Y ya entramos en el décimo mes de este agitado 2020, y los avatares de la deseada buena marcha del país no se detienen ni distraen, y como sociedad, como pueblo (dicen hoy), seguimos avanzando día a día, dando tumbos, tratando de adivinar el mejor camino para todos, por nuestros propios medios, ya que el gobierno, anda igual que todos, extraviado, tratando de atinar la ruta. Las circunstancias que definen nuestra cotidianidad andan sueltas como globos en el aire, sujetas a los caprichos de los vientos voluntariosos del momento.
La semana que culminó apenas el viernes 2 de octubre, concluyó como las 92 semanas anteriores, llena de vicisitudes que sólo abonan a la desconfianza, a la incertidumbre, a la duda en el futuro. Abrió el lunes dándole en su mañanera el presidente López al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por el pleito del agua del Tratado del 44, acusándolo de boicotear el delicado asunto de las relaciones binacionales con Estado Unidos por cuestiones electoreras. La respuesta del chihuahuense no se dejó esperar y respondió directamente al presidente aseverando que mentía, que lo mal informaban, particularmente su delegado Juan Carlos Loera de la Rosa, inclusive, en otras materias, como la seguridad pública, y de ahí para arriba. Esta situación polarizó las posiciones del Gobierno Federal y del Estado de Chihuahua. A este conflicto, se sumaron los gobiernos estatales en rebeldía, los de la llamada Alianza Federalista, apoyando la posición de Chihuahua en su desencuentro con el presidente. Este pleito no ha concluido. El pasado viernes, en la gira presidencial por el Estado norteño en cuestión, no fue convocado el gobernador Corral, suponemos que, por obvias razones, y que fue aderezado por el propio López Obrador, quién afirmó que “no se llevan bien” y que, además, lo “había ofendido”. Las relaciones políticas de Estado, pasaron a segundo plano por parte del Ejecutivo federal, y a manera de reto, asistió a la tierra norteña sin priorizar la necesidad de resolver el desencuentro o franca confrontación entre Chihuahua y la Federación. La secretaria de Gobernación (¿?) Sánchez Cordero, fiel a su estilo y a la disciplina que la caracteriza, guardó prudente (temeroso) silencio ante el asunto cuya solución le compete.
Ahí no terminó la intensidad de la semana. Enseguida, el presidente López sentenció a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el “pueblo”, léase él, estaría atento a la resolución que, con respecto a la solicitud de la consulta acerca de llevar a juicio a los expresidentes y que se discutiría el jueves 1 de octubre. El proyecto de dictamen del magistrado Luis María Aguilar, responsable de su elaboración, anticipaba que la pregunta de la consulta, representaba un “concierto de inconstitucionalidades”. Sin embargo, se llegó la hora y, sorpresivamente (ajá), el Pleno de la Corte, en votación dividida aprobó la consulta por 6 votos contra cinco. La decisión señalaba que la consulta se aprobaba, más no así la pregunta, la cual debía ser modificada quedando de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. La resolución de la Corte provocó, otra vez, el choque entre los mexicanos, particularmente entre los expertos constitucionalistas. El ministro en retiro, Ramón Cossío Díaz, sólo señaló que él estaba de acuerdo en el proyecto que señalaba la inconstitucionalidad de la pregunta. Por su parte, Diego Valadez, afirmó: “Ahora no todos los presuntos inocentes son iguales. En unos casos hay que preguntárselo al pueblo, en otros no es necesario. No encuentro la base constitucional del criterio que convierte a un instrumento político en requisito de procedencia para la acción penal.” Y así, el presidente López ensancha la brecha entre unos mexicanos y otros. Y todo parece indicar que algunos miembros de la Corte captaron muy bien aquello de que “o estás con la 4T o contra ella”, y la 4T es López Obrador.
Pero no todo es miel sobre hojuelas para la 4T, ese mismo día, pero en la Cámara de Diputados, se votaba la desaparición de 109 fideicomisos, a fin de allegarle recursos al Gobierno Federal, que cada día está más y más apurado. Pero la oposición le descompuso el quórum a la sesión presencial y debió ser pospuesta para el martes 6 de octubre. Esta iniciativa ha generado una reacción en contra de la medida toda vez que afecta actividades como la ciencia, el desarrollo tecnológico, la cultura en sus diversas expresiones, el deporte, todas estas áreas de por sí mermadas presupuestalmente desde la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación al poder.
Las vicisitudes del presidente no terminan ahí. A media semana declara, fuera de su ánimo, acerca de la situación interna de su partido, Morena, y, ante el fuerte jaloneo, señala que “hay mucho pueblo y poca dirección” en el instituto político de su creación. En la encuesta que definirá la dirección del partido en el poder, quedaron Porfirio Muñoz Ledo, Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado, de entre los cuales surgirá quién conducirá a los morenistas al proceso electoral más importante de los últimos tiempos, el 2021.
Todavía el sábado 3 de octubre, la agrupación antiAMLO, Frena, convocó y realizó una marcha en la Ciudad de México y reunió a más de 150 mil personas en la plancha del Zócalo, tomándole la palabra al presidente López Obrador, quién había afirmado que “sí se reunían 100 mil personas para protestar en su contra (y sí las encuestas no la favorecían), se iría a Palenque, incluso, sin esperar la revocación”. ¿Será?
Así, el toque del presidente sigue siendo el de polarizar a los mexicanos. Su desgobierno agrava la crítica situación que hoy vive al país: pandemia, desempleo, ingobernabilidad, inundaciones. ¿Hasta dónde llegará el “don” de López Obrador?
