Las liberaciones de “El Mochomo” y de la madre de “El Marro” son apenas un par de casos de presunta corrupción judicial. Abundan testimonios de jueces que doblan las leyes a favor de criminales. Aquí ocho ejemplos.

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Cuatro casos en los últimos 30 días han sacudido al Poder Judicial en México, revelando las grietas por las cuales se cuela la violencia y la impunidad.

El asesinato en Colima del juez federal Uriel Villegas y su esposa, quienes no contaban con escolta pese a manejar casos sensibles como el de Rubén Oseguera, “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La liberación de María Eva N., la mamá de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, fundador del Cártel Santa Rosa de Lima.

La sanción por seis meses de un secretario de juzgados por presuntamente recibir un soborno a cambio de la absolución de José Ángel N., “El Mochomo”, presunto coautor intelectual y material de la desaparición y homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa (fue detenido nuevamente por otro caso).

La obtención a destiempo de una orden de aprehensión el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien hoy está evadido de la justicia.

Son casos que han sacudido a la opinión pública durante los días recientes, al grado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido, de nuevo, que la corrupción que corroe al sistema judicial. Pero, ¿qué pasa con los casos que no son tan mediáticos? ¿Qué tan comunes son para abogados, activistas y servidores públicos?

Acá hay 8 historias que enseñan esa putrefacción desde adentro.

1.– “ES QUE USTED NO COOPERÓ”

El 15 de enero de 2019 a las 10:30 de la noche, saliendo de Metro Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, un grupo de hombres intentó privarme de mi libertad. Me arrastraron hacia un coche y grité.

Algunas personas cercanas lograron escucharme y llegaron a auxiliarme. Uno de mis agresores se hizo pasar por mi pareja, me empujó al suelo y me dijo “¡estás loca, te veo en la casa!”. Esa noche pude ser una estadística más de una joven desaparecida: mi foto circularía en redes sociales y quizás muchas horas después mi mamá emprendería mi búsqueda.

Al día siguiente, después de pensarlo mucho, decidí acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde conté lo que me sucedió al Ministerio Público, donde me preguntaron si mis agresores me habían robado algo. Contesté que no, pero que sí intentaron privarme de mi libertad. “Es que usted no cooperó, se arriesgó mucho”, me respondió y como no me habían robado nada material no procedía la denuncia.

Al paso de los días me di cuenta que no era la única mujer que habían intentado privar de la libertad a las afueras de esa estación del Metro. Los testimonios estaban en las redes sociales. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue negar el contexto de violencia y decir que los relatos eran falsos. Hasta que la jefa de Gobierno aceptó el contexto de violencia que vivimos las mujeres en la CDMX, la ahora fiscal Ernestina Godoy se comprometió a investigar “a fondo” mi caso.

El 4 de febrero de 2019 me citaron en la fiscalía, manipularon mi testimonio, no me asignaron asesora victimal –porque soy abogada– y pusieron frente a mí, sin proteger mi identidad, a varias personas que habían sido detenidos como “sospechosos”. Han pasado 17 meses y no hay avances en la investigación, se filtraron los datos confidenciales de la carpeta de investigación a la prensa, he recibido dos amenazas de muerte y aunque cambié de domicilio sigue mi miedo al caminar sola por las calles.

Zúe Valenzuela, abogada feminista.

2.– “ES LO MEJOR PARA LOS DOS”

Era la última audiencia para resolver un caso importante de narcotráfico en mi estado, Tamaulipas. El imputado era un hombre al que una investigación estatal ubicaba como un jefe de plaza de Los Zetas en la zona de Cuenca de Burgos.

En el último tramo, ya a punto de sentenciarlo, el juez me llamó a su despacho y me dijo que necesita mi ayuda, porque lo va a absolver. Me empezó a hacer un recuento de las dudas que tenía sobre el caso, pero eran dudas ilógicas. Por ejemplo, que las huellas dactilares que presentaron los peritos no eran concluyentes con las del imputado porque faltaba un pedacito de huella. O que en los documentos estaba asentada una estatura y a la hora de medirlo resultaba unos centímetros más bajito. Cosas tontas, la verdad. Cuando le dije que no era posible liberarlo por detalles como esos, me vio con ojos de espanto y me dijo “es lo mejor para los dos”. Y entendí perfectamente que me estaba diciendo, con los ojos, que estábamos amenazados.

A las horas el imputado fue liberado. Y a la semana me enteré que el juez traía una nueva camioneta.

Juan Carlos N., secretario de acuerdos en Tamaulipas.

¿CASTIGO? AMONESTACIÓN VERBAL

Estos son algunos datos de la putrefacción en el sistema judicial en México:

Los partidos políticos en México son los organismos más percibidos como más corruptos con un 91%, pero muy cerca –con 80%– está el Poder Judicial, que sólo resuelve el 2% de los casos que recibe, de acuerdo con el estudio “Anatomía de la corrupción en México” del Instituto Mexicano para la Competitividad.

