APRO/Mathieu Tourliere
Más allá de los discursos, México sigue siendo un paraíso para la corrupción, pues entre 2016 y 2019 los sucesivos gobiernos sólo han investigado tres casos de cohecho internacional –los tres en 2018, entre ellos el caso Odebrecht–, pero hasta la fecha no han judicializado ni sancionado uno sólo, observó la organización Transparencia Internacional.
La pasividad de las autoridades mexicanas ante los sobornos de compañías extranjeras es difícilmente explicable: en el mismo periodo, el gobierno de Estados Unidos investigó y castigó cuatro casos de corrupción perpetrados por empresas internacionales en México –como Odebrecht, la farmacéutica israelí Teva o la cementera Cemex–, de los cuales recuperó más de mil millones de dólares, de acuerdo con el informe “Exportando Corrupción 2020”.
En su estudio, Transparencia Internacional analizó a 47 países: 44 firmaron la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1997, y otros tres –China, India y Hong Kong– no han firmado el convenio, pero tienen un peso mayor en el comercio global.
Tras su análisis determinó que México forma parte del grupo de 34 gobiernos que “actúan poco o nada en casos de cohecho internacional”.
De acuerdo con el informe, si bien desde marzo de 2019 existe una fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, quien empezó 773 investigaciones sobre casos de corrupción, solamente judicializó cinco y ninguna involucra sobornos internacionales.
El documento también indica que en los últimos años se señalaron casos de sobornos de Grupo México en España, sin embargo, las autoridades mexicanas nada hicieron al respecto.
“Pese al compromiso público asumido por la Administración Federal 2018-2024 y a las reformas constitucionales y legales aprobadas en México en los últimos años, es necesario que los casos identificados sean investigados y sancionados, los recursos ilegales confiscados y el daño a las víctimas reparado de manera apropiada. Estos casos deben incluir los dos tipos de cohecho internacional: los actos de corrupción de empresas extranjeras ocurridos en México o que involucran a servidores públicos mexicanos, y los actos de corrupción que involucran a empresas mexicanas ocurridos en el extranjero”, exhortó la organización.
En el ámbito global, el panorama de la lucha anticorrupción que realizó Transparencia Internacional es desolador: solamente cuatro países investigan y sancionan los casos de sobornos internacionales, ello a pesar de que las prácticas de corrupción en países extranjeros son universales. Así, entre 2016 y 2019, estos 47 países solamente llevaron a cabo 421 investigaciones sobre 93 casos, de las cuales 125 terminaron con sanciones importantes.
La organización insistió en los huecos que existen en el sistema de regulación del comercio internacional y los “avances muy lentos” de los gobiernos para resolverlos, como la identificación de los “beneficiarios finales” de las estructuras offshore, usadas por un amplio abanico de actores –desde grandes empresas hasta organizaciones criminales, pasando por políticos corruptos– para evadir impuestos, lavar dinero o cometer otro tipo de irregularidades.
Y más: Transparencia Internacional detectó que la mayor parte de los gobiernos ni siquiera informa sobre sus resultados en la lucha contra los sobornos.
