APRO/Gloria Leticia Díaz
Padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi seis años, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador materializar la repatriación con fines de detención de Tomás Zerón de Lucio y la captura de otros personajes involucrados en la fabricación de la “verdad histórica”.
A la reunión de los familiares de los 43 con López Obrador, este miércoles, también asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; el fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, y el director de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, Christopher Ballinas.
Los padres y madres reconocieron el hallazgo de los restos y la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes desaparecidos, en un área distinta al basurero de Cocula, escenario de la “verdad histórica”.
De acuerdo con la información proporcionada, los familiares de los jóvenes desaparecidos pidieron al presidente fortalecer la Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia y la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, y que continúen en coordinación con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), el Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIE), la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a los avances, señalaron que mantienen vigentes las demandas expresadas en marzo pasado, cuando se reunieron con el fiscal general Alejandro Gertz Manero y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
Subrayaron que están en contra de “otra verdad histórica”, por lo que consideraron que toda información que se alleguen los investigadores “debe verificarse y contrastarse con otras pruebas, para no dar toda la credibilidad a versiones que pueden darse por intereses que no tienen que ver con la verdad”.
Tras manifestar que la identificación de Christian es un primer paso para el esclarecimiento, insistieron en lo que han pedido desde el principio: “la verdad, aunque duela”.
Los padres y madres solicitaron a López Obrador una próxima reunión en el contexto del sexto aniversario de la desaparición de sus hijos e insistieron en que prefieren una investigación firme a que su gobierno cree “una versión o narrativa que, sin haberse reunido todas las evidencias, tienda al cierre del caso”.
En un documento entregado al presidente, destacaron su preocupación de que se anuncie la existencia de procesos penales, “pero sin presentar resultados”, por lo que urgieron a materializar las detenciones pendientes de ejecutar, entre ellas las de los policías municipales de Huitzuco y Tepecoacuilco, y las policías Federal y ministerial de Guerrero.
Insistieron en “detener y someter a proceso a actores clave de la anterior administración por las irregularidades cometidas en la investigación, empezando por Tomás Zerón de Lucio”, así como Carlos Gómez Arrieta, acusado de tortura.
En el caso del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), consideraron inquietante que “aún no esté verificado” que se encuentre prófugo en Canadá, aunque así se ha anunciado, por lo que demandaron agilizar su proceso de extradición.
Sobre Gómez Arrieta, el temor de los padres y madres de los estudiantes es que continúe con la protección de la Fiscalía General de la República (FGR) o del gobierno de Michoacán, donde fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hasta junio de 2019.
En un video difundido en redes sociales se observó cómo era torturado uno de los acusados del caso Ayotzinapa, Carlos Canto, hechos en los que habría participado Gómez Arrieta.
Los familiares de las víctimas también pidieron someter a procesos penales a miembros del 27 Batallón de Infantería en Iguala que estaban activos cuando ocurrieron los hechos e “incurrieron en falsedad en sus primeras declaraciones”, y posiblemente tenían vínculos con la delincuencia organizada.
De igual manera, demandaron detener a las personas que se encuentran prófugas desde 2014, así como procesar bajo nuevas acusaciones a quienes ya obtuvieron su libertad o están próximos a obtenerla y son “actores claves de los hechos”, así como aquellos personajes que están sometidos a otro tipo de acusaciones, pero no por desaparición forzada, y podrían tener información.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos recomendaron continuar con la exploración de la “Barranca de la Carnicería”, donde fueron localizados los restos de Christian Rodríguez, así como explorar otras áreas con el apoyo del EAAF, y someter el análisis de los restos en laboratorios en el extranjero recomendados por el grupo argentino, toda vez que “las áreas de servicios periciales de la FGR no han sido depuradas de quienes con acciones u omisiones apoyaron la verdad histórica”.
Sugirieron ofrecer incentivos a las personas identificadas como parte del cártel Guerreros Unidos que están siendo procesados en Estados Unidos, y pedir el apoyo de la DEA “para ahondar en las investigaciones” y revisar quiénes de ellos pueden ser extraditados.
En su carta, lamentaron que hasta ahora no se haya concretado la solicitud de que se designe sólo un órgano jurisdiccional donde se analicen todas las acusaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa, como se pidió en el convenio firmado con el Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, expresaron su “más profunda indignación” por los audios que revelan la corrupción en el Poder Judicial y que permitieron a uno de los líderes de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado, librar una primera acusación por delincuencia organizada, por lo que demandaron una explicación por parte del Poder Judicial y sanciones ejemplares para los funcionarios involucrados.
En la larga lista de peticiones, consideraron indispensable “depurar a las instituciones de todos los funcionarios que por acción u omisión avalaron la ‘verdad histórica’, convalidando así la mentira y las violaciones a derechos humanos”, toda vez que la evasión de personajes vinculados a la anterior administración no se explica sin esas redes de complicidad.
Para los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, es urgente que los secretarios de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el titular del Centro Nacional de Investigación, entreguen “sin contratiempos ni obstáculos” la información que ha solicitado la Comisión para la Verdad y la FGR les han solicitado.
También continuar con los diálogos tendentes a “romper el pacto de impunidad” con las personas que están detenidas o que formaron parte de las investigaciones durante la administración pasada, a fin de que proporcionen información sobre los hechos.
Al presidente López Obrador le pidieron la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) con la comisión presidencial y la FGR, para investigar la situación financiera de los personajes que pudieron estar involucrados en los hechos y en las irregularidades cometidas en la investigación; que se garantice que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Salud continúen atendiendo a los sobrevivientes y a las personas heridas, así como a las familias impactadas por la pandemia de covid-19, y garantizar la seguridad de las familias y normalistas.
Finalmente, insistieron en la necesidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no los abandone, pues “el pacto de impunidad y silencio no se ha roto, apenas se ha empezado a resquebrajar”, y ese pacto -subrayaron- será concluido “cuando sepamos el paradero real de todos nuestros hijos y cuando los verdaderos delincuentes –esos que ordenaron y realizaron la desaparición, esos que ordenaron y realizaron la manipulación de las investigaciones– sean llevados a prisión y sancionados”.