En 2019, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, reveló que al Poder Judicial llegaron 2 mil 606 denuncias contra servidores adscritos a sus órganos jurisdiccionales, pero apenas se lograron 67 sanciones, algunas de ellas tan inofensivas como un “amonestación verbal”.

Enriquecimiento ilícito, corrupción, nepotismo, agresiones sexuales, faltas administrativas y omisiones en las declaraciones patrimoniales son los delitos más cometidos por los servidores públicos que deberían representar la justicia en el país.

3.– “POR ÉL VIVÍ UN INFIERNO”

Yo  reconocí plenamente a ese hombre. Se lo dije al Ministerio Público sin titubeos. Su cabello lacio y feo, su nariz chata, sus ojos, todo hacían obvio que se trataba de José Inés, “El Polluelo”, el hombre que se hizo pasar como primo de “El Cepillo”, el tratante que me explotó sexualmente por cuatro años desde que yo tenía 12 años.

“El Polluelo” me tiró pura labia. Me dijo que “su primo” estaba enamorado de mí, que me daría una vida muy bonita y que estaría a salvo con él. Esa era su labor: enganchar niñas como yo. Por él viví un infierno en el que yo calculo que me violaron más de 30 mil veces por varias partes de México.

Y aunque al Ministerio Público le dije que no tenía dudas de que ese detenido era culpable de todo lo que me había pasado, el juez Ramón Jiménez Casco, juez penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en Tlaxcala, lo liberó. Dijo que no había pruebas suficientes y echó a la basura 12 años de esfuerzos por atraparlo en los que incluso se involucró Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Hoy “El Polluelo” está libre de nuevo. Yo sólo espero que lo volvamos a atrapar antes de que lastime a más niñas y que ese juez Jiménez sea castigado por lo que hizo.

Karla Jacinto, sobreviviente de trata de personas en México y activista contra la explotación sexual.

4.– “¿DE QUÉ NOS SIRVEN TANTAS LEYES?”

Hace algunos años uno de nuestros clientes tenía aprobado un proyecto de desarrollo urbano que, aunque legal, resultaba bastante controversial.

Llamémosle Caso X. Luego de varias instancias judiciales –y años en juicio– un buen día nos emitieron una última sentencia en contra del proyecto, el cual, al haber estado detenido por años como consecuencia de los constantes litigios, se dio por abandonado.

A las semanas tuve oportunidad de hablar con el juez del caso por otro asunto. Al concluir los comentarios del caso que atendía, a punto de retirarme, el juez me comentó: “Oye licenciado, una disculpa por la última sentencia en el Caso X; sé que quizá teníamos que darles la razón, pero espero entiendas que había presión para nosotros. Se nos hubieran dejado ir con todo los medios de comunicación”.

No dudo de la buena fe del hombre, sin embargo, ¿de qué nos sirven tantas leyes, si los jueces resolverán con base en lo que decida la arena social y política?

Si bien este juez no tomó dinero para fallar en nuestra contra y, en el caso, se trataba de un proyecto de desarrollo urbano, ¿qué pasaría si así se resolviera sobre la libertad de las personas? También decidir incorrectamente es una forma de corrupción.

Darío Ángeles, especialista en Derecho administrativo y socio de Urrutia-Ángeles y Asociados.

5.– “SOLTÓ UNA LANA”

¿Te acuerdas de “El Lunares”, el jefe de La Unión Tepito? Ah, pues yo lo conocí luego luego que llegó al Reno (Reclusorio Norte). Se le veía lo incorregible a lo lejos. Caminaba muy león, porque apenas llegó lo fueron a recibir sus chavos. No lo bajaban de patrón, jefazo, como Dios.

La verdad conviví poco con él porque es de esos internos que sí te meten en un problema. Luego han matado compañeros por pasarse de listos con gente así. Yo de lejitos, sí trataba de imponerme, pero no tanto, ¿para qué? Si desde que llegó les dijo a todos que ya tenía todo arreglado, que en los juzgados lo iban a liberar de volada.

Dicho y hecho: no pasó nada de tiempo cuando nos avisaron que ya se iba como blanca palomita. Ya luego preguntando me dijeron que sí soltó una lana y que hasta había dejado un poquito de más allá en los juzgados para que después liberaran a sus chavos. Ya por eso uno se la sabe: mejor no meterse con esa gente que sabe llegar a acuerdos con los de arriba.

Francisco N., custodio en el Reclusorio Norte.

  

6.– “SIEMPRE QUEDÓ LA DUDA”

En una ocasión se estaba desarrollando en juicio oral en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, el cual se celebró por un tribunal conformado por tres jueces.

Durante decenas de juicios se había generado un acuerdo implícito de que el voto mayoritario se acordaba fuera de la audiencia y en audiencia ese voto se convertía en unánime. En aquel juicio de homicidio, uno de los jueces decidió condenar mientras que los otros dos jueces buscaban absolver. El asunto tenía un tinte extraño porque uno de los abogados defensores había sido señalado en otras causas penales por posibles actos de corrupción.

