- El pasado 6 de octubre, la Cámara de Diputados con una votación ajustada a 242 votos a favor y 178 en contra, extinguió en nombre de la lucha contra la corrupción, 109 fideicomisos que sostenían diversas actividades para el desarrollo y avance del país, y que por las características de ellas sólo era posible fondearlas a través de estos instrumentos financieros con que el Estado mexicano los había venido atendiendo.
Efectivamente, la lucha contra la corrupción representa la principal bandera del gobierno actual que lidera el presidente López Obrador. Es innegable el flagelo que ha representado la corrupción en el país desde hace décadas, que ha dañado y comprometido el bienestar de millones de mexicanos en beneficio de unos cuantos vivales; también es cierto que la sociedad mexicana se ha ido haciendo de leyes e instituciones para combatirla, muchas de ellas, sin embargo, han caído en las propias prácticas que estaban destinadas a combatir, es cierto, por lo que, fuera del ámbito de lo público, la sociedad creó organismos propios para impulsar la lucha anticorrupción. Hay pruebas suficientes de su efectividad, objetividad y rigurosidad en el cumplimiento de esta tarea, lo que les ha valido el reconocimiento nacional y, en algunos casos, internacional.
Además, el propio Estado cuenta con poderosas instituciones relacionadas con ese combate, y que son dirigidas por cercanos funcionarios al proyecto del presidente López. La Secretaría de la Función Pública, la Cámara de Diputados (controlada por la mayoría del partido político del propio presidente) a través de la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras dependencias. De manera paralela y un tanto autónoma, está el Sistema Nacional Anticorrupción, que, además de la propia Función Pública y la Auditoría Superior, está la Fiscalía Especializada Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República, el Consejo de la Judicatura y la Sala Administrativa, ambos del Poder Judicial Federal y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Del Sistema Nacional Anticorrupción se deriva el Sistema Nacional de Fiscalización.
Vamos, el Estado mexicano cuenta con las instituciones, leyes, programas y procedimientos suficientes para vigilar y evaluar el desempeño y funcionamiento de los instrumentos financieros del que se vale para atender la aplicación de los recursos públicos y que se distribuyen a los distintos sectores nacionales para su funcionamiento. Sin embargo, la visión del líder de la Cuarta Transformación, obvió a las instituciones del Estado mexicano, y optó por impulsar una iniciativa a través de su partido en el Congreso y sus aliados, para desaparecer drásticamente 109 fideicomisos de variada naturaleza, y que representan un monto de alrededor de 68 mil 400 millones de pesos, los cuales, dijeron, se aplicarían a la atención de la pandemia provocada por el coronavirus.
Llama la atención, como lo señaló Nayeli Roldán del portal de noticias Animal Político, en su edición del 7 de octubre, que la iniciativa aprobada no tocó el fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), cuya bolsa asciende a 70 mil 360 millones de pesos, ni el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, con un fondo de 30 mil 163 millones de pesos. El primero será ejercido y aplicado por la Secretaría de Marina, ahora administradora principal de las aduanas de los puertos, junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el segundo por la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es, la extinción de los 109 fideicomisos afecta la certidumbre y viabilidad de proyectos relacionados con la ciencia, la cultura, el desarrollo agropecuario y rural, la defensa de los derechos humanos, la educación, la investigación en general, la protección de víctimas, la atención de desastres naturales, la salud, y un largo etcétera. Pero al sector de marina y militar, no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Cabe señalar que el FACLA, el fideicomiso de aduanas, tiene una investigación abierta en la Auditoría Superior de la Federación desde el 2007, por irregularidades por alrededor de 10 mil millones de pesos, pero eso es pecata minuta para los señores de la 4T.
Los efectos de esta perniciosa decisión de los diputados morenistas y sus cómplices, se verán pronto.
- Aderezando lo anterior, el partido estrella de la Cuarta Transformación también nos obsequia a los mórbidos mexicanos, los avatares de sus discusiones internas relacionadas con la designación de su dirigencia nacional. Sabedores, los morenistas, de su incapacidad política para elegir a su dirigencia nacional a través de los mecanismos tradicionales de participación directa de su militancia para elegir, a los que habrán de dirigir la nave partidaria en el futuro inmediato, optaron, estatutariamente, que un tercero, el INE, organizara un proceso de “selección” a través de la aplicación de una serie de encuestas a sus militantes. Determinaron una metodología, la firmaron los candidatos y se aventaron al ruedo. Así, en los primeros ejercicios, la lista se depuró al grado de quedar unos cuantos aspirantes con el debido reconocimiento por los encuestados, entre ellos, estaba doña Yeidckol Polevnsky, el coordinador de los diputados federales morenistas, Mario Delgado y el insigne Porfirio Muñoz Ledo. De acuerdo a los resultados ajustados de la encuesta del INE, Porfirio Muñoz obtuvo 25.34% y Mario Delgado 25.29%. En sentido estricto, toda encuesta es un instrumento de carácter estadístico que necesariamente tiene un margen de error, por lo que el resultado se considera un “empate técnico”, mismo que, según la metodología aprobada, se debe dirimir a través una encuesta de desempate. Y bueno, los grupos dominantes de Morena, están trenzados en una discusión que habrá de resolverse en los siguientes días, so pena de arriesgarse a suspender el proceso y arribar a las elecciones del 21 con Ramírez Cuéllar como responsable del mismo. Cosa que a la mitad de ese partido no le convence. Así que el país estará al pendiente de este transformador desenlace.
