cuando el Ejército tenía cuarteles? ¿Por qué no podía prestarlos?’. Con López Obrador claramente tampoco los están prestando para la Guardia Nacional y están teniendo que duplicar cuarteles”, y señala, no rinden cuentas. Afirma que “si tuviéramos una reforma, rendirían cuentas y sabríamos cuántos cuarteles hay, cuántos elementos duermen en dónde y cómo se justifica su presencia allí, pero no lo sabemos, porque esas Fuerzas Armadas actúan como en el pasado autoritario que tanto critica el presidente”.
Para ella, la idea de López Obrador de que los militares son incorruptibles no se sustenta en la realidad, porque hay casos previos, juzgados por la milicia, de militares involucrados en el narcotráfico.
También por investigaciones como la del diario El País sobre los 156 millones de dólares que la Sedena habría gastado entre 2013 y 2019 en 250 compañías fantasma.
