- La pandemia por covid-19 no detuvo la crisis nacional de violencia de género, por el contrario, alimentó la indignación de las mujeres que durante 2020 salieron a las calles a reclamar la ceguera del Estado, quien en lugar de escucharlas ordenó reprimirlas, golpearlas y arrestarlas.
Aunque el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno era distinto porque “el Estado ya no es el principal violador de los Derechos Humanos, durante este año la policía usó la fuerza para detener las protestas de las mujeres.
Así ocurrió con movilizaciones organizadas en la Ciudad de México; en Cancún, en el estado de Quintana Roo; en Ecatepec, en el Estado de México; y en León, en Guanajuato, donde las manifestantes reclamaron la indolencia institucional ante los casos de feminicidio y desapariciones de mujeres.
El hartazgo creció porque ni la pandemia detuvo la violencia contra las mujeres. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que hasta el tercer trimestre 2020 se estima que 9 por ciento de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que hasta octubre sumaban 777 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, sin considerar los crímenes que son catalogados como muertes violentas o que no se denuncian.
Los reclamos en la Ciudad de México
Como muestra de la indignación que se impuso sobre la pandemia por COVID-19, de las 150 manifestaciones que se realizaron en la capital del país de enero a noviembre de este año, 66 fueron movilizaciones feministas, según un balance de la Comisión de Derechos Humanos local.
En marzo comenzó el confinamiento como medida para evitar la propagación del virus. En consecuencia, entre abril y mayo disminuyeron las protestas ciudadanas. Sin embargo, antes y después de este periodo, las demandas de justicia y los señalamientos, así como las críticas a las insuficientes respuestas del Estado resonaron en las calles de toda la ciudad.
Las mujeres rompieron el silencio y organizaron protestas. La primera movilización de impacto social fue en febrero, por el feminicidio de Fátima, una niña de 7 años de edad que al salir de la escuela fue llevada por una persona desconocida y luego su cuerpo fue encontrado sin vida.
La segunda reacción masiva fue cuando los periódicos Pásala y La Prensa exhibieron fotos del cuerpo de una mujer asesinada por su pareja: Ingrid Escamilla. La exigencia fue justicia, pero también ética por parte de los medios de comunicación y sanciones a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia que filtraron imágenes a la prensa. En aquella marcha, según los testimonios, la policía usó gas de extintores para dispersar a las mujeres.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la policía se enfrentó con un grupo de manifestantes, supuestamente ajeno a la manifestación y con artefactos explosivos. En esa ocasión la autoridad reportó 13 personas hospitalizadas y 6 detenidos.
Pese al actuar policiaco, la violencia cotidiana y la falta de condiciones para poder ejercer el derecho a una maternidad libre y segura también animó a las jóvenes a salir a las calles. Por ejemplo, en julio, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz, colectivas feministas exigieron este derecho, una demanda presente durante todo el año y en todo el país.
Alentadas por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en diversas oportunidades minimizó la violencia contra las mujeres y calificó a las colectivas feministas de “conservadoras”, las mujeres también protestaron contra las instituciones.
En septiembre integrantes de diversos colectivos feministas tomaron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ubicada en la calle de República de Cuba, en el Centro Histórico de la ciudad, donde pidieron que las instituciones detuvieran su burocracia y localizaran a sus hijas desaparecidas y sancionaran a los feminicidas.
Al presentar el balance del año, el 10 de diciembre, la directora general de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos local, Nuriney Mendoza Aguilar, expuso que en comparación con años pasados, en 2020 hubo más protestas relacionadas con el ejercicio de los derechos de las mujeres y en general con diversas problemáticas. “Por eso hablábamos del tema de que se ha elevado el tema de la conflictividad social y que esto al final del día se materializa en la manera en que se expresan las personas en el espacio público”, expuso.
Una de las protestas más recientes ocurrió en noviembre, a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, durante las movilizaciones la policía capitalina ha puesto cercos o encapsulamientos para evitar que las marchas avancen y ante cualquier pinta de consignas en paredes o quema de algún material, usa gas para dispersar a las personas. Las manifestantes han denunciado el uso de la fuerza policial en su contra.
