En 2013 tuvo una prevalencia de corrupción de 6.2%, en 2019 es de 14.7%
Desde 2013, en el ámbito nacional los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública
Con motivo del Día Internacional en contra de la Corrupción, y con el objetivo de contextualizar esta problemática el Inegi presenta, en primer lugar, información sobre la existencia de los mecanismos anticorrupción a nivel estatal y municipal; posteriormente se exploran las cifras de las prevalencias de corrupción a nivel individual y en el sector empresarial y los costos que generan los actos de corrupción.
Mecanismos anticorrupción a nivel estatal y municipal
En 2020, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó la Política Nacional Anticorrupción que define el rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción a nivel nacional. De manera análoga, cada entidad debe contar con una Política Estatal Anticorrupción.
Al 2018 todas las entidades del país habían reportado avances en la conformación de los órganos que integran los sistemas locales anticorrupción. Así, tenemos que 24 entidades contaban con todos los órganos, a 3 les faltaba conformar un solo órgano, y las 5 entidades restantes estaban aún pendientes de conformar diversos órganos.
Además de tener una política estatal en materia de combate a la corrupción, las entidades federativas, los municipios y alcaldías deben establecer planes y programas con el objetivo de llevar a cabo sus políticas anticorrupción, con base en el diagnóstico de sus necesidades y el establecimiento de acciones y metas específicas para combatir la corrupción, así como contar con herramientas para el seguimiento y monitoreo del avance y cumplimiento de estas.
En el ámbito municipal, los avances en la implementación de planes anticorrupción han sido marginales en los últimos años. En 2010, casi 17% de los municipios reportó contar con un instrumento de este tipo, mientras que, en 2018, poco más de 20% reportó contar con plan o estar en proceso de elaborar uno.
Prevalencia de corrupción
Uno de los indicadores más comunes para medir la corrupción es la prevalencia de soborno, dado que el soborno implica, en términos jurídicos, que un servidor público, por sí mismo o por medio de otra persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. Pese a los esfuerzos institucionales por integrar los mecanismos anticorrupción derivados de la ley o de implementar planes o programas en la materia, las cifras de víctimas de soborno al realizar trámites o al estar en contacto con alguna autoridad muestran una tendencia creciente desde 2013, de manera que en 2019 hubo tres víctimas más de corrupción por cada 100 habitantes que lo que había en 2013.
A nivel desagregado, se tiene que los actos de corrupción han aumentado en 25 de las 32 entidades en el periodo analizado, siendo Durango, la Ciudad de México y México las entidades que exhibieron las mayores prevalencias de corrupción en el país para 2019. Así, un ciudadano de estos estados enfrenta el doble de probabilidad de ser víctima de soborno (corrupción) que en Nuevo León, y el triple de probabilidades que en Colima o Zacatecas, entidades con las menores prevalencias en el ámbito nacional. Hubo varias entidades, que pese a tener un plan anticorrupción estatal operando por varios años, no muestran evidencia de que el soborno disminuya. Por el contrario, ha aumentado en los últimos años. A pesar del incremento generalizado en los niveles de soborno, hubo siete entidades que entre 2013 y 2019 presentaron una disminución en el porcentaje de víctimas de este delito, siendo San Luis Potosí, Chihuahua, Tabasco y Zacatecas, los estados donde más se redujo la prevalencia de soborno. En contraste, las entidades de Durango, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Sonora tuvieron en 2019 más del doble de víctimas de soborno que seis años antes.
De manera sistemática desde 2013, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, en las oficinas para gestionar permisos relacionados con la propiedad y en los trámites ante el Ministerio Público, que en 2019 registraron prevalencias de 59.2%, 25.0% y 24.8% respectivamente, siendo todos estos trámites responsabilidad del ámbito estatal. Es importante destacar que, respecto a los demás espacios de interacción con oficinas de gobierno, es en el contacto con autoridades de seguridad pública donde se observa el mayor riesgo de soborno en todas las entidades federativas.
En cuanto a las experiencias de corrupción que enfrentan las empresas, la situación es similar a lo que padece la población. Si bien respecto al nivel de 2011 hubo una disminución de 1.8 puntos porcentuales en la prevalencia nacional de empresas víctimas de soborno,12 entre el periodo de 2013 a 2017 el porcentaje de empresas víctimas de corrupción aumentó de manera sostenida con una tasa de crecimiento de 50%.
Costos de la corrupción
En 2019, el monto total por actos de corrupción que experimentaron las personas al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, y otros contactos con autoridades, ascendió a 12,770 millones de pesos, lo que representó 3,822 pesos promedio por persona afectada. A precios constantes, entre 2017 y 2019 el costo del soborno en la población aumentó 63.1% al pasar de $7,218 millones en 2017 a $11,775 millones en 2019. Acerca del costo que representa el trámite con mayor prevalencia de corrupción, es decir, la corrupción derivada del contacto con autoridades de seguridad pública, este fue de 2,244 millones de pesos en 2019, lo que significó un gasto promedio de 1,294 pesos por cada víctima.
En 2016, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental (ENCRIGE), las empresas gastaron alrededor de 1,612 millones de pesos en actos de corrupción; si tomamos como referencia este dato, se estima que en 2017 los costos totales de los actos de corrupción tanto para empresas como para personas fue alrededor de 9 mil millones de pesos, lo que representó 0.04% del Producto Interno Bruto, monto mayor al presupuesto asignado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en ese mismo año, o equiparable a lo que los hogares mexicanos gastaron en medicamentos sin receta y material de curación en 2018.
Corrupción y confianza en las autoridades
Congruente con lo que se ha observado en otras partes del mundo, los niveles de corrupción en México se asocian de manera negativa con la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno. En 2019 se encontró que el nivel de desconfianza en el gobierno fue mayor entre las personas que habían experimentado algún acto de corrupción respecto de las que no fueron víctimas.
La falta de confianza se refleja también en los bajos niveles de denuncia de los delitos. Desde 2010, en México aproximadamente 9 de cada 10 delitos no se denuncian. En el particular caso del soborno, en 2019, 81% de las víctimas no denunciaron el hecho contra 5.1% que sí lo hicieron, tasa que desde 2013 se mantiene en torno a 5% de personas que denuncian. Entre las principales causas de la no denuncia se encuentran las relacionadas con la capacidad del sistema para brindar una solución, ya que de las personas que no denunciaron, 3 de cada 5 no lo hizo porque perciben que es inútil denunciar, lo consideran una pérdida de tiempo o bien, creen que la corrupción es una práctica tan común que no consideran necesario denunciar.
A través de los datos presentados se observa que la implementación de los mecanismos institucionales para combatir la corrupción, como es el caso del Sistema Nacional y los Sistemas Locales Anticorrupción, así como la existencia de planes y programas a nivel estatal para combatir este problema, aún no tienen un efecto en la vida cotidiana de la población, misma que continúa enfrentando niveles de corrupción crecientes, sobre todo en los trámites del ámbito estatal, por lo que es posible afirmar que la estrategia de combate a la corrupción debe centrarse en el ámbito estatal y local.
Inegi
