- Las mujeres enfrentan una crisis de ‘violencia obstétrica’ agravada por el Covid-19, a pesar de las leyes contra el maltrato y la ‘medicalización excesiva’
EMEEQUIS/ Diana Cariboni / Lydiette Carrión / Daniela Rea
Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de Covid-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, además de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia –pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva”.
La región ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15% e insiste en que sólo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.
La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, que dicen además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.
La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estatales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.
La mayoría de estas leyes garantizan una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes del Covid-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.
En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, incluso contrariando las pautas del propio ministerio de salud.
Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de Covid-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.
En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de Covid-19. Trece de ellas dijeron que no se les permitió parir con un acompañante, como parte de las restricciones de los hospitales, y quince dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.
Benavides relató que, en el peor momento del brote en la ciudad de Guayaquil (abril y mayo), una clínica privada ofrecía: “vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos 1.200 dólares. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.
En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, estima que, cuando se acceda a las estadísticas, “en abril y mayo veremos un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, que sin embargo “es contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso del Covid-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.
En toda la región, “en nombre de la pandemia, los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin Covid-19”, dijo a openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En Uruguay, que registra alrededor de 1.000 casos de Covid-19 y una treintena de muertes, las autoridades fueron acusadas de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, cesáreas y ecografías, contraviniendo la ley.
En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido solas y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).
Solas y mal informadas
A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a diecisiete mujeres y a gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.
La mayoría de las mujeres debieron parir solas porque se prohibieron los acompañantes por el Covid-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.
Muchas de estas mujeres denunciaron asimismo abuso verbal y físico de un personal hospitalario sobreexigido, que tampoco les dio suficiente información para entender lo que estaba pasando. Además, varias parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”
Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria.
“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de Covid-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.
No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador. Le habían prometido un parto con música, libertad de movimiento y masajes en el centro de salud pública de Conocoto, Quito. Pero, si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos.
Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y explica que el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto y solo apareció tres horas después; para entonces ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.
En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.
La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz solas.
“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri. Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.
Problemas globales, partos riesgosos
En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó más de 100 infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.
En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.
En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto y debieron practicarle una histerectomía.
A otras parturientas que llegaban a pie a la maternidad (algunas tras caminatas de una hora desde sus casas) se les decía que volvieran más tarde, cuando tuvieran mayor dilatación del útero.
En Ecuador, la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna, dijo que en abril a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, entonces sumergida en un descontrolado brote de Covid-19.
“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera.
También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de Covid-19 sin previo aviso.
Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus. Al principio se lo negaron.
“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer. La médica la regañó y le aseguró que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Pero no era cierto, como demostró un segundo médico que ordenó una ecografía y un test de coronavirus, que resultó positivo.
La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas contra la violencia obstétrica. Sin embargo, no está claro si las autoridades van a investigar estos casos en algún momento, pues ninguna de ellas respondió las preguntas de openDemocracy en México. Tampoco en Argentina, ni en Uruguay, ni en Venezuela.
La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia.
Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de Covid-19”.
“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.
La violencia obstétrica existe, pero no se la nombra
El asesor regional en salud materna de OMS/OPS, Bremen de Mucio, dijo que las situaciones encontradas en nuestra investigación no lo sorprenden, “porque ya existían antes de la pandemia y de hecho la necesidad de que OMS haya desarrollado una declaración específica sobre el maltrato durante el embarazo, el parto y el puerperio da cuenta de que esta es una realidad que se presenta en la casi totalidad de los países… Y lo único que ha ocurrido en la pandemia es que algunas de esas situaciones se han agravado o se han hecho más frecuentes”.
El experto añadió que “lo primero es abogar para que el tema tome la visibilidad necesaria, esto tiene un doble efecto, por un lado que las usuarias conozcan que el problema existe y que los derechos están de su lado. Y al mismo tiempo, dar a entender a los profesionales que prácticas que ellos consideran normales son violatorias de los derechos de las usuarias y que tarde o temprano deben ser punibles”.
De Mucio se explayó asimismo sobre la resistencia que genera en el personal médico la expresión “violencia obstétrica”.
En la declaración de la OMS, firmada por decenas de instituciones relevantes, “debimos hablar de trato irrespetuoso en lugar de violencia obstétrica. Y esto no ha sido por capricho, o por no reconocer que la violencia obstétrica existe”, sino “para evitar cortar puentes de diálogo con las sociedades profesionales, porque hablar de violencia obstétrica genera resistencias que impiden discutir el tema”, sostuvo.
Las leyes contra la violencia obstétrica se hicieron necesarias “ante la constante violación de los derechos de las usuarias. Desafortunadamente, en algunos casos no han sido reglamentadas, o no se han especificado las sanciones que comporta el no respetarlas, o directamente no se monitorea el respeto a estas leyes”, dijo. Más grave aún, según el experto, los profesionales y las mujeres incluso ignoran a veces la existencia de estas normas.
Una anécdota hace explícita esta situación. “Hace unos años, en un congreso de ginecología y obstetricia, el presidente de una gran federación de ginecología y obstetricia de un país de América Latina se jactaba de que, aunque existía una ley contra la violencia obstétrica en varios estados de su país, nunca se había sancionado a un ginecólogo por violencia obstétrica”, sostuvo De Mucio.
Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli y Agostina Mileo.
Este artículo fue publicado originalmente por el proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy
* Colaboración especial de Pie de Página en EMEEQUIS.
