El pasado lunes 7 de septiembre, un grupo de 10 gobernadores de la llamada Alianza Federalista, integrado por Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Aguascalientes y Colima, decidieron abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, organización surgida en el 2001, con el propósito de hacer un frente común ante el Gobierno Federal del entonces presidente Vicente Fox. Las razones esgrimidas por la Alianza Federalista, se derivó de una reunión celebrada el 21 de agosto en San Luis Potosí, impulsada por el actual presidente de la Conferencia, Juan Manuel Carreras, gobernador del estado anfitrión y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
El objetivo de esa reunión era hacer un planteamiento formal de parte de los gobiernos estatales a la Federación, para promover una reforma al esquema de coordinación fiscal federal, a partir de los requerimientos presupuestales identificados desde las entidades federativas con relación a problemas específicos relacionados con la atención de la emergencia sanitaria del coronavirus, el combate a la inseguridad y el crimen organizado, y los efectos de la crisis económica vinculada a ambos problemas. Sin embargo, en la reunión de San Luis Potosí, el esperado diálogo no fue posible establecerlo, el presidente López Obrador, optó por presentar lo que sería su propuesta sin permitir abrir el ansiado diálogo con los mandatarios estatales, quienes esgrimían su exigencia de establecer un compromiso de la revisión del Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Federación, los Estados y los Municipios, que permitiera fortalecer las finanzas locales, estatales y municipales, en el marco del Pacto Federal.
El Gobierno Federal no abrió la posibilidad, lo que provocó una radicalización de los integrantes de la Alianza Federalista, hasta el punto de la ruptura anunciada desde Chihuahua la semana pasada. Es importante señalar la importancia del peso económico, demográfico y, por supuesto, fiscal de los Estados integrantes de la Alianza, y que representan además un conglomerado importante en términos regionales a nivel país. Estados del norte, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, del centro, Aguascalientes, Guanajuato; y occidente, Jalisco, Colima y Michoacán. Sumados representan más de un tercio del PIB nacional, de la población de México y, por supuesto de las aportaciones fiscales nacionales.
Ahora bien, de acuerdo al Acuerdo de Coordinación Fiscal vigente, los Estados reciben, en números gruesos, hasta el 20% de los recursos fiscales, y los municipios un 4% de lo que le corresponda al Estado. Habría que considerar que la Ley de Coordinación Fiscal en vigor, se redactó en 1978, hace casi 42 años, de entonces a la fecha, el país, como nación, los estados y los municipios, han sufrido significativas transformaciones que requieren, desde la óptica de la Alianza Federalista, nuevas reglas de distribución de los recursos. Los requerimientos y exigencias sociales, económicas, de seguridad, han cambiado, luego, es fundamental revisar y actualizar los criterios de presupuestación para sostener e impulsar el desarrollo regional y local del México actual, inserto en un mundo globalizado y altamente competitivo.
A lo anterior, debemos considerar que a partir del 1 de diciembre de 2018, llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo federal, el presidente López Obrador, quien en sus propias palabras y acciones, encabeza lo que ha denominado la Cuarta Transformación, 4T, y que representa un proyecto de nación “diferente”, y que en su discurso político, ha propuesto una serie de programas estructurados con una visión particular de atender directamente a la población vulnerable, personas de la tercera edad, jóvenes, productores del campo, básicamente. Asimismo, y con base en su diagnóstico de campaña, determinó dar un giro en las prioridades de inversión en infraestructura, con dos propósitos fundamentales, combatir con la corrupción e impulsar de manera determinante el desarrollo de la región sureste del país, a través de la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Corredor Transítsmico. Igualmente determinó la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o Texcoco, y construir el Aeropuerto Felipe Ángeles en lo que era el aeropuerto militar de Santa Lucía. Todos estos programas y proyectos han representado en estos dos últimos años, la inversión multimillonaria de recursos fiscales, y que, en consecuencia, representan una merma en la disposición de esos recursos para impulsar proyectos estatales o regionales en el centro y norte del país, fundamentalmente, en detrimento del desarrollo de las entidades locales, mismas que, atendiendo las características del Acuerdo de Coordinación Fiscal, han debido acatar.
Sin embargo, este año, la aparición de la pandemia que ya le ha costado al país más de 70 mil decesos, aunada a la desaparición del sistema de salud del Seguro Popular y la inoperancia del tristemente célebre Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, ha exigido a los Estados la atención directa del problema de la emergencia sanitaria, mediante sus propios recursos, ya que, además, el nuevo y asfixiante centralismo del Gobierno Federal no ha aportado recursos ni suficientes ni oportunos para la atención de los requerimientos sanitarios locales. De la mano con el problema de la contingencia sanitaria, el obligado distanciamiento social y la suspensión de todas aquellas actividades económicas y de servicios no esenciales, impactaron directamente en el funcionamiento de los negocios y comercios de los Estados y municipios, provocando una disminución drástica del empleo, la inversión, y claro, el ingreso de millones de familias en todo el país. En este caso, tampoco el Gobierno Federal propuso o estableció ningún mecanismo o estrategia de apoyo a las entidades, las que debieron afrontar con sus propios recursos, ya de por sí limitados, la emergencia económica, de efectos no menores en la vida de sus demarcaciones.
La demanda de los estados de la Alianza Federalista, tiene razones fundadas para apelar a la revisión del Acuerdo de Coordinación Fiscal en vigor, ante la nueva normalidad (realidad) de México. Es imperante construir el diálogo Federación–Estados, todos, de manera inmediata, que permita una herramienta nacional para garantizar la viabilidad del país, o arriesgarnos a una impredecible revuelta fiscal.
