- El uso de casas para la explotación sexual se acentuó con la pandemia, debido al cierre de los antros donde normalmente operaba, revela un informe. En lugar de bajar, este delito creció 70% entre marzo y junio, según datos oficiales
EMEEQUIS/Patricia Tapia
Domicilios que por fuera parecen cualquier hogar, pero que en el interior albergan a víctimas de trata explotadas sexualmente. Es la historia de un departamento en la Calle 3 de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.
El pasado 21 de mayo, la Fiscalía General de la Justicia de la capital rescató a tres mujeres venezolanas que eran obligadas a prostituirse y que habían llegado por una supuesta oferta de empleo.
El uso de casas particulares como fachada para esta actividad criminal tiene antecedentes, pero se acentuó con la llegada de la pandemia, ante el cierre de lugares que comúnmente alojan estas prácticas, como bares y clubes nocturnos. Las redes de trata han tenido que mudarse.
De acuerdo con el Reporte de Trata de Personas 2020 de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, se tiene conocimiento que los delincuentes están migrando a casas particulares. Identifican a Tlaxcala como una de las entidades en las que más está pasando esto, con base en informes del gobierno mexicano y de Organizaciones No Gubernamentales.
En el perfil de la trata de este documento destaca que, en los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en México y a víctimas mexicanas en el exterior. Los grupos que se consideran más expuestos a la trata en nuestro país son las mujeres, los niños y los menores no acompañados; los indígenas, los migrantes, las personas LGBTQI y las que tienen discapacidades físicas e intelectuales.
Justamente hacen caer a sus víctimas haciéndoles falsas promesas de empleo, de relaciones románticas o mediante extorsión.
De acuerdo con el último análisis de la incidencia delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano, se esperaba que, como efecto de la pandemia, el delito de trata de personas disminuiría, pero fue todo lo contrario.
En el caso específico de mujeres como presuntas víctimas, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) apuntan que entre marzo y junio de este año se registraron 167 víctimas. El año pasado, en el mismo periodo, hubo 98, es decir, hubo un incremento de 70.4%.
Para toda la primera mitad del año son 213 mujeres víctimas de trata. Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Tlaxcala son las entidades que concentran 66% de las víctimas
Respecto a la tasa de víctimas por cada 100 mil mujeres, el promedio nacional se ubicó en 0.33: fueron 15 entidades que estuvieron por encima de dicho promedio, a la cabeza están Quintana Roo, con 1.76; Tlaxcala, con 1.27; Nuevo León, con 0.86. Mientras que Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango y Querétaro tuvieron una tasa cero.
Hace días, la Fiscalía General de Quintana Roo anunció el rescate, en menos de 24 horas, de 21 mujeres, derivado de un cateo a dos inmuebles, así como la detención de 13 personas, quienes las retenían contra su voluntad para obligarlas a prostituirse. El estado es uno de los destinos de turismo sexual, donde muchas de las víctimas son menores de edad.
En el propio reporte de la embajada de Estados Unidos, las ONG le han informado que el turismo relacionado con la explotación sexual de menores sigue siendo un problema creciente, especialmente en las zonas turísticas y las ciudades de la frontera norte.
“Muchos turistas involucrados en la explotación sexual de menores proceden de los Estados Unidos, Canadá, y el oeste de Europa; los mexicanos también participan en el comercio sexual con menores víctimas de la trata”, dice el documento.
Además, indica que el Gobierno de México no ha tomado medidas para reducir la demanda del sexo con fines comerciales.
Otra cosa que está impactando a las víctimas de trata es que México adoptó medidas de austeridad, en respuesta a la contracción de la economía por la pandemia. Está priorizando iniciativas de desarrollo, lo cual afectó a los programas de todas las secretarías e instituciones, entre estas, las que hacen frente a la trata de personas, por lo que ven un problema de financiamiento en los programas.
De por sí ya había una falta general de albergues y residencias para las víctimas. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Las Mujeres y Trata de Personas dirige un albergue de alta seguridad en la Ciudad de México.
También en el Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México hay seis albergues financiados por el gobierno, No obstante, en los albergues estatales y federales residen normalmente las víctimas de trata sólo durante un enjuiciamiento penal. Y señala que Puebla tiene el único albergue público-privado del país.
La evaluación de la Embajada estadounidense refiere que el gobierno de México sigue sin cumplir plenamente las normas mínimas para la erradicación de la trata de personas; “sin embargo, se empeña en lograrlo”, pues demostró haber tomado más iniciativas.
Las iniciativas incluyeron la investigación y el enjuiciamiento de más tratantes, el logro del procesamiento de una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual conforme al nuevo sistema acusatorio; la identificación de más víctimas en México y en el extranjero.
Así como la investigación y el enjuiciamiento de autoridades presuntamente corruptas o cómplices y la condena de un funcionario gubernamental a 39 años de prisión
Sin embargo, indica que el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varios ámbitos clave, “impuso condenas a menos tratantes que en el año anterior, aun cuando esas personas recibieron penas de prisión considerables y prestó servicios especializados deficientes a las víctimas de la trata”.
Para dar un mayor cumplimiento se le sugiere al gobierno mexicano formular y ejecutar un plan nacional de acción estratégica dirigido a los servicios para las víctimas y financiado por el Estado, en consulta con organizaciones internacionales y no gubernamentales (ONG).
Esto debe incorporar servicios y albergues especializados para todas las víctimas de la trata, sean hombres o mujeres. También pide aumentar el financiamiento federal destinado a las actividades de las fuerzas del orden.
Además, es necesario ampliar, en el ámbito federal y estatal, la capacidad de las fiscalías o las unidades especializadas en la lucha contra la trata de personas, para que respondan competentemente a los casos, por medio de más recursos y capacitación del personal.
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