APRO/Alvaro Delgado
Banco Azteca aseguró al inicio del sexenio que, como “el aliado ideal” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no cobraría ninguna comisión por manejar las tarjetas para entregar los recursos de los programas sociales a los beneficiarios.
No era cierto.
Y afirmó que no había firmado un contrato para ese propósito.
Tampoco era cierto.
El banco del magnate Ricardo Salinas Pliego no sólo cobra cientos de millones de pesos al año por el manejo de las tarjetas de Bienestar para los más pobres de México, sino que, para ello, firmó un contrato con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando la oficial mayor era Raquel Buenrostro, funcionaria de toda la confianza de López Obrador.
Mientras que el español BBVA, considerado el banco más caro de México, no impone ningún costo por el manejo de las cuentas de los programas sociales federales, Banco Azteca le cobra al gobierno de López Obrador cinco pesos al mes, más 80 centavos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el “mantenimiento” de cada una de ellas.
Así, por el cobro de 60 pesos anuales por los 5 millones de tarjetahabientes de los programas de bienestar que atendió sólo en 2019, Banco Azteca le cobró 300 millones de pesos al gobierno de López Obrador, sin incluir el IVA, además de controlar la base de datos de los programas sociales y mantener cautivos a los beneficiarios.
“Aliado ideal”
Hace un año, el 1 de marzo de 2020, Alejandro Valenzuela, director de Banco Azteca, aseguró al diario El Economista que en 2019 esa institución financiera atendió a 5 millones de mexicanos, entre ellos jóvenes estudiantes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. “Este año pensamos que vamos a poder llegar a más de 8 millones”.
Si, en efecto, el año pasado se cumplió esta meta fijada por Valenzuela, el cobro del banco de Salinas Pliego al gobierno de López Obrador –de quien es consejero de asuntos empresariales– fue de 560 millones de pesos, sin incluir el IVA, casi 50 millones de pesos al mes.
Proceso obtuvo el contrato firmado el 4 de enero de 2019 entre Raquel Buenrostro, entonces oficial mayor de la SHCP y actual titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y Sergio Alberto Zepeda Gálvez, representante legal de Banco Azteca, en el que se detallan las condiciones de cobro para el negocio del magnate Salinas Pliego por las tarjetas de Bienestar.
El documento, de 10 hojas, desmiente a Valenzuela, quien declaró al portal informativo Animal Político, el 17 de enero de 2019, que el servicio de dispersión de recursos para los programas sociales mediante tarjetas de Banco Azteca era sin contrato y sólo de palabra.
“Que yo tenga conocimiento, no se ha firmado un contrato. Hemos estado trabajando simplemente en términos de los apoyos que nos han pedido y aquí sí entra de lleno la buena relación que tiene el presidente de la República con el señor Salinas. Se tendrá que firmar, sí, pero ante todo estamos apoyando”, destacó.
El contrato desmiente también a Banco Azteca que, mediante el comunicado del 14 de enero de ese mismo año, se ufanó de ser “el aliado ideal” del gobierno de López Obrador, porque no cobra comisiones por el manejo de las cuentas:
“Banco Azteca garantiza así el éxito en la entrega de estos programas, siendo el aliado ideal del gobierno de México para la dispersión de apoyos sociales. Cabe destacar que Banco Azteca no cobra comisiones a las cuentas de beneficiarios de estos programas sociales.”
El propio López Obrador aseguró, el 26 de febrero de 2019, en su visita de supervisión a la presa Santa María en El Rosario, Sinaloa, que los bancos plantearon no cobrar comisiones por la entrega en tarjetas de los recursos de programas sociales. “Hay unos que me están ofreciendo que no cobran comisiones, vamos a ver todavía”.
Quizá López Obrador no sabía, pero para entonces habían pasado tres semanas de que Buenrostro y Banco Azteca firmaron el denominado “contrato marco para la operación y apertura de cuentas bancarias a los beneficiarios de los programas gubernamentales de apoyo en beneficio de determinados sectores de la población”.
En la cláusula tercera está la entraña del arreglo económico del gobierno de López Obrador con Banco Azteca, que se ufana de ser su “aliado ideal”:
“Contraprestación: El Ejecutivo Federal pagará a El Banco como contraprestación por el presente servicio la cantidad de $5.00 (cinco pesos 00/100 M.N.) más 0.80 (80/100 M.N.) correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, de forma mensual, por mantenimiento de cuenta por beneficiario”.
En la misma cláusula se añade: “El costo de la tarjeta bancaria será a valor cero, hasta un máximo de 200,000 unidades. Una vez que el banco hubiera entregado las primeras 200,000 tarjetas bancarias, la contraprestación y el costo del plástico a que se refiere la presente cláusula serán los que se acuerden en los anexos correspondientes”.
El reportero solicitó formalmente una entrevista con Buenrostro para conocer “la contraprestación y el costo del plástico” de cada una de las tarjetas de débito, así como la razón por la que se pagan a Banco Azteca cientos de millones de pesos por “mantenimiento” de las millones de cuentas de los programas sociales; pero hasta el viernes 5 no se obtuvo respuesta.
El contrato da a Banco Azteca de Salinas Pliego otras ventajas adicionales al manejo de cuentas, como el dinero generado por los intereses durante el tiempo que mantiene los recursos, desde que la Tesorería de la Federación se los deposita hasta que llegan a las cuentas de los beneficiarios.
Más aún: Banco Azteca se apodera de la base de datos de los beneficiarios de los programas sociales, incluidos datos personales como número telefónico celular y correo electrónico, y aun se cobra “a lo chino” abonos de artículos de las tiendas Elektra.
