APRO/Marta Lamas
A raíz de la reciente legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, el presidente López Obrador repitió lo que ha dicho antes: “Hay que ponerlo a consulta”. ¿Qué tipo de consulta imagina AMLO? Muchos de los países que lo han legalizado, como los europeos, han hecho consultas con parámetros democráticos y buena información respecto del tema.
Hay casos muy interesantes, como el de Italia, que en 1978 aprobó el aborto libre y gratuito antes de los 90 días y para salvar la vida de la mujer o por malformaciones del producto incluso después de los 90 días de gestación.
Tres años después de la aprobación de la Ley 194, el Movimiento por la Vida, de orientación católico-integrista, promovió un referéndum popular para abrogarla luego de haber recogido más de un millón de firmas con una campaña respaldada por el Vaticano.
En dicho referéndum, que se realizó en junio de 1981, ganó mantener la ley por una votación de casi 70%. Lo interesante del proceso italiano es que durante dos años (a lo largo de 1979 y 1980) se debatió a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo en todas las televisoras y radiodifusoras italianas, lo que favoreció que la sociedad se informara de las implicaciones de ambas posturas. La ley italiana tiene ya más de 40 años de existencia, con todo y que el Vaticano persiste en su obcecación dogmática.
Ante el dogma religioso, no hay argumento que valga, y muchos grupos católicos y cristianos impulsan una especie de cruzada, con una retórica extremista que califica a las mujeres que abortan de “asesinas”. Esos grupos desconocen deliberadamente la sólida argumentación que ha llevado a todos los países europeos (y a otros más, como Canadá, Australia, etcétera) a despenalizar el aborto.
Por eso tal vez lo más relevante de la reciente aprobación de una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina es el fracaso del intervencionismo eclesiástico. Ya en 2018, cuando en Argentina hubo un primer intento para aprobar la IVE, la votación se perdió en la Cámara de Senadores, pues el Vaticano, ¡con un papa argentino!, operó políticamente y frustró el proyecto de ley.
Pero entonces, ¿qué pasó ahora? Al igual que en la ocasión anterior, la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados y la votación en el Senado, programada para el 29 de noviembre, tuvo un debate que duró hasta la madrugada del 30, cuando finalmente se aprobó con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Una Marea Verde estalló con júbilo en la calle, ante el estupor de los grupos antiaborto que confiaban en la intervención del papa argentino. Y aunque tal parece que hubo mucha presión eclesiástica (¿se imaginan lo que sentirían esos senadores católicos con una llamada desde el Vaticano?), algo distinto pasó esta vez: la voluntad política del presidente Alberto Fernández, que escuchó, entendió y se comprometió con la exigencia de un cambio en la ley.
Es un hecho que las mujeres decididas a interrumpir un embarazo lo harán, aunque esté prohibido. ¿Qué hacer, entonces, ante esa dura realidad? La decisión acerca de legalizar la interrupción voluntaria de un proceso gestacional se debe formular de un modo que logre abatir los graves costos que su criminalización genera. Hay que recordar que en los ochenta el obispo auxiliar de Madrid, Alberto Iniesta, hizo una declaración que ayudó a que en el Parlamento español muchos católicos pudieran tomar una posición a favor de despenalizar. Las palabras de Monseñor Iniesta fueron: “Mi conciencia rechaza el aborto totalmente, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley deje de considerarlo como un hecho delictivo”. Esta declaración de un obispo católico abrió un horizonte interpretativo distinto al deslindar al aborto en sí de su tratamiento penal.
En México sólo en Oaxaca y la Ciudad de México las mujeres pueden abortar legalmente. ¿Qué se debe hacer ante una práctica que, aunque siga penalizada en las demás entidades federativas, no disuadirá a las mujeres, pese a mantener las inseguras condiciones de su realización ilegal, con extorsión económica y riesgos en sus vidas y su salud? Trasladar el aborto del código penal para llevarlo a la política de salud pública es una medida antidiscriminatoria y de justicia social, ya que las mujeres con recursos abortan sin riesgo en la clandestinidad de los consultorios privados de sus ginecólogos, mientras las demás se arriesgan en condiciones deleznables.
¿Para qué serviría una consulta? ¿Y qué implicaría? Indudablemente es indispensable realizar un extendido debate público sobre el tema, un debate con un formato amplio y riguroso donde se confronten las dos posturas sobre el tratamiento jurídico del aborto. Antes de cualquier consulta es imprescindible que la sociedad cuente con información. Las grandes televisoras han vivido el chantaje de los empresarios católicos que han amenazado con retirar su publicidad si transmiten debates sobre el tema. Ya es hora de acabar con esa censura e impulsar un debate respetuoso, en todos los medios de comunicación, sobre un problema social que implica profundamente al proyecto democrático: el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
