“Llevamos años tratando de transformar nuestro sistema e instituciones de justicia, así como impulsando a las comisiones de búsqueda para que den resultados y encontrar a las más de 79 mil 600 personas desaparecidas en el país. Hemos puesto mucho esfuerzo para que esto funcione, pero ahora nos damos cuenta de que todo era una farsa, un engaño, porque los integrantes de Morena trabajaron con nosotros la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y ahora, sin ninguna explicación, la quieren abrogar”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Ciudadanos y representantes de numerosos organismos de la sociedad civil, así como el secretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas –quien en Twitter escribió: “La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGR representa un retroceso que rompe con el entramado institucional para la defensa, garantía y protección de los derechos humanos, y favorece la impunidad”–, y el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, coinciden en que las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) son un revés para el sistema de justicia mexicano.
“La nueva propuesta demuestra su total desconocimiento de la realidad que viven las víctimas en México. Pareciera que no se han dado cuenta de que no tenemos resultados en términos de investigaciones de gran corrupción, macrocriminalidad y graves violaciones a los derechos humanos. No se han dado cuenta de que la Fiscalía General no sabe investigar, pero además que sus servidores públicos tampoco tienen idea de lo que se requiere para ello”, señala Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Todos coinciden en que la iniciativa de Morena pretende regresar a un esquema del pasado que claramente no ha funcionado. Pretenden eliminar los mecanismos de control ciudadano.
“Les pedimos hablar con las víctimas y con las organizaciones que las acompañan para que tengan claridad de lo que quieren aprobar. Las víctimas, las organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de Búsqueda han denunciado que no hay colaboración con las fiscalías para la búsqueda en vida y entre restos y, a pesar de ello, los senadores de Morena quieren contribuir a que ahora la FGR tenga un pretexto legal para esto”, indican organizaciones de la sociedad civil.
“Quieren sacar a la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y quitarle toda obligación de colaborar en la búsqueda. Quieren que la FGR no sea integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, que no participe de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del propio Mecanismo, y también eliminarla del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
“¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Por qué quieren una Fiscalía sin controles y sin participación ciudadana?”, preguntan los representantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
En una carta enviada el miércoles 9 al Senado, las OSC dicen a los legisladores: “Están trazando el camino para consolidar una fiscalía más arbitraria, burocrática y alejada de la sociedad. En la iniciativa de Morena se percibe un concepto distorsionado de la autonomía de la Fiscalía. Autonomía no es aislamiento y sí es independencia de las y los fiscales para coordinar investigaciones, justo lo que ustedes quieren suprimir”.
Piden a los senadores: “Hagan su trabajo: sean un contrapeso, defiendan a las y los individuos que habitan este país, defiendan a las víctimas que siguen en espera de verdad y justicia”.
Antes, el viernes 4, en una audiencia celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los organismos civiles presentaron el informe Situación de las fiscalías en la protección de los derechos humanos en la región; en lo que se refiere a México, señalan que es un país “con marcado déficit de impunidad, con todos los efectos perniciosos que ello conlleva en la vida diaria de millones de personas para quienes el ejercicio efectivo de los derechos queda anulado”.
Señalan que había una expectativa de que el cambio de régimen prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sumado a las garantías institucionales que tienen actualmente las fiscalías, generaría un punto de inflexión; pero la realidad es distinta, “porque existe falta de compromiso para materializar el nuevo sistema de justicia penal y de hacer frente a la impunidad mediante una fiscalía autónoma”.
Además de las deficiencias que existen para la designación del fiscal, como el no impedir que personas con vínculos partidarios puedan postularse, señalan a la CIDH, la “cuestionada” autonomía del fiscal Alejandro Gertz Manero respecto de López Obrador, único facultado para removerlo.
Juan Enrique Martínez Requenes, encargado del área de litigio y estrategia internacional de la organización Fray Juan de Larios, señala sobre el tema: “Lo único que hace es complicar más las cosas. Si bien la búsqueda de personas está en el plano de la Comisión Nacional de Búsqueda y se está fortaleciendo, aún no es momento idóneo de que la Fiscalía se separe del propio sistema, porque finalmente la búsqueda en algún momento también nos dará pistas y nos dará pruebas y elementos para la persecución de los delitos.
“Es decir que si se hace una investigación apegada a lo que tenemos en el plano actual, la Comisión Nacional de Búsqueda puede apoyarse de todos los elementos de investigación que la Fiscalía tiene; hablo no sólo del plano material sino también del plano de inteligencia.
La búsqueda sin el hecho de tratar de encontrar responsables sería faltar a los principios más básicos de justicia y de reparación del daño. Este sería uno de los más graves problemas que representan las modificaciones que pretende la fiscalía.
“Si la Fiscalía renuncia a este sistema prácticamente nos quedaríamos con nada. Básicamente el Estado estaría diciendo que no es competente, que no puede realizar una búsqueda y una investigación en crímenes como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales…”
Agrega: “Aunque en los hechos actualmente no hay investigación en la FGR, ellos dicen que sí porque tienen las carpetas de investigación abiertas; pero ¿cuántas personas tenemos sentenciadas? Conocemos unos dos casos a nivel nacional, pero son 78 mil personas desaparecidas”.
–¿Qué mueve al fiscal, qué mueve al Senado o al presidente para proponer estos cambios, que son una regresión
–Antes era mucho más fácil fabricar pruebas, llevar personas inocentes a la cárcel y detener todos esos elementos que ya conocemos de la nueva praxis judicial y de investigación. A eso apunta esta reforma que quiere hacer la Fiscalía, es un retroceso bastante grande. No sólo prevalece la incapacidad para investigar, sino que si se aprueba esta reforma, apoya la incapacidad para investigar.
Coincide en que respecto a los procesos de investigación, la propuesta de Morena suprime elementos técnicos de especial importancia para abordar los desafíos que hoy enfrenta México, como la investigación de fenómenos criminales junto con los delitos individuales.
