El exdirector de la AFI podría revelar lo que sabe de otro caso de “propinas”, esta vez relacionado con el Cártel de Sinaloa, en los tiempos de Felipe Calderón. La Fiscalía pondría de condición que entregara pruebas de “peces gordos”
EMEEQUIS
Luis Cárdenas Palomino, el brazo derecho del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha comenzado a explorar la posibilidad de convertirse en una especie de Emilio Lozoya 2, es decir, revelar el pacto de corrupción dentro del gobierno de Felipe Calderón que permitió al Cártel de Sinaloa sobornar a altos funcionarios a cambio de no pisar la cárcel.
Dos fuentes cercanas a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron a EMEEQUIS que el exjefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, inició esos acercamientos desde abril de este año, cuando fue notificado formalmente de un proceso judicial en su contra por lavado de dinero que se inició a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto.
En aquel entonces, Luis Cárdenas Palomino –cuyo último empleo conocido es el encargado de la seguridad en Televisión Azteca– se benefició de las buenas relaciones de su jefe Ricardo Salinas Pliego con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tender puentes con la actual administración. Sin embargo, no logró conocer a detalle las pruebas en su contra ni desbloquear sus cuentas bancarias, donde estarían los sobornos recibidos por el círculo cercano de Joaquín “el Chapo” Guzmán.
La esperanza del también extitular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) era que la justicia mexicana tuviera un caso débil en su contra y que alguno de los abogados de abolengo que suele contratar la alta clase política de México le asegurara su libertad y el blindaje de todos sus bienes y ahorros.
Un caso duro como piedra
Sin embargo, esa frágil esperanza se derrumbó el 30 de julio pasado, cuando desde Estados Unidos le llegó la noticia de que los fiscales que llevan el caso de su amigo Genaro García Luna lo señalaron en documentos judiciales de ser parte de un grupo de funcionarios públicos que protegieron al Cártel de Sinaloa, junto con Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal.
Esa vinculación formal a la organización criminal del Chapo confirma que las pruebas en su contra son sólidas e incontrovertibles y que muy probablemente hayan sido compartidas por las autoridades mexicanas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya lo considera un prófugo, sobre quien pesan varios cargos por conspirar para introducir cocaína en el país vecino.
De acuerdo con las fuentes consultadas, esto habría motivado a Luis Cárdenas Palomino a acelerar un recurso desesperado que ya había planteado a sus abogados: para no terminar en una celda en alguna dura prisión estadounidense podría negociar su permanencia en México como testigo colaborador.
Ese movimiento está inspirado en el trato que ha recibido el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, como el delator en México de los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht. Ahora Luis Cárdenas Palomino estaría buscando un trato similar para sí mismo y su familia, quienes también son investigados por beneficiarse de los sobornos que recibió como uno de los hombres fuertes de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón.
Pruebas de primer nivel o no hay trato
En la Fiscalía General de la República cuentan que, de conseguir ese acuerdo, el precio no será barato: por su alto nivel en la llamada “guerra contra el narco” los nombres que revelaría, y las pruebas para juzgarlos por asociarse con delincuentes, tendrían que ser del primer nivel en la clase política de 2006 a 2012.
El expolicía no solo tendría que aportar documentos originales, copias de comunicaciones privadas, fotografías y videos para probar sus dichos, sino entregarle a las actuales autoridades el esquema con el que el Cártel de Sinaloa pudo consolidarse en aquellos años como el cártel hegemónico del país, con ayuda no solo de mandos policiacos, sino militares y gobernadores de Acción Nacional y de la oposición, que entonces era principalmente el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional.
“Y, claro, tendría que hablar en un juicio abierto, como el que se le sigue a Emilio Lozoya, cuál fue la participación del expresidente Felipe Calderón en este asunto”, aseguró una de las fuentes consultadas, quien trabaja actualmente en la administración pública.
Además, tendría que explicar extraños sucesos que pasaron bajo su mando, cuando era común que a policías federales disidentes o que exigían mejores condiciones laborales se les enviara a misiones de alto peligro en zonas donde operaban los enemigos del Cártel de Sinaloa.
Uno de esos episodios sombríos, de los cuales aún hay policías federales que esperan una respuesta, ocurrió el 13 de julio de 2009, cuando 12 agentes –11 hombres y una mujer– fueron desplegados en Arteaga, Michoacán, entonces bastión la Familia Michoacana, solo para ser emboscados por sicarios al servicio de Servando Gómez, la Tuta.
Ya capturados por los criminales, los policías federales se lograron comunicar con sus mandos, quienes los negaron y abandonaron a merced de los sicarios. Los restos de esos agentes fueron hallados días más tarde con evidencia de una larga tortura y violencia sexual.
Entre la tropa de esos años quedó la sensación de que algunos policías inconformes eran enviados a misiones suicidas por Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, como una forma de amedrentar a quienes no quisieran participar en los tratos de hacían con los capos del Pacífico.
La red criminal de García Luna llegó a la 4T
Este martes, el secretario de Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que la red de complicidades que tejió Genaro García Luna se extendió incluso a personal que estuvo bajo su mando cuando inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los últimos en ser detectados fueron tres directores de área en las dependencias que se encargan de la seguridad del país, quienes ya fueron cesados. Con ellos, el número de funcionarios públicos que han sido separados del gobierno en este sexenio por estar ligados a Genaro García Luna ya suman 18.
Mientras tanto, el exsecretario de Seguridad Pública aguarda en una celda de Estados Unidos el desenlace de su juicio, en pausa por la pandemia del nuevo coronavirus, con cargos similares a los que dieron a su presunto socio, el Chapo, una sentencia de cadena perpetua.
En el pasado, Luis Cárdenas Palomino se habría convertido en las manos y los ojos de la poderosa red de narcosobornos de Genaro García Luna. Ahora, cerca del precipicio, quiere ser lengua.