La deliberación fue muy cansada y fue tan relevante el desacuerdo que hasta se rompió ese pacto implícito de unanimidad. Al día siguiente, el fiscal estatal ordenó una investigación contra de los dos jueces que votaron a favor de absolver al presunto homicida. Incluso, se les vio muy nerviosos los días subsecuentes.

Siempre quedó la duda de que se les pagó a los jueces por absolver a un asesino.

Joseph Olid Aranda, abogado penalista.

“ES LA PUDRICIÓN”: LÓPEZ OBRADOR

Más datos sobre corrupción en México: la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos creció 7.5% entre 2017 y 2019, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en México calcula que los costos de la corrupción alcanzan hasta el 10% del Producto Interno Bruto de país, un negocio que a nivel global tiene un costo de 2% de las finanzas mundiales solo en sobornos a funcionarios públicos.

“La corrupción en el Poder Judicial local y federal, en general, es un problema generalizado de jueces, magistrados. Es la pudrición”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año. “Tenemos problemas de corrupción aceptados por el presidente de la Corte”.

 

7.– “EL ESCÁNDALO QUE ARMÉ”

Era 2010, estudiaba el séptimo semestre de Derecho y estaba a cargo de tomar la declaración preparatoria de las personas detenidas por delitos federales.

Hasta hace unos años esto era normal: los jueces acudían al juzgado de una a tres de la tarde solo para firmar todos los actos que supuestamente habían sido resueltos por ellos y personas como yo, sin cédula profesional, sin carrera judicial y sin un nombramiento permanente, tenían en sus manos la labor de evitar el error de castigar inocentes y garantizar los derechos humanos de personas detenidas, procesadas y sentenciadas.

En ese tiempo, Aguascalientes atravesaba una de las peores crisis de violencia de su historia y las personas detenidas por el Ejército o la Policía Federal pasaban por el juzgado en donde yo trabajaba. En una mañana, tras la reja del locutorio donde estaba mi computadora, encontré a una mujer de unos 30 años echa bolita en una esquina. Todavía no llegaba el Ministerio Público, el defensor público o el secretario del juzgado. Le pregunté si todo estaba bien. Sin levantar la cabeza me dijo que no, que si estaba ciego o qué. Le insistí en mi preocupación y levantó la vista hacia mi.

La detuvieron al visitar a su pareja en los separos de la procuraduría local –a su novio lo habían detenido por posesión de mariguana– y después los policías ministeriales los entregaron a los militares y durante toda la noche antes de llevarla al juzgado, la golpearon y le dieron descargas eléctricas en los genitales. Al ver mi rostro pálido confundió mi reacción con incredulidad e insistió en mostrarme sus genitales para que le creyera. No accedí y le pedí que me esperara. Corrí a buscar ayuda. Para mi suerte una secretaria de otra área ya había llegado y le pedí que fuera a certificar las lesiones que la chica me quería mostrar. La secretaria accedió.

Se armó un escándalo. El Ministerio Público Federal me interceptó y me dijo que “no tenía los huevos para trabajar en el área penal”. Llamó al secretario y al juez y no me dejaron regresar a tomar la declaración de esa mujer. Como castigo –o protección, nunca lo sabré– me movieron a otra área del juzgado que solo resolvía amparos contra alcoholímetro y contra el cobro de derecho de alumbrado público.

El caso de la chica continuó. Posiblemente la sentenciaron por algo que no hizo o el defensor público logró que los abusos no quedaran impunes.

Nunca lo sabré, porque las enemistades que me gané al interior después del “escándalo que armé” y mi falta de pedigree judicial aceleraron mi salida de ese juzgado.

Alejandro Jiménez, abogado, @alejandrojimp.

8.– “OMITIÓ PRESENTAR SU ACUSACIÓN”

Como asesor jurídico victimal es normal que en ocasiones te notifiquen una audiencia prácticamente de un día para otro, lo que obliga a desarrollar estrategias con poca información. Así me sucedió un día en que fui citado para una de estas audiencias respecto de una serie de feminicidios, uno de los casos más mediáticos de 2017. La defensa del presunto feminicida solicitó la terminación del procedimiento, lo que daría la libertad de su cliente.

Su argumento era que la Ministerio Público cerró la investigación, pero no presentó su acusación dentro del plazo previsto.

Pero la Ministerio Público no tenía que cerrar la investigación y mucho menos presentar la acusación, ya que estaba vigente una suspensión. No fue todo. La Ministerio Público siguió actuando de manera muy extraña: omitió presentar su acusación, lo que beneficiaba al imputado.

Afortunadamente, al no cumplirse todos los requisitos, el juez de control impidió la liberación de aquel hombre que representaría un riesgo enorme para muchas mujeres y además hizo varios extrañamientos a la Ministerio Público: ¿por qué razón actuó así? ¿Por qué actuó con tal negligencia grave?

Piensa mal y acertarás, dice la gente; y en México los litigantes estamos acostumbrados a pensar mal ante situaciones en que existen interpretaciones extrañas de la ley.

Carlos Humberto Olvera, abogado postulante y asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

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