- El Acuerdo de Escazú incluye fuertes salvaguardias para los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos del medio ambiente
- Expresaron la esperanza de que pueda servir de modelo para que otras regiones mejoren la cooperación y movilicen esfuerzos para una mejor gobernanza de los recursos naturales
Expertos en derechos humanos de la ONU acogieron con satisfacción la pronta entrada en vigor del primer tratado de derechos humanos sobre el medio ambiente en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, y lo elogiaron considerándolo un pacto innovador para luchar contra la contaminación y asegurar un medio ambiente saludable.
“Ante la proliferación de conflictos ambientales y la persistente intimidación, acoso y detención de defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú ofrece esperanza a innumerables personas y comunidades de la región que sufren de la contaminación y los impactos negativos de las industrias extractivas”, dijo el relator especial de las Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana.
“El Acuerdo de Escazú compromete a las partes a garantizar el derecho a un medio ambiente sano”, añadió David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, así como “proporciona a los ciudadanos y a las comunidades las herramientas necesarias para exigir que los Estados rindan cuenta de la protección y el cumplimiento de este derecho fundamental”.
El Acuerdo de Escazú incluye fuertes salvaguardias para los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos del medio ambiente, en un momento en que están sujetos a niveles de violencia sin precedentes.
Los expertos expresaron la esperanza de que el tratado pueda servir de modelo para que otras regiones mejoren la cooperación y movilicen esfuerzos para una mejor gobernanza de los recursos naturales y la protección del medio ambiente a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la comunidad. Al asegurar los derechos de las personas a la información, participación y el acceso a la justicia, el Acuerdo refleja un sólido enfoque de la gobernanza ambiental basado en los derechos.
Los expertos también expresaron su preocupación por las campañas de desinformación que han enturbiado el debate público en algunos países de la región.
“Instamos a los países que aún no lo han ratificado o adherido, a que se sumen a los esfuerzos regionales y demuestren buenas prácticas para una región más justa y sostenible”, dijeron los expertos.
El Acuerdo de Escazú entrará en vigor 90 días después de la 11ª ratificación. Los expertos elogiaron a los 11 países que ratificaron el acuerdo: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, México, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Uruguay.
ONU-DH