- El Congreso del Estado siempre desecha las iniciativas para despenalización del aborto; va contra los derechos de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo
- En el 2020 cinco mujeres fueron investigadas por interrupción del embarazo, no hay legislación que las proteja
Con un Congreso del Estado renuente a legislar a favor de que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, en Aguascalientes, durante todo el 2020, se criminalizó a cinco mujeres por abortar, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En distintas ocasionas algunas legisladoras locales han presentado ya al Congreso iniciativas para la despenalización del aborto, no obstante, todas esas propuestas de reforma han sido rechazadas en el Poder Legislativo de mayoría panista, partido que se vincula a grupos conservadores negados a darle la libertad a las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, como el Frente Nacional de la Familia.
Una de las últimas iniciativas en favor de la despenalización del aborto y de la no criminalización a la mujer por decidir sobre su propio cuerpo fue la de la morenista Erica Palomino, misma que fue desechada en diciembre del 2020 por la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez y la de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En contraparte, a finales del año pasado la diputada panista Paloma Amezquita presentó la iniciativa, que criminaliza social y jurídicamente a las mujeres que decidan abortar, bajo el estandarte de “proteger a la vida desde la concepción”. También a finales del 2020 el Frente Nacional por la Familia, grupo que constantemente se ha ligado a las altas cúpulas de la Iglesia Católica, presentó, con aval del Instituto Electoral del Estado (IEE), una iniciativa que criminaliza a las mujeres que abortan.
La SCJN y la despenalización del aborto
Pese a que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado a favor de la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México), el Congreso local no sólo se muestra reacio a legislar por ello, sino que se siguen presentando iniciativas que van en contra de la determinación de la autoridad máxima de justicia del país en aquella entidad.
De acuerdo a la infografía ¿Qué ha dicho la Corte sobre el aborto y los derechos humanos?, realizada por la misma SCJN, en el 2008 se declaró constitucional despenalizar el aborto hasta las semana 12 de gestación en el Distrito Federal; en el 2018 se resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo en caso de violación; también en el 2018 “amparó a una menor y a sus padres en contra de la negativa de las autoridades de una institución pública de salud del estado de Morelos de interrumpir legalmente el embarazo derivado de una violación sexual. Estimó que ese acto es en una violación grave de derechos humanos, tanto de los padres como de la menor”; y en el 2019 concedió el amparo a una mujer que reclamó la negativa de diversas autoridades de una institución pública de salud en la CDMX, a realizar la interrupción de su embarazo por razones médicas.
En vez de abordar el aborto desde una perspectiva de libertades y derechos, la legislatura local, en su mayoría, busca criminalizar a las mujeres que deciden abortar, y sin proponer respuestas para que no sólo se despenalice la interrupción del embarazo, sino que las mujeres ejerzan su derecho a decidir su vida, sin estigmas ni criminalización, sin atender que negar el aborto legal es violencia de género.
