Ya es un hecho, es la peor crisis que nuestro país (y el mundo) ha experimentado en —al menos— veinte años. Aceptémoslo, no estábamos preparados; nuestras instituciones son incipientes, además, no sabemos aún cuál será el impacto socioeconómico, pero ya podemos ver (o estimar) algunos de sus efectos: habrá más personas en situación de pobreza, más desigualdad, y recesión económica e incertidumbre.
El periodo que viene es desalentador. Habrá gente desempleada, jóvenes que perderán oportunidades educativas y laborales, negocios que quebrarán, esperanzas que quedarán sepultadas y gente que tendrá que abandonar sus hogares en búsqueda de mejores condiciones de vida.
No obstante, genuinamente creo que si existe voluntad política, y esta es colectiva, la crisis podría ser, desde el ámbito reformista, una oportunidad para modificar al sistema político y económico mexicano. Nuestro país está mal. Por supuesto la situación es mejor que muchos países de la región, pero los niveles de desigualdad —por poner un ejemplo— son alarmantes.
“¿Nos daremos cuenta de la urgencia o seguiremos esperando?” Así concluía Valeria Moy, economista, una opinión reaccionando al informe de Desarrollo Humano en México 2016 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, precisamente igual que yo haciendo hincapié en lo alarmante que es la desigualdad. Cuatro años después, parece que seguimos esperando.
En nuestro país existen miles de personas que pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad que anhelan un cambio y, sin embargo, no tienen las oportunidades sociales, económicas y laborales para obtener los medios necesarios (como obtener una licenciatura, posgrado o siquiera una educación básica) que les ayuden a salir de la pobreza. Según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias en su Informe de Movilidad Social de 2019, sólo el 52% de las personas pobres y con padres con nula o escasa escolaridad concluyeron la secundaria (pág. 27). Si hay personas que no pueden obtener una educación, ¿cómo esperamos que contribuyan a un cambio?
¿Y qué pasa con aquellas personas que, aunque tengan los medios para contribuir, no terminan haciéndolo por factores como el miedo? Sí, porque hay personas que son activistas, ciudadanos comprometidos, y que tienen miedo de morir porque, en este país, te matan por todo. Si defiendes el medioambiente, y deseas mejores políticas ecologistas, hay una probabilidad mínima, pero alarmante para cualquier democracia, de que seas asesinado.
Si eres periodista, te matan. Si eres muxe y activista que busca erradicar la discriminación LGBT, también. Incluso no siendo un activista, o un ciudadano politizado, se vive con miedo. Vivimos con miedo porque los homicidios en 2019 establecieron un récord. Vivimos con miedo porque las mujeres están siendo secuestradas, violadas y asesinadas aún con las fracasadas medidas de confinamiento durante esta crisis de Covid-19. Si eres parte de la comunidad LGBT tienes miedo de ser asesinado: en 2019 se cometieron 117 homicidios contra integrantes de esta comunidad.
Además, ¿para qué molestarse en ser un “ciudadano comprometido” si la clase política es corrupta? Nuestro país se ubicó en 2019 en la posición 130 de 180 países en el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, una pequeña mejora respecto a 2018 cuando nos posicionamos en el lugar 138. Los ciudadanos están hartos de la corrupción (y de todos los demás males), una mayoría cree que puede eliminarse, pero que la impunidad (que es de casi el 100%) es lo que detiene la lucha anticorrupción.
El pasado viernes 24 Reforma reveló que, presuntamente, Emilio Lozoya emitió sobornos por un monto de 52 millones 380 mil pesos. Todo mientras dirigía Pemex, todo dirigido a legisladores del PAN. Lo anterior es crítico porque de ser cierto confirma los esquemas de corrupción que existen en nuestra política. Asimismo, este hecho nos invita a reflexionar y preguntarnos ¿qué tan dañado está nuestro sistema de partidos? En los próximos meses obtendremos respuesta, aunque adelanto, no será alentadora la respuesta. Es probable que la oposición se desmorone de camino a las elecciones intermedias.
Pensemos nuevamente, el panorama es desalentador, pero a mi juicio ya lo era antes de la crisis. Los niveles de corrupción, violencia e inseguridad no son normales en una democracia, en una nación que está empeñada en convertirse en un país desarrollado. Yo espero que, a pesar de todo, que el miedo, la desconfianza a nuestras instituciones y a nuestro sistema político, nuestra frustración con el modelo económico y las políticas gubernamentales, podamos construir un nuevo camino como sociedad. Ojalá que de esta pandemia podamos trazar nuevas políticas para reducir la desigualdad en nuestro país.
Ojala que exista un despertar de todos los sectores de la sociedad. Ojalá que el gobierno federal acepte que la política de seguridad no funciona y que la militarización nunca es opción. Ojala que los casos de César Duarte y Emilio Lozoya sean justos y no un juego político. Ojalá que las políticas sociales del gobierno se reestructuren para dejar de ser redes clientelares. Ojalá que en conjunto podamos evitar más recortes a la educación, la cultura y la ciencia y tecnología. Ojalá que las mujeres, las personas LGBTQ+, los periodistas, los activistas, los médicos, los migrantes y refugiados puedan vivir sin miedo. Ojalá que mi generación no sea una generación perdida.
Habremos fracasado si de la crisis no conseguimos un cambio, seguiremos en un círculo donde cada seis años esperamos el camino al desarrollo. A lo mejor me equivoco, y en realidad lo que necesitamos es una refundación, una nueva constitución y un nuevo sistema político. Y la respuesta no la encontraré hasta en las próximas décadas.
