El 1 de junio, las autoridades políticas y sanitarias federales, dictaminaron que el país entraría en la informal Fase 4 de la pandemia, originada por el coronavirus desde su entrada en México aquél 28 de febrero pasado. Desde entonces 100 días han transcurrido, castigándonos cada uno de ellos con cifras que poco a poco han ido aumentando y nos han lastimado con datos de hechos sanitarios y, posteriormente, económicos, graves, poniéndonos en una posición difícil y trágica para sobrellevar cada día.
Al sábado 6 de junio, los contagios, a nivel nacional ascendían a 113,619 y 13,511 fallecimientos; a la gravedad de los efectos de la pandemia, habría que agregarle que, de acuerdo a la encuesta “El consumidor digital en medio de la pandemia. El Covid-19 y sus efectos más allá de la salud”, comentada en el El Universal ese mismo día (la encuesta se levantó en la primera quincena de mayo pasado) y señala que el 62% de la población considera como poco o nada confiable la información que el gobierno federal ha dado sobre el desarrollo y las cifras estadísticas de la pandemia, y el 46% de la población, califica como mala o muy mala la actuación de las autoridades federales en su combate a la crisis sanitaria. Esto es grave, ya que la gente no tiene la confianza suficiente en la perspectiva que tiene el gobierno acerca de la evolución de la epidemia, luego, cuestiona o pone en tela de juicio, las recomendaciones que pueda emitir la autoridad. Sin embargo, no podemos dejar de aceptar que el vocero de la Secretaría de Salud para la atención y coordinación de la emergencia de salud pública, López-Gatell, no ha atinado una sola de sus predicciones respecto o al pico de los contagios y la fecha de su declive, o el número de decesos que ha manejado, cifras desde las 6 mil, 8 mil, 12,500, 30 mil y hasta 60 mil defunciones, ello conforme la realidad de la pandemia abofetea sus proyecciones estadísticas. Luego, la burra no era arisca…
Ante esta caótica situación, habría que sumar la abierta rebelión de los gobernadores de los estados, al menos 15 de ellos no concuerdan con la estrategia federal, y que está vinculada al inicio de la apertura económica progresiva del país. El gobierno federal es fuertemente cuestionado por las autoridades estatales en sus propuestas y consideraciones o protocolos para la reactivación económica. Ahora, el gobierno federal y sus aliados, principalmente MORENA, lejos de buscar un diálogo institucional, han optado por politizar el desencuentro, acusando a los gobernadores de tener otros intereses, y que optaron por bombardear al gobierno del presidente López. Aunado a todo esto, en las 383 conferencias mañaneras, celebradas por el titular del Ejecutivo desde su arribo al poder, ha encontrado el sistema para hacer efectivo su “derecho de réplica” ante los medios tradicionales de comunicación quiénes, afirma el presidente, lo atacan “por consigna” de las fuerzas conservadoras y neoliberales que se niegan a remitir ante la nueva transformación del país. Al mismo tiempo, en este escenario de las mañaneras, ha encontrado la forma de atacar a políticos, periodistas, académicos, investigadores, sectores de la población enteros, que no comulgan con él particularmente, o con su 4T, señalándolos, llanamente, como “traidores” a los intereses del pueblo, que él representa y monopoliza.
Efectivamente, México se encuentra en medio de una emergencia de enormes magnitudes, que ya venía desarrollándose desde finales del 2019, cuyos orígenes eran fundamentalmente económicas, ante la gelatinosa estrategia del “cambio” que impulsaba el gobierno federal, basado en su combate y erradicación de la corrupción como el mayor mal del país, a través de un severo plan de austeridad y recorte de los programas y sus métodos de implementación. Adicionalmente, la crítica situación de Pemex y lo oneroso de su “rescate”, sin aceptar que esa paraestatal, se encuentra en una fase muy cercana a la terminal. Las calificadoras financieras internacionales ya han determinado la calidad de los bonos Pemex como basura.
Con la pandemia, las opciones del país y del gobierno federal se redujeron drásticamente. Inegi el pasado 1 de junio en su Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, señala que en lo que va del 2020, y particularmente desde los inicios de la emergencia de salud, México ha perdido alrededor de 12.5 millones de empleos; el Banco de México, en sus proyecciones económicas para este año, considera un decrecimiento de la economía nacional en alrededor del 8.8%, cifra que, en lo general coincide con las estimaciones que otros organismos multilaterales han vertido con relación al futuro inmediato de la economía mexicana. Es cierto que el gobierno federal se revuelve en sí mismo, y procura generar respuestas positivas ante la situación nacional, y asegura que, si bien los pronósticos en el corto plazo son desalentadores, en sus cálculos (deseos), una vez, concluida la etapa crítica de la pandemia y sus efectos en las actividades productivas del país, México resurgirá en un plazo breve y, como dice el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, recuperará los empleos perdidos, la inversión nacional y extranjera inyectarán de los recursos necesarios para la reactivación económica y el T-MEC, rematará la recuperación del país. No podemos sino sumarnos a su optimismo, no porque lo consideremos sólidamente sustentado, sino porque parecería ser que hoy por hoy, nos urge un milagro económico ya.
Ante ésta difícil situación sanitaria y económica, y los estrechos márgenes que otorgan a la gobernabilidad; así como el claro desgaste del ánimo de la sociedad, observamos el surgimiento de eventos sociales de rebeldía y cansancio. En varias localidades del país, se han dado hechos de violencia de las fuerzas oficiales de seguridad, que han llegado incluso al asesinato de ciudadanos inermes, lo que ha generado que algunos sectores, principalmente de jóvenes, salgan a la calle a confrontar a las autoridades. Guadalajara y la Ciudad de México son ejemplos de ello. A las crisis de salud y económica, no sumemos la social, no despertemos al tigre.
