Una operación jurídica, mediática y política desplegada por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa manipuló la investigación del asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, e impuso una versión oficial que evitó a toda costa indagar a personajes o grupos a quienes pudo incomodar el trabajo de la periodista.
Luego de años de silencio, especulaciones y un miedo que aún permea entre el gremio periodístico de esta entidad, este entramado fue confirmado por autoridades involucradas en la investigación y el juicio por este crimen, así como operadores políticos y mediáticos de ese entonces.
El consorcio internacional de periodistas Forbidden Stories investigó junto con Proceso el homicidio de la periodista, como parte de The Cartel Project, un trabajo de periodismo de colaboración en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de 18 países, para exponer a nivel mundial la violencia contra los periodistas en México.
Forbidden Stories determinó indagar el trabajo y el asesinato de Regina Martínez como un caso emblemático.
En los distintos medios en los que laboró, y particularmente en Proceso, la periodista puso una mirada crítica para retratar la corrupción y la violencia que permearon los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y su sucesor, Javier Duarte de Ochoa.
En el periodo de este último, 17 periodistas fueron asesinados, entre ellos Regina. Ha sido el lapso más oscuro y sangriento para el gremio en la historia del país.
Verdad oficial
Desde que se supo del homicidio de la corresponsal, quien fue golpeada y estrangulada en su casa de esta ciudad el 28 de abril de 2012, Proceso dio a conocer muchas de las falencias y omisiones de la investigación ministerial.
Así lo hizo también durante el proceso judicial, cuando el gobierno de Duarte se ufanó de haber resuelto el crimen con la condena a uno de los dos inculpados, Jorge Antonio Hernández, El Silva, a pesar de que éste alegó haber sido torturado para declararse culpable.
En ambos casos las autoridades se limitaron a validar un supuesto homicidio por robo de pertenencias de la periodista y se negaron a poner la mirada en personajes o grupos a quienes pudo incomodar el trabajo de la corresponsal, sus reportajes o notas.
“Ocho años después del asesinato de Regina no tenemos la certeza de qué pasó, porque la investigación fue manipulada por la autoridad local… El gobierno estatal controló la investigación; y con el control del Ministerio Público y de los jueces llegó a la conclusión que quiso llegar: que fue un asesinato pasional. Eso, evidentemente Proceso no lo aceptó, nunca lo ha aceptado”, dijo el director del semanario, Jorge Carrasco Araizaga.
En esa estrategia intervino Luis Ángel Bravo Contreras como titular de la procuraduría y luego fiscalía estatal en los últimos años del gobierno de Duarte, con la encomienda de revocar la sentencia que exoneró al Silva mediante un amparo indirecto que lo regresó a la prisión de Pacho Viejo, donde purga su sentencia en un inexplicable aislamiento.
En una declaración solicitada por las reporteras para esta investigación, el exfiscal admitió que dicho amparo fue decidido, redactado y presentado ante la justicia federal por decisión del gobierno “ante la tremenda presión social para resolver el caso”.
El exfiscal reveló que funcionarias bajo su mando buscaron a familiares de la periodista y los convencieron para que firmaran el amparo.
“Evidentemente para hacer legítimo el acceso a esa vía se requirió que el hermano de la víctima firmara un amparo también. Yo te puedo garantizar que el amparo se hizo en la fiscalía, la procuraduría del estado”, afirmó Bravo.
Luis Ángel Bravo, nombrado por Javier Duarte en febrero de 2014 tras la dimisión de Amadeo Flores Espinosa, responsable de la investigación que apuntó al supuesto asesinato con el robo como móvil y señaló como responsables al Silva y a Adrián Hernández Domínguez y/o Abraham Castillo Capetillo, alias el Jarocho o el Trompas.
En la entrevista Bravo se ufanó de que ésta fue una decisión inédita. “Hicimos un gran amparo (…) como dijo el ranchero, ‘haiga sido como haiga sido’, pero se logró”.
El exprocurador Amadeo Flores Espinosa se negó a dar entrevista al grupo de periodistas.
Esta verdad jurídica y política construida en su momento por el gobierno de Veracruz y avalada por la justicia federal tendrá que ser desmontada tras el compromiso público hecho el 19 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reabrir el caso y aclarar el asesinato de la corresponsal.
“Yo no sabía que se hubiese cerrado el caso. Pero si es así, lo reabrimos y se hace la investigación a fondo”, fue la promesa del presidente.
El miedo, el éxodo…
Fue necesario que las reporteras se reunieran con periodistas del estado en lugares discretos, desde el anonimato o con la identidad bajo reserva, para conversar sobre el asesinato de Regina Martínez y sobre los crímenes contra otros colegas suyos.
