APRO/Juan Alberto Cedillo
El expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, incluye la compra de un departamento de lujo con acceso a un club de golf en el fraccionamiento Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México.
La transacción se hizo en noviembre de 2013, cuando García Cabeza de Vaca era senador del PAN y pagó por el inmueble 14 millones de pesos, en tanto que su madre adquirió una residencia en el exclusivo fraccionamiento Cimarrón, en Mission, Texas.
A ello se suman otras propiedades y movimientos bancarios que superan los ingresos obtenidos por el actual mandatario tamaulipeco, así como los señalamientos en su contra hechos por Emilio Lozoya Austin a la FGR, que implican también a legisladores panistas que, según él, lo “extorsionaron y presionaron” cuando era director de Pemex.
Según Lozoya Austin, “la actitud de los panistas en obtener recursos era brutal”; los legisladores de Acción Nacional lo intimidaron y usaron como “instrumento en la comisión de actos delictivos”.
Ellos, incluido García Cabeza de Vaca, se beneficiaron con sobornos de Odebrecht a “cambio de su voto” a favor de la aprobación de la reforma energética en 2013, durante la administración de Enrique Peña Nieto, precisamente el año que compró su departamento en Bosques de Santa Fe.
Las indagatorias de la FGR contra el actual mandatario tamaulipeco no incluyen lo que se investiga en Estados Unidos, donde se presume que García Cabeza de Vaca recibió fondos para sus campañas electorales por parte del crimen organizado.
Presuntamente el inculpado también se benefició de los negocios de un discreto “contratista de Pemex” acusado de contrabando de combustible e incluso de estar relacionado con narcotraficantes: el empresario reynosense Javier Cantú Barragán, primo de Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, el empresario favorito de Peña Nieto.
Una de las principales empresas de Cantú Barragán es Transportes Internacionales Tamaulipecos, SA de CV (TITSA), la cual continuamente acapara los contratos de Pemex en el ramo del transporte de combustibles.
De acuerdo con la página Compranet, hasta 2018 TITSA registraba unos 600 contratos con Pemex por un total de 2 mil 154 millones 768 mil 498.55 pesos, si bien muchos de ellos están vigentes y son por 50 años.
García Cabeza de Vaca presuntamente cabildeó para beneficiar con contratos a esa empresa, según la acusación de Lozoya.
El posible desafuero y juicio contra el mandatario de Tamaulipas dividió a los usuarios de las redes sociales y a los columnistas nacionales y de la entidad.
De un lado están quienes consideran que encarcelarlo podría sentar un precedente contra los funcionarios locales corruptos; del otro, quienes opinan que la acusación tiene tintes político-electorales y que todo se reducirá a un show mediático, como está pasando con otros casos.
La clase política más corrupta
La violencia que hay en Tamaulipas desde hace más de una década es resultado de la complicidad de la clase política –incluidos militantes del PRI, PAN y Morena– que ofrece protección e impunidad a los cárteles de las drogas a cambio de sobornos, los cuales alcanzan hasta el millón de dólares por mes para los gobernadores, según han confesado en las cortes de Texas algunos de los capos del crimen organizado y sicarios capturados en Estados Unidos.
Algunos de quienes recibieron sobornos de los grupos criminales depositaron ese dinero mal habido en bancos de Texas, donde también compraron lujosas residencias y todo tipo de propiedades.
Los montos asegurados por el Departamento del Tesoro estadunidense en los últimos años a funcionarios de Tamaulipas suman alrededor de 600 millones de dólares, es decir unos 12 mil millones de pesos.
El empresario Antonio Peña Argüelles, quien fungió como enlace entre miembros del crimen organizado y funcionarios tamaulipecos señaló a los exmandatarios Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores como beneficiarios de constantes sobornos.
Ante los fiscales de Texas, Peña Argüelles declaró que durante la administración de Yarrington (1999-2004) se usó a la empresa constructora Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, SA de CV, de Fernando Cano Martínez –su empresario favorito–, para cometer diversos fraudes con obras públicas.
Por medio de las empresas de Cano Martínez millones de dólares se depositaron en bancos de Texas para comprar dos aviones, diversos inmuebles, un lujoso departamento en la Isla del Padre y varias camionetas Suburban.
