- A diferencia del proceso electoral de hace tres años, en estos comicios las candidatas contarán con más mecanismos para obtener justicia
- El cumplimiento de la paridad y la prevención de la violencia de género son los dos grandes temas de este proceso electoral
Este año al menos 10 mil mujeres podrían ser electas para ocupar cargos públicos, pero en su carrera hacia el poder enfrentarán todo tipo de barreras, por esa razón la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) activará una red de candidatas para ayudarlas a zanjar el camino.
En este proceso electoral los partidos están obligados a reservar 50 por ciento de sus candidaturas para las mujeres, lo que significa una participación masiva de este grupo de la población, pero también un reto para las autoridades electorales, quienes deberán vigilar el cumplimiento de la paridad y de las reformas en materia de violencia política de género, vigentes desde abril de 2020.
Es en este escenario que en febrero próximo la AMCEE conformará formalmente la Red de comunicación entre candidatas, un proyecto con el objetivo de prevenir y actuar ante actos de violencia política de género, como se ha hecho desde el proceso electoral de 2017-2018, cuando se activó por primera vez, según explicó en entrevista la presidenta de la AMCEE, María del Mar Trejo Pérez.
A diferencia del proceso electoral de hace tres años, en estos comicios las candidatas contarán con más mecanismos para obtener justicia. Por ejemplo, gracias a las reformas de abril de 2020 existe un catálogo de 22 conductas que transgreden los derechos políticos de las mujeres, quienes podrán presentar quejas a través del Procedimiento Especial Sancionador, un recurso para resolver denuncias electorales.
Trejo Pérez, quien además es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, señaló que el cumplimiento de la paridad y la prevención de la violencia de género son los dos grandes temas de este proceso electoral. “En la AMCEE tenemos representación en los 32 estados y estamos con todos estos retos”, dijo.
La promotora de políticas de igualdad de género adelantó que para conformar la Red de candidatas del proceso electoral 2020-2021 ya existen cinco consejeras electorales encargadas de cada una de las cinco circunscripciones del país, además de una representante de la asociación en cada entidad. La idea es que ellas sean enlaces entre las candidatas y los Institutos estatales electorales para promover acciones concretas.
Entre estas estrategias está entregar guías a las aspirantes a cargos públicos para que sepan qué es la violencia, a qué instituciones pueden acudir, cuáles son los requisitos para presentar una denuncia electoral o administrativa y en general asesorarlas en caso de ser necesario. Periódicamente las consejeras rendirán un informe a la AMCEE y al Instituto Nacional Electoral (INE) para concentrar la información.
Es necesario que ninguna candidata se quede sin información, aseguró la presidenta de la AMCEE. “Que ninguna candidata sienta que está sola, que sepa que hay autoridades y que hay otras mujeres que también estamos en disposición de darles acompañamiento para que puedan ejercer sus derechos políticos-electorales, sin violencia política, que no sea el costo a pagar por participar como cualquier persona”.
La experiencia previa les muestra que hay mucho por hacer. De acuerdo con el informe final de la Red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y los OPLES, en el proceso electoral 2017-2018, se documentaron 115 casos de violencia política de género. De éstos, quienes más reportaron violencia fueron las candidatas a munícipes, con 57 casos. Además, del total solo 40 por ciento se denunció ante alguna instancia.
En ese informe se da cuenta que los organismos electorales ofrecieron orientación legal a las víctimas y a las denunciantes, pero también identificaron que la violencia que más se repitió fue la verbal y psicológica, que se tradujo en ofensas misóginas y amenazas, principalmente en redes sociales.
La próxima red de comunicación entre candidatas y organismos electorales partirá con estos datos, pero también tomando en cuenta que a nivel federal el INE acordó que las y los aspirantes a una candidatura deben presentar una declaración donde digan, bajo protesta de decir verdad, que no tienen sentencias por ser agresores sexuales, deudores de pensión alimenticia o por ejercer violencia familiar o de género.
Aunque esta es una tarea de aspirantes a candidaturas y de partidos políticos, la consejera María del Mar Trejo Pérez mencionó que diversos organismos electorales buscan que la “”declaración 3 de 3” también sea un requisito en el registro de postulaciones estatales porque uno de sus compromisos es tener una contienda electoral libre de violencia. “Eso también le da certeza a los procesos electorales”, dijo.
Anayeli García Martínez | Cimacnoticias
