- Propuesta beneficia a trasnacionales a costa de la seguridad y los derechos de los mexicanos
- No parará la guerra contra las drogas y sí los intereses de negocio creado en torno a la seguridad
Si el Congreso de la Unión aprueba la propuesta del senador Julio Menchaca Salazar para la regularización de la mariguana, el corolario de la frase “primero los pobres”, deberá ser “a la cárcel”, primero los pobres a la cárcel, subrayó Alejandro Madrazo Lajous, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Región Centro, quien recalcó que la norma debe ser de beneficio social, hacia la reducción de los riesgos y los daños de la violencia que provoca la prohibición, pero el dictamen a discusión ofrece una postura pragmática que solo beneficia la industria internacional a costa de los campesinos mexicanos.
El colectivo México Unido contra la Delincuencia presentó un foro de discusión en su página de Facebook con el objetivo de analizar las consecuencias del llamado Dictamen Menchaca, así como de algunas alternativas, tras recordar que el próximo 15 de diciembre es la fecha fatal que tiene el Senado de la República para aprobar el dictamen para la aprobación del cannabis, luego de que, con motivo de la pandemia, el plazo establecido para el 30 de abril tuvo que posponerse.
Madrazo Lajous observó que la propuesta aprobada en Comisiones del Senado está diseñada para los nuevos mercados legales internacionales, a costa de la seguridad y los derechos de la sociedad mexicana y lo que van a lograr es mantener la guerra contra las drogas y todos los intereses de negocio creado en torno a la seguridad, sin afectarse los beneficios creados en torno a la cannabis.
“Si lo que queremos es proteger los derechos fundamentales mexicanos, lo que tendría que hacer la regulación es facilitar, en condiciones seguras e informadas, el acceso a las personas, por lo menos al autoabastecimiento del cannabis, pero también a un mercado debidamente regulado, protegido, contenido por el Estado para tener acceso a esa elección personal, tutelada por el libre desarrollo de la personalidad”, manifestó el investigador.
Explicó que la propuesta presentada por el senado de Morena reincide en reprimir al usuario, al introducir la penalización y la regulación del usuario, restableciendo la persecución por la posesión y de los requisitos para el cultivo para usos personales, que ahora serían absurdos de cumplir al estar sobre regulados, al abrir la intromisión del Estado, al ser muy oneroso y con ello garantiza que la gente no lo va a hacer.
Expuso que si lo que se pretende con la regulación es terminar los estragos de la guerra contra las drogas, que durante tres lustros ha sufrido la población, entonces lo que debe de hacerse es sustraerse toda la regulación del ámbito penal, mientras que la propuesta reintroduce el tema a este ámbito y recriminaliza distintas conductas.
Al parecer, para el investigador, es que el objetivo de la propuesta es abrir el mercado internacional del cannabis para el mercado internacional, y que los consumidores en el extranjero tengan un abasto suficiente en beneficio de estos y de un mercado pequeño y caro para México al que solo tendrán acceso quienes cuenten con suficientes recursos económicos, y deja a la mayor parte de los usuarios fuera de ese mercado y sujetos a sanciones penales por no poder acceder al auto cultivo adecuadamente: “El derecho penal es pésima herramienta para generar políticas públicas y es además una herramienta que es discriminatoria y suele lastimar a los más lastimados y marginar a los más marginados… mantener el aspecto penal va a perjudicar a los más pobres, a los más marginados y a los más morenos; por eso se debe eliminar el uso del derecho penal para la regulación de la cannabis. Es incompatible una regulación sana con el uso del régimen penal”.
Detalló que regular el autocultivo con aspectos del registro de la semilla, el permitir que la autoridad tenga acceso a los domicilios sin antes tener una orden judicial, las restricciones para cultivar la cannabis hace que la mayor parte de los usuarios prefieran no cultivarla al preferir no someterse a esos criterios, al hacerse vulnerable en su invasión a las privacidad y a la penalización; a pesar de considerar el académico de que la mejor forma de contener la expansión de un mercado ilícito.
De igual manera, para los pequeños campesinos el cultivar cannabis se vuelve muy caro con la reforma propuesta, a tal grado que deja solo la posibilidad de hacerlo como empleados de alguna gran empresa trasnacional, regresando a la explotación, “por ello la importancia de transitar del ámbito de la prohibición a la regulación, y es sustraer del ámbito de la delincuencia organizada y la repercusión penal a los campesinos mexicanos que han sido explotados y empobrecidos durante años y a los usuarios que generalmente no es de clase privilegiada, que es de tez morena, en su mayoría hombres jóvenes de barrios marginados. Los dos universos de la población más perjudicados con la prohibición y con quienes mayor deuda tenemos a la hora de transitar de la prohibición a la regulación”.
