- Congreso del Estado modificó el Código Penal para sancionar a quien realice daños en ecosistemas
- Tras esta propuesta, se espera mejorar la voluntad política y el financiamiento para conservar ecosistemas
El Congreso del Estado aprobó modificaciones al Código Penal que permite sancionar a aquellos que desechen o abandonen residuos o emitan gases que dañen al ecosistema y a la atmósfera, las sanciones podrían ser de uno a diez años de prisión, el pago de multa y la reparación de los daños.
La conservación de los ecosistemas es importante por varias razones: la preservación de la megadiversa flora y fauna que existe en México, así como las especies endémicas, para reducir el impacto del cambio climático, garantizar el balance con otros ecosistemas y mantener el ciclo del agua y otros recursos naturales
Según los objetivos 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, los países pertenecientes deberán de crear estrategias para mitigar el cambio climático que está afectando todos los continentes, así como acciones que protejan la vida terrestre y promuevan una producción y consumo responsables.
“Los cambios que hemos realizado a los ecosistemas naturales con frecuencia nos han brindado beneficios a corto plazo, pero estos han resultado en una pérdida a gran escala, degradación y uso no sostenible de los recursos. Al valorar y divulgar la contribución que las áreas protegidas hacen el bien humano, esperamos mejorar la voluntad política y estimular el incremento del financiamiento”, expuso la diputada Elsa Amabel Landín Olivares en la iniciativa.
Con 23 votos a favor, en la pasada sesión ordinaria del pleno legislativo, se aprobó la modificación del artículo 191 del Código Penal para el estado de Aguascalientes, con lo que serán castigados quienes abandonen materiales o residuos contaminantes, o fuentes fijas de emisiones contaminantes de gases.
De uno a diez años de prisión, el pago de una multa, la reparación de los daños y la suspensión e inhabilitación de actividades laborales de seis meses a dos años, son las sanciones a las que podrían ser acreedores quienes dañen a ecosistemas en el estado.