Estamos por cerrar el 20º mes del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, y apenas estamos dándole sentido a aquella frase con la que encabezó su alianza electoral en el 2018: “Juntos haremos historia”. En el Poder Legislativo, Morena cuenta con 252 diputados, más 43 del Partido del Trabajo y 24 de Encuentro Social, total 319 o 63.8%; a esta cantidad habría que sumar los 13 diputados o un 2.6%, del partido veleta Verde Ecologista, lo que subiría el poder a 332 legisladores. ¿Mucha fuerza no? Además, en la Cámara de Senadores, esta misma relación de socios políticos, nos arrojan el siguiente resultado: Morena 60 senadores, PT 6, PES 4 y VERDE, 7, puf… 77 senadores. Por si fuera poco, Morena y sus aliados gobiernan 7 Estados, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. Pero ahí no termina el mapa de esta fuerza emanada del proceso electoral del 2018, además, esta coalición política domina 20 Congresos estatales, y preside los ayuntamientos de casi 350 municipios del país (datos de los reporteros de El Economista, Lidia Arista y Diego Badillo). Obviamente, descartamos la joya de la corona que significa la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, la Presidencia de la República, y todo lo que ella implica.
¿Cuál fue el último presidente de la República que soñó con estas cifras?
A esto sumemos, la conducción de la agenda nacional a través de la estrategia política de las conferencias de prensa, mejor conocidas como las mañaneras, y que a la fecha se han realizado alrededor de 350, conferencias que concentran la atención y dictan los asuntos que la opinión pública nacional debe atender prioritariamente, ya sea de informes de gestión, presentación de proyectos o programas federales, inversión, etcétera, pero también, son la plataforma política predilecta del presidente para combatir a sus enemigos políticos, ya sean partidistas, mediáticos, académicos, de organismos de la sociedad civil no afectos a sus políticas públicas, como los grupos de feministas, por ejemplo, y que, siguiendo con la idea de las cifras, al menos representan a la mitad del país ¿qué 30 o 40 millones de ciudadanos?
En el último tramo de lo que va del período de gobierno de la 4T, de finales de febrero a la fecha, la administración de López Obrador se tropezó con la pandemia provocada por el coronavirus. Desde la aparición del primer contagio a estos días, México tiene registrados, oficialmente, la friolera de más de 385 mil casos confirmados y la lamentable muerte de 43,374 mexicanos y mexicanas, a razón de más de 700 diarios. Sólo para el caso de nuestro Aguascalientes, al domingo 26 de julio teníamos 4,755 contagios y 258 decesos, y sí, son parte de las cifras del presidente AMLO.
A esta serie de terribles números, habrá que agregar otro número negro más. Durante esta veintena de meses de la Cuarta Transformación, debemos incorporarle alrededor de 55 mil muertes violentas a lo largo y ancho del país, derivado de una deficiente o ineficaz estrategia de seguridad pública nacional, a una clara descoordinación y equivocada política en la materia por parte de las autoridades federales, estatales y municipales del país. El promedio de muertes violentas diarias es de 100.
Así, hoy, en el contexto de los efectos de la pandemia y la inseguridad pública, tenemos que han fallecido alrededor de 100 mil mexicanos que, en sentido estricto, no debieron morir, y lo peor, es que alrededor de 800 han de morir en este escenario que todos vivimos cada día. Formalmente, constitucionalmente, hay un responsable, el Gobierno Federal.
Hasta aquí, hemos sólo mencionado los casos tristes de las condiciones de salud y seguridad pública que nos agobian a todos, la población en general y las propias autoridades, sin embargo, no hemos hecho referencia a los problemas derivados de ellos y que están referidos a la marcha de la economía nacional.
Ya desde el cierre del 2019, México había mostrado claras muestras de entrar en un proceso de decrecimiento de sus indicadores de desempeño económico. La creación de empleos formales a diciembre del año pasado, no llegaron a los 380 mil; el crecimiento del PIB se mostró negativo (-0.01%), la deuda, callada, hacía presencia en las estadísticas oficiales, y recientemente, nos enteramos de la llegada de mil millones de dólares para un proyecto federal, aunque el presidente se afanó por silenciar su arribo.
Con la contingencia sanitaria, prácticamente se detuvo la actividad productiva, comercial y de servicios del país entero. La necesaria sana distancia, la determinación emergente de delimitar las actividades económicas esenciales a su mínima expresión, detuvo drásticamente el quehacer formal e informal de millones de unidades económicas de todo tipo, lo que llevó a muchos empresarios, pero sobre todo a los microempresarios, a cerrar. Al menos 12.5 millones de mexicanos perdieron su capacidad de obtener un ingreso, habrá que hacer la proyección de cuántas familias decantaron en la pobreza acentuada. El Banco de México nos habla de que el PIB nacional de este año será de -10%.
Todos estos números, que corresponden necesariamente a los resultados visibles para la población en general, han generado una polarización sobre la efectividad del gobierno encabezado por la 4T, obviamente, la porción de la población que no comulga con los postulados, las estrategias y acciones del Gobierno Federal, atizan en sus errores u omisiones, y los señalan sin tapujos. México está dividido.
Por sí todo este escenario oscuro no fuera lo suficientemente sombrío, está el país entrando a un período que confrontará, inevitablemente, a las dos posiciones políticas que atacan o defienden los resultados del Gobierno Federal. El 2021 está marcado para definir el futuro inmediato de México. Se renovará la Cámara de Diputados, se disputarán 15 gubernaturas, prácticamente la mitad del país, cientos de ayuntamientos serán renovados, así como otro tanto de congresos locales.
Los números de la 4T y sus instituciones se pondrán sin duda en la mesa de discusiones para la definición del rumbo que habremos de tomar.
