Gloria Leticia Díaz
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La “estigmatización” de medios de comunicación se ha convertido en la impronta del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Es así como organismos de defensa de la libertad de expresión –la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Artículo 19– coinciden en sus evaluaciones del primer año de la 4T en informes individuales.
Con la variación de un caso de asesinato de un periodista –la RELE sumó 11 casos, y Artículo 19, 10–, sus reportes alertan sobre la imparable violencia contra el gremio periodístico y la impunidad que prevalece en 99% de las agresiones, situación que se arrastra desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en 2011.
De acuerdo con datos enviados por la FEADLE a la Relatoría de la CIDH para su informe anual, en enero de 2019 “sólo 10 de mil 140 (0.13%) de las investigaciones iniciadas habrían terminado en sentencia, cifra que muestra que la falta de consecuencias legales ante una agresión a periodistas provoca la repetición de los hechos y fomenta un clima de intimidación”.
En medio de la violencia criminal, en su informe Disonancia: Voces en disputa, Artículo 19 documentó durante el primer año de gobierno de López Obrador 609 agresiones contra la prensa, 65 más que el último año de Peña Nieto. De los registros recabados por la organización en 2019, 166 casos se refieren a intimidación y hostigamiento, 144 amenazas, 62 ataques físicos, 60 casos de “alteración o remoción de contenido en internet” y 46 de “uso ilegítimo del poder público”. Los estados más violentos para la prensa son la Ciudad de México (84 casos), Quintana Roo (57), Guerrero (51) y Puebla (34).
Tanto la RELE como Artículo 19 coinciden en que el rasgo distintivo de López Obrador ha sido la “estigmatización” de la prensa en sus conferencias “mañaneras”, lo que ha sido replicado por otros funcionarios, además de que la situación se ha traducido en ataques contra medios y periodistas en redes sociales.
Presentado en abril por la CIDH ante los miembros de la OEA, el informe anual de la RELE considera que las conferencias matutinas de López Obrador, “aunque han sido calificadas como una señal de apertura para la prensa de parte del nuevo gobierno, también han sido utilizadas para atacar a diferentes medios de comunicación y periodistas críticos”.
Entre los episodios mencionados en el documento destaca la “mañanera” del 22 de julio, cuando López Obrador descalificó a la revista Proceso y al diario Reforma “indicando que no le gustaba la cobertura que éstos hacían de su gobierno”.
En la descripción del hecho, el informe de la RELE destaca la expresión de López Obrador: “La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros”, luego de ser cuestionado por el reportero Arturo Rodríguez sobre la operación de compraventa de Fertinal.
“A raíz de ello el mandatario dijo, sin mostrar evidencias, que los medios de comunicación no reportaron la política de saqueo del llamado periodo neoliberal. Además, añadió, la revista editorializa, pero no para transformar”, continúa la narración de la RELE.
El documento de la CIDH hace referencia a los ataques contra periodistas por bots, a través de los hashtags #PrensaSicaria, #PrensaProstituida y #PrensaCorrupta, “luego de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador del 31 de octubre, donde el mandatario realizó una serie de declaraciones estigmatizantes contra la prensa”.
Se destaca que los hashtags mencionados “habrían sido usadas por 28 mil 161 usuarios y generaron alrededor de 34 millones de impresiones”.
