- A partir del acceso a la información sobre la labor de fiscalización, es posible generar estrategias efectivas en el combate a la corrupción: Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del INAI
- Además de permitir evaluar la gestión financiera, esa información otorga la posibilidad de detectar irregularidades, visibilizar actos de corrupción y promover denuncias
El acceso a la información en materia de fiscalización es indispensable para activar ejercicios ciudadanos de participación, rendición de cuentas y contraloría social que contribuyan a exhibir y combatir la corrupción, aseguró la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.
“La información relacionada con la administración y el destino del erario, además de permitirnos evaluar la gestión financiera de las entidades públicas, también otorga la posibilidad de detectar irregularidades, combatir la ineficacia de las organizaciones gubernamentales, visibilizar actos de corrupción o promover denuncias para la imposición de sanciones penales o administrativas”, subrayó al participar en el 9° Seminario Internacional “Federalismo y Combate a la Corrupción en América Latina: Hacia un nuevo pacto social”.
Durante el panel “Auditoría social en América Latina: participación ciudadana en contextos de crisis”, Ibarra Cadena enfatizó que, a partir del acceso a la información en materia de fiscalización, es posible generar estrategias efectivas en el combate a la corrupción, que el año pasado generó en el país un costo aproximado de más de 12 mil 770 millones de pesos en pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del Inegi.
Sin embargo, la Comisionada reconoció que no en todos los casos la información está disponible y cuando es solicitada por las personas, las autoridades no siempre la entregan; por lo que destacó el papel de los órganos garantes de transparencia para revisar las respuestas que brindan los sujetos obligados y, de ser el caso, ordenar que se proporcione la información requerida.
A manera de ejemplo, citó la resolución del Pleno del INAI, en la que se instruyó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México entregar la información sobre los contratos por liquidar y la fuente de financiamiento o el tipo de recurso utilizado para la liquidación de los mismos, luego de que fuera cancelada la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por diversas irregularidades, como lo indicó el Gobierno federal.
Expuso que otro caso fue la resolución emitida contra el SAT, en la que se le ordenó entregar el listado de proveedores considerados como Entidades de Facturación de Operaciones Simuladas (EFOS) con las que realizó operaciones el Hospital Juárez de México, así como Comprobantes Fiscales Digitales emitidos.
“Estos ejemplos ilustran cómo es que los organismos garantes podemos incidir en la publicidad de la información para la fiscalización y que esto redunde no solamente en la confianza y legitimidad en la actuación del Estado, sino también en que se cumpla todo el ciclo de la investigación y la sanción, de ser necesario.
“Cuando la publicidad de casos de corrupción no va acompañada de una acción estatal eficaz para sancionar a los responsables, se queda como un caso mediático, prevalece la impunidad y se incrementa la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas”, advirtió la Comisionada del INAI.
En su intervención, Marcos Mendiburu, consultor independiente y experto asociado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló que hay un déficit de prácticas de participación ciudadana en la fase de ejecución de la auditoría y en el seguimiento a las recomendaciones y consideró importante replantear la manera en que las entidades fiscalizadoras reportan los resultados de las auditorías y su efectividad.
“No es suficiente hablar del número de informes y hallazgos de una auditoría o, incluso, de los montos que no han podido justificar los entes auditados; para poder mostrar el valor agregado, se requiere que hagan énfasis en cómo contribuyen al sistema de rendición de cuentas y a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, recalcó.
Nelson Shack, Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), aseveró que el mejor aliado del control gubernamental es la contraloría social, por lo que no solo es necesario reconocer el derecho de los ciudadanos de participar en la fiscalización pública, sino establecer mecanismos institucionalizados de participación ciudadana.
Expuso que en Perú se implementó el programa Monitores Ciudadanos de Control, integrado a la fecha por más de 10 mil ciudadanos voluntarios, en su mayoría jóvenes, que apoyan a la Contraloría General de la República en la tarea de fiscalización.
En el panel, participaron también Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF), Eber Betanzos Torres, titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, y Lourdes Morales Canales, Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, en calidad de moderadora.
El 9º Seminario Internacional “Federalismo y combate a la corrupción en América Latina. Hacia un nuevo pacto social” se desarrolla en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2020, con el objetivo de analizar los retos que enfrentan los países de la región para combatir la corrupción y fortalecer los contrapesos institucionales, políticos y sociales.
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