APRO
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante procesos electorales, la cual está dirigida a entidades del sistema financiero.
De acuerdo con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la guía tiene un enfoque electoral financiero con el objetivo de facilitar la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero asociados con los procesos electorales.
Entre las irregularidades electorales detectadas por las autoridades se encuentran personas políticamente expuestas que rompen el perfil transaccional; empresas con indicadores de empresa fantasma y factureras; gran número de disposiciones en efectivo; y personas físicas jóvenes que actúan como representantes legales.
También contratación de personas que no forman parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE); coincidencia de aportaciones y donaciones de personas físicas y jurídicas con otras campañas electorales locales o federales.
Así como sindicatos que reciben dinero de empresas fachada y lo distribuyen por tarjetas nominales; transferencias de empresas gubernamentales o con indicadores de posible empresa fantasma a estados con campañas electorales.
La guía busca blindar de estos ilícitos a la elección intermedia más grande de la historia, en la cual se elegirán 21 mil 368 cargos públicos en los tres niveles de gobierno.
Entre las señales de alerta incorporadas en la guía estarán los recursos con los que se liquidan las operaciones que provienen de personas diferentes al titular o beneficiario; los montos operados en las cuentas de los clientes o usuarios que se consideran inusualmente altos.
También el cliente o usuario que recibe montos altos en la cuenta no acordes a su historial; los recursos con los que se liquidan las operaciones que provienen de empresas de reciente creación y que posean grandes volúmenes de operaciones y/o manejen altos montos en la cuenta.
Y aquellas empresas de reciente creación cuyos accionistas, beneficiarios o partícipes son menores de 35 años o mayores de 70, además de las empresas contratadas por partidos políticos y candidatos sin objeto social definido.
Dos bloques
De acuerdo con la SHCP, la guía se integra por dos bloques:
El primero, de conocimientos básicos en materia electoral, y otro de conocimientos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
La guía también detalla cómo se desarrollan los procesos electorales 2020-2021 y cuáles son las herramientas para mitigar los riesgos de lavado de dinero.
Asimismo se enlistan factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de las entidades financieras, así como algunos indicadores predictivos de lavado de dinero proveniente de delitos y faltas electorales, como el peculado electoral y el financiamiento por parte de la delincuencia organizada o de entes prohibidos por la ley, entre otras conductas.
Con apoyo de la guía, específicamente respecto a las entidades financieras, se exhorta a éstas a efecto de que, durante los procesos electorales 2020-2021, el Comité de Comunicación y Control de cada una de ellas dictamine las operaciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva con la mayor oportunidad y focalización posible, lo anterior debido a los procedimientos y plazos establecidos por la legislación electoral.
“La emisión de la guía tiene el propósito de potenciar el régimen de prevención de lavado de dinero para evitar la incorporación de recursos ilícitos a los procesos electorales de forma oportuna”, destacó Hacienda.
Y concluyó que el cumplimiento de dicho propósito permite, a su vez, materializar el principio de equidad en la contienda electoral, ya que garantiza que los partidos políticos, las precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos cuenten con recursos financieros cuyo origen, destino y aplicación sea lícito.
