- Las declaraciones del presidente fueron revictimizantes porque usó la palabra ”falsas” y no los términos técnicos del SESNSP: llamadas “procedentes” o “improcedentes”
- Prevalece la falta de certeza sobre el presupuesto para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y la Secretaría de Gobernación no tiene información al respecto
La Oficina de Presidencia se deslindó de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, respecto a que las llamadas al 911 por violencia familiar durante el confinamiento “son falsas” y señaló que quienes pueden responder por los datos son la Secretaría de Gobernación (Segob), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SESNSP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Lo anterior fue respondido en una solicitud de información presentada por la organización civil Equis Justicia para las Mujeres –que acompaña a víctimas de violencia en el acceso a la justicia– a la Oficina de la Presidencia. La ONG pidió lo siguiente:
- Documento que señale la fuente que utiliza el presidente para decir que 90 por ciento de las llamadas son falsas; 2) Documento que señale cuáles son los criterios que se toman en cuenta para señalar que una llamada sea falsa; y 3) Documento que señale cuáles son los criterios que se toman en cuenta para señalar que una llamada sea procedente.
Pocos días después, la Oficina de Presidencia respondió “notoria incompetencia”, es decir, que no le corresponde atender la solicitud. Los sujetos obligados “que pudieran contar con información de su interés” son la Secretaría de Gobernación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SESNSP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), agregó a la respuesta.
En reiteradas ocasiones, el Presidente de México ha negado que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar aumentó durante el confinamiento por Covid-19. Primero, el 6 de mayo, afirmó que las familias mexicanas son fraternas, lo que evitaría la violencia al interior de los hogares. No obstante, durante el primer mes de confinamiento las llamadas al 911 por violencia familiar se dispararon al pasar, en cifras cerradas, de 52 mil en febrero a 64 mil en marzo, el primer mes de la pandemia.
Ante la insistencia de la prensa con base en esas cifras, el 15 de mayo de 2020, el mandatario federal dijo: “El 90 por ciento de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas (..) La mayor parte son falsas, pero esto dicho, informado por las mujeres del gobierno federal, la secretaria de Gobernación, la encargada del instituto de atención a las mujeres, Nadine, que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema.”
Para la Coordinadora del Área de Políticas Públicas de Equis Justicia, Isabel Erreguerena, esta respuesta es preocupante, ya que un Presidente debe responsabilizarse de sus declaraciones, fundamentarlas en datos reales y evitar que sean estigmatizantes, fomenten estereotipos o revictimicen.
De acuerdo con Erreguerena, las declaraciones del presidente –cuyo fundamento aún se desconoce– fueron revictimizantes especialmente porque usó la palabra ”falsas” y no los términos técnicos del SESNSP: llamadas “procedentes” o “improcedentes”.
“Esto equivale a decir que las mujeres decimos mentiras, lo que es grave porque las víctimas (que acompaña Equis Justicia) no quieren denunciar porque tienen miedo de que no les crean. Cuando el presidente usa esta terminología da el mensaje de que las mujeres estamos mintiendo”, expresó.
De acuerdo con Equis Justicia, sería complicado identificar con base en la metodología del Sistema cuando las llamadas de emergencia improcedentes son “falsas”, toda vez que la mayoría son llamadas mudas o que terminan antes. En el caso de la violencia familiar durante el confinamiento, este tipo de llamadas se explicarían por las condiciones en las que la víctima intentó pedir ayuda: “estas encerrada con tu agresor, tuviste la oportunidad de llamar al 911 pero en ese momento entra al cuarto el agresor. No quiere decir que la llamada sea falsa, sino que no tuviste la oportunidad de terminarla”, explicó la experta.
Para la Coordinadora de Políticas Públicas, las declaraciones de AMLO niegan lo que el movimiento de mujeres se ha esforzado por demostrar por años: que la familia no es un lugar necesariamente seguro y que el Estado es responsable de proteger la vida de las mujeres en los hogares. Los datos recopilados por la organización antes de la pandemia refuerzan esa idea: 9 de cada 10 personas que acuden a la justicia por haber sido agredidas por un familiar, 8 de cada 10 que fueron amenazas por un familiar y 10 de cada 10 de quienes acuden por violencia sexual de un familiar, son mujeres.
“Vemos un retroceso en la agenda del movimiento amplio de mujeres (…) Es difícil pero sí hay que decirlo. Hay que cuestionarnos que nunca habíamos tenido un gabinete con tal paridad de género y habíamos tenido tanto retrocesos en la agenda feminista. Es muy preocupante, sobre todo en este contexto”, declaró la experta.
Erreguerena también criticó que el Presidente deslinde a otras dependencia su obligación de informar sobre temas vinculados con los derechos de las mujeres, toda vez que entre sus funciones constitucionales está apoyar el seguimiento de políticas públicas que por su importancia o trascendencia en el desarrollo nacional (como es el caso) debe revisar periódicamente su desarrollo con las demás unidades técnicas y dependencias.