Norma Trujillo y Élfego Riveros, ambos periodistas y amigos de Regina, coincidieron en rememorar el trabajo de la corresponsal “que marcó una huella y dejó también una ausencia muy fuerte”, pero también en el miedo que causó su asesinato, pues “el mensaje que manda este crimen es: si a ella le hicieron esto, ¿a nosotros cómo nos puede ir?”.
A este crimen le siguió también el éxodo de periodistas. Otros optaron por callar, ante las condiciones de riesgo que prevalecen, particularmente desde 2011, cuando cuatro periodistas fueron asesinados en el estado y se desató una embestida que no cesa.
En total 30 periodistas han perdido la vida a manos de criminales del año 2000 a noviembre de 2020, sin que la mayoría de los casos se hayan esclarecido. El más reciente, el de Julio Valdivia, apenas el 9 de septiembre pasado.
Con la llegada de Cuitláhuac García, de Morena, poco o nada ha cambiado, aun cuando éste se comprometió a revisar todas las carpetas por asesinatos de periodistas que permanecen sin concluir.
El consorcio de periodistas encontró también que en la propia Fiscalía General de la República (FGR) existen contradicciones sobre el caso, con dos “versiones oficiales” sobre la investigación.
En respuesta a un cuestionario, la oficina del fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que el caso está resuelto y que las investigaciones desahogadas tanto por la fiscalía del estado como por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) no arrojaron datos de prueba que vinculen el homicidio de Martínez con su actividad periodística.
Es decir, dio por sentado que la investigación de la entonces procuraduría veracruzana fue correcta en su conclusión sobre el robo como móvil y la participación de los dos hombres señalados, uno preso y el otro prófugo.
Pero en la propia FGR existe una versión totalmente opuesta a la que dio la oficina de Gertz Manero.
Mediante el oficio FGR/UTAG/DG/004 124/2020 del 26 de octubre, la FGR se negó a entregar copia de la averiguación previa 34/FEADLE/2012, solicitada por las reporteras a través de la Unidad de Acceso a la Información, porque “es una investigación abierta”.
El Comité de Transparencia de la FGR respondió que la entrega del expediente implicaría impactar en “la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente”.
Además, el 20 de octubre ratificó la reserva de la averiguación hasta por un periodo de cinco años, “o bien, hasta en tanto subsistan las acciones de investigación y persecución del delito”.
En tanto, en el Poder Judicial de Veracruz el acceso al voluminoso expediente también fue intrincado para el consorcio. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial de Veracruz accedió a entregar copia de las 5 mil 180 fojas correspondientes a la causa penal, pero en partes, en un plazo de cinco meses a partir del 30 de octubre.
En la investigación encabezada por Forbidden Stories también fue posible confirmar la participación de asesores allegados a los gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte para difundir ampliamente en medios y a través del uso de bots la versión del robo y de una supuesta relación amorosa de la reportera con uno de sus asesinos.
Un artículo del sitio El Golfo Veracruz fue ampliamente difundido en Twitter. “El PGJ (fiscal local) aclara el homicidio de la corresponsal de Proceso Regina Martínez”, es el encabezado. Entre las cuentas de Twitter que compartieron esta historia se descubrió una serie de cuentas falsas.
En colaboración con The Disinformation Desk, una organización con sede en Barcelona que se especializa en desinformación, el consorcio identificó 190 cuentas llamadas “robot” o bot que compartían automáticamente el mismo artículo de El Golfo Veracruz.
Sobre la integración del expediente en la Procuraduría de Veracruz habló por primera vez la extitular de la Feadle, Laura Borbolla Moreno, quien al día de hoy tiene serias dudas sobre la participación o culpabilidad de Jorge Antonio Hernández, El Silva –con el que nunca pudo hablar a solas– en el homicidio de la periodista, y cuestionó la labor de peritos y agentes ministeriales en el procesamiento de la escena y cómo recabaron las pruebas, muchas de las cuales nunca pudo cotejar por la forma en que fueron manipuladas.
“Yo sí he tenido siempre la duda razonable de si El Silva realmente la mató”, comentó Borbolla al consorcio.
Para la abogada del Silva, Diana Coq, éste resultó ser “el chivo expiatorio perfecto”.
Un día antes del lanzamiento mundial del reportaje producto de esta investigación, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa –preso en la Ciudad de México– publicó en su cuenta de Twitter: “Jamás censuré la libertad de expresión o de prensa a persona alguna…”
*Reportera para la organización internacional OCCRP.
Con información de: Dana Priest, de The Washington Post; Paloma Dupont de Dinechin, de Forbidden Stories; Nina Lakhani, de The Guardian; y Nathan Jaccard, de OCCRP.