Ante los señalamientos públicos de las mujeres, en agosto el gobierno de la Ciudad de México presentó el protocolo de actuación durante manifestaciones, el cual señala que la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe priorizar el diálogo y salvaguardar la integridad de participantes de la protesta, elementos policiacos y terceras personas.
Sobre este tema, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez Hernández, señaló que este protocolo de actuación aún se está afinando. “Es un mecanismo complejo porque cuando estás ahí sabes que es mucho muy difícil hacerlo, no tocando y tratando en toda medida no de reprimir el proceso de protesta”.
Ramírez Hernández dijo que a partir de la manifestación del 28 de septiembre, día internacional para exigir la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, se incrementaron las capacitaciones y reuniones de coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno. “Hemos tenido alrededor de 30 reuniones de lo que va del 28S a la fecha”, dijo.
Además otras estrategias para evitar vulnerar el derecho a la manifestación han sido los Grupos de Diálogo y Convivencia para que voluntarias, que de acuerdo con las manifestantes son trabajadoras del gobierno, disuadan a las mujeres de realizar actos como pintas o destrucción de inmobiliario durante las marchas. Estas voluntarias son capacitadas para intervenir; sin embargo, aún no hay un diagnóstico de la eficiencia de esta acción.
Impulso de las protestas en los estados
El 20 de noviembre, previo al inicio de los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, expertos en Derechos Humanos de la ONU pidieron a las autoridades mexicanas que protejan, y no ataquen, a las mujeres que se manifiestan pacíficamente contra la violencia, a fin de evitar actos de represión como el ocurrido en Cancún, en el estado de Quintana Roo.
El 9 de noviembre la policía municipal disparó con armas de fuego a las manifestantes que protestaban por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo 8 de noviembre en aquel estado.
La Red Feminista de Quintana Roo señaló que tras el actuar policiaco hubo compañeras que fueron detenidas y llevadas a la Cruz Roja, incluso una de ellas tuvo una cirugía. Según la información que recopilaron hubo ocho personas detenidas y los periodistas Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, colaboradores de los medios locales Radio Turquesa y La Verdad, respectivamente, también fueron agredidos.
“La violencia no puede utilizarse en absoluto para reprimir a las mujeres que sólo quieren vivir una vida libre de violencia para ellas mismas y para todas las mujeres y niñas que protestan contra el feminicidio, la forma más letal de violencia contra las mujeres y que exigen justicia por las víctimas”, expuso el organismo en una comunicación enviada al gobierno mexicano.
Sin embargo, antes de este llamado de la ONU, los agentes policiales atacaron a las mujeres antes de protegerlas. En agosto, una joven, de nombre Eevlyn, denunció en redes sociales que un grupo de policías la acosó y una la agredió sexualmente. El caso, que ocurrió en el estado de Guanajuato, privó una amplia movilización de jóvenes que exigían justicia.
En respuesta, la policía municipal de León golpeó y detuvo de forma arbitraria a 22 mujeres jóvenes y adolescentes y un hombre, violentó sexualmente a una niña de 17 años de edad y amenazó a las periodistas Melissa Esquivias Espinosa, reportera de Ágora; Alfonsina Ávila Ramírez, de Zona Franca; y Martha Silva Moreno y Brenda Orozco Hernández, de PopLab.
Otro acto de uso de la fuerza pública ocurrió en septiembre, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, donde las mujeres que también viven la inacción de los organismos defensores de los Derechos Humanos decidieron tomar las instalaciones de la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), como lo hicieron las capitalinas con la CNDH.
Durante la madrugada policías ingresaron a las instalaciones de la CODHEM, en Ecatepec, donde desalojaron a las ocupantes con uso de la fuerza y de acuerdo con los reporteros fueron detenidas 11 mujeres, una de ellas embarazada, y seis menores de edad. En el desalojo la fotoperiodista Lucía Flores denunció que ella y otras comunicadoras se marchaban del lugar en un auto cuando policías golpearon el vehículo y los vidrios.
Pese a la represión del Estado, ejercida por la policía municipal o estatal, y con todo y pandemia, las mujeres han salido a las calles y han tomado las sedes de los organismos de Derechos Humanos en estados como Tabasco, Guerrero, Tlaxcala y Puebla; y se han manifestado en Congresos locales, por ejemplo en Puebla y Quintana Roo, donde demandan que se apruebe la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