“Ya es una práctica que el presidente no se responsabiliza de lo que dice. Como ciudadanía tenemos derecho a recibir información veráz. También es preocupante en un marco de transparencia, ya que ser transparente no quiere decir solo hacer conferencias en las mañanas sino también rendir cuentas sobre la información que ahí se da”, detalló.
Los dichos de López Obrador, agregó Erreguerena, se reflejan ya en las prioridades y decisiones de esta administración, ya que aunque los datos demuestran que sí aumentó la violencia contra las mujeres (las llamadas al 911 aumentaron 42 por ciento entre abril de 2029 y abril 2020, y en ese último mes mataron en promedio a 11 mujeres), prevalece la falta de certeza sobre el presupuesto para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, la Secretaría de Gobernación no tiene información al respecto y, pese a las exigencias ciudadanas, las Casas de la Mujer Indígena siguen sin el recurso que se le suspendió.
“Esto muestra que las prioridades del Presidente y del gobierno actual son misóginas y racistas. Nos preocupa mucho el tema de cómo se están priorizando los recursos presupuestales”, declaró Erreguerena.
Equis Justicia impugnará la respuesta de la Presidencia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien –confían– podría resolver a favor de la ciudadanía como lo hizo cuando el Presidente dijo que 20 por ciento de los bots eran falsos. En ese caso, el INAI obligó al Presidente a entregar el informe de seguridad que contenía esos datos. “Confiamos en que con esto obliguemos al presidente a tomar en serio el tema de las mujeres y reconocer que lo que dice tiene consecuencias”.
Afirmaciones con datos de 2019
El día que López Obrador declaró que 90 por ciento de las llamadas eran falsas presentó una gráfica para demostrar sus declaraciones. Sólo mostró la diapositiva, la señaló pero no la explicó. Esa gráfica correspondía al número de víctimas de homicidios desagregadas por sexo, no a datos sobre violencia familiar o llamadas al 911. La gráfica mostró que durante lo que va del 2020, los tres días con más asesinadas (con 18 y 17 víctimas por día) fueron el 3 de enero, el 26 de abril y el 3 de mayo; es decir, dos de los tres picos más altos de mujeres víctimas de homicidio en el país ocurrieron durante la contingencia.
Cimacnoticias consultó al respecto de las llamadas al 911 al titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del SESNSP, Luis García López Guerrero, quien dijo que aún no podría determinarse si son falsas las 64 mil 858 llamadas que se recibieron por violencia familiar durante marzo de 2020, ya que esa información aún no se analiza. No obstante, precisó, la aseveración del presidente aplica para las llamadas que recibió en total el 911 durante 2019, ya que la gran mayoría fueron de broma, de prueba o silenciosas. López Guerrero afirmó que en todas las llamadas que se registraron durante marzo de 2020 por violencia familiar, se aportó la información suficiente para que las y los operadores clasificaran la llamada como tal.
Cimacnoticias también consultó al respecto a México Evalúa, una organización civil que analiza el sistema de indicadores en materia de seguridad y violencia de nuestro país. El coordinador del programa de seguridad, David Ramírez De Garay, dijo que los operadores del 911 tienen turnos muy largos, bajos salarios y la capacitación no es suficiente como para categorizar las llamadas como se debe. Además, no existen suficientes protocolos de control para verificar la calidad de la información que se recibe en las llamadas.
En una conferencia del pasado 26 de mayo para explicar los dichos del presidente, el titular del SESNSP, Leonel Cota, detalló que de enero a abril de 2020 el 911 recibió 22 millones 805 mil 882 llamadas “en principio de emergencia”, de las cuales fueron procedentes 23 por ciento (5 millones 451 mil 567). De estas llamadas procedentes, 7.38 por ciento (403 mil llamadas) fueron por violencia contra las mujeres.
Leonel Cota afirmó que recién en abril de este año se firmaron acuerdos de colaboración para que los municipios dispongan de recursos para llevar el seguimiento de las atenciones en las que derivan las llamadas de auxilio, por lo que aún no puede saberse si todas las mujeres que pidieron ayudar por medio del 911 fueron atendidas.
En esa misma conferencia, contrario a lo afirmado por AMLO, el vocero de la Presidencia, Jesús Rodríguez Cuevas, afirmó que durante el confinamiento sí ha habido un aumento “por lo menos en las denuncias de las mujeres” y presentó la campaña “Cuenta hasta 10”, con la que busca aportar herramientas básicas prevenir la violencia familiar. Cimacnoticias también consultó a la oficina de Presidencia y la Segob, por separado, para saber cuál es el fundamento de esta campaña, los gastos y quiénes participaron en su desarrollo; ambas dependencias negaron ser responsables de la información.
Angélica Jocelyn Soto Espinosa|Cimacnoticias
