La humanidad enfrenta una realidad cada vez más hostil y bélica. Así lo demuestra el Índice de Paz Global que publica cada año el Institute for Economics and Peace. Por novena vez en los últimos doce años, la paz baja: los niveles globales han descendido un 2,5% desde 2008. Pero la paz no se deteriora en todos los países, pues dicho estudio refleja que mejoró en 80 de 161 estudiados. No es, por desgracia, el caso de México.
Según el informe publicado por dicha organización (IPM 2020), se confirma con datos duros, difíciles de cuestionar o controvertir lo que las y los mexicanos sabemos de primera mano: México es un país peligroso, que ocupa el lugar 137 del ranking mundial de países pacíficos, donde el más pacífico es Islandia, seguido por Nueva Zelanda, Austria, Portugal y Dinamarca.
Así, México es en 2020 ligeramente más pacífico que en los años previos (según dichas mediciones, llegó a estar en el lugar 144, en 2015), pero muy lejos de los países más pacíficos del mundo.
Algunos de los hallazgos más relevantes del informe que se publica en 2020, son por ejemplo:
Que las actividades delictivas aumentaron de modo importante en México durante los pasados cinco años, al grado que la tasa de crímenes de la delincuencia organizada creció 24.3%. Como resultado, 23 de los 32 estados del país mostraron caídas en sus niveles de paz, mientras que solo nueve mejoraron. Yucatán fue el estado más pacífico del país por tercer año consecutivo, seguido de Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit. Baja California continuó siendo el estado menos pacífico, seguido por Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Guanajuato. Aguascalientes ocupa en el contexto de las 32 entidades un discreto lugar 11, para mantenerse sin cambios respecto a la última medición.
En el contexto del aumento de las actividades delictivas, el informe señala que los homicidios se han multiplicado de forma drástica en los últimos cinco años. Desde 2015, la tasa de homicidios se ha elevado 86%, y en el último año fueron asesinadas más de 35,000 personas. La gravedad de la situación se hace patente si se considera que el homicidio es ahora la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 44 años, y la cuarta más frecuente entre niños de cinco a 14 años.
A pesar de ello, México presenta el menor nivel de gasto en seguridad interna y sistema judicial de los 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con solo un 0.7% del PIB. Por eso no existen capacidades suficientes en su sistema judicial para hacer frente a las necesidades en materia de seguridad y justicia. Concluye dicho informe que: “Para atender efectivamente la violencia, México debería mejorar e incrementar su gasto en el sistema de justicia penal. Es decir, invertir más y mejor. Por ejemplo, México tiene en promedio 3.6 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes: cuatro veces menos que el promedio global. Este déficit restringe la capacidad del sistema judicial para procesar casos y, por ende, hay elevadas tasas de impunidad.”
Otro relevante hallazgo del informe, que parece confirmar la prioridad en la agenda pública para combatir la corrupción: “México ocupa el sitio 128 de 163 países en cuanto a control de la corrupción, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (FEM), y ha descendido 57 posiciones en la última década.”
Sigue el informe: “La inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos, por encima del desempleo, la inflación, la corrupción y la impunidad.” Así, “la violencia en México puede dividirse en cuatro categorías, cada una de las cuales requiere su propia respuesta de política pública: 1. Violencia política, 2.Violencia oportunista, como la extorsión y el robo. 3. Violencia interpersonal, como agresiones, delitos sexuales y violencia familiar. 4. Conflictos de cárteles, que se caracterizan por implicar altos niveles de homicidio, delitos relacionados con drogas y conflictos armados entre grupos criminales”.
Continúa el IPM 2020: “El impacto económico de la violencia en México se calcula en 4.57 billones de pesos (US $238 mil millones) para 2019, cifra equivalente a 21.3% del PIB nacional. De modo que durante 2019, el impacto económico de la violencia superó por ocho veces al gasto público en salud, y por seis veces al gasto en educación”.
Considerados en conjunto, los hallazgos del IPM 2020 destacan la necesidad de combatir la creciente ilegalidad, porque para atender la seguridad pública y construir paces que vayan más allá de la mera ausencia de violencia, se requiere una estrategia integral y articulada que aborde los retos de corto y largo plazo. Y debe ponerse especial énfasis en la tremenda impunidad, la falta de inversión suficiente en el sistema de justicia y los altos niveles de percepción de corrupción. Otro día hablaremos sobre la diferencia entre paz positiva, paz negativa y paz neutra para el caso de México.
@efpasillas
