APRO/Mathieu Tourliere
Una nueva denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) ayer exige a la dependencia que investigue, con base en evidencias publicadas en Estados Unidos, sobre la participación de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en los operativos “Gunrunner”, “Wide Receiver” y “Rápido y Furioso”, que dispersaron armas de fuego en México y alimentaron la imparable ola de violencia que sigue arrasando hoy; y recordó que una de estas armas incluso estaba en manos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera cuando fue detenido, en enero de 2015.
De acuerdo con el escrito de la denuncia –presentada ayer por una institución académica, una organización y un despacho reunidos en la iniciativa [DES]arma México, A.C.–, existen evidencias que muestran la participación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –a cargo de Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez, sucesivamente–, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –dirigida por Genaro García Luna– o la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seidi) en los fracasados operativos.
En una conferencia virtual realizada hoy, Sergio Aguayo Quezada –quien dirige el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, la investigadora mexicano-chilena Miriam Morales Sanhueza –de [DES]arma–, el investigador Santiago Corcuera Cabezut y el abogado Javier Schütte Ricaud –quien firmó la denuncia– presentaron los pormenores de la denuncia, insistiendo en su intención de no violar la presunción de inocencia de nadie.
Nota “tímida”
Aguayo aseveró que la Cancillería mexicana se vio “tímida” cuando envió una nota diplomática al gobierno estadunidense para conocer detalles sobre los operativos, pues consideró que la dependencia debió formular una petición más dirigida a las agencias estadounidenses involucradas, para sacar toda la verdad del caso.
“Necesita ser más proactivo, exigir cosas más puntuales, además de información, por supuesto”, dijo el investigador, al añadir que en Estados Unidos podrían presentarse obstáculos por parte del “lobby armamentista”.
De hecho, la denuncia de exige a la FGR que, en caso de que la solicitud de la Cancillería resultara insuficiente, se extiendan peticiones de información a la ATF, el Departamento de Justicia, la Agencia Antidrogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los servicios tributarios (IRS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la Oficina del Fiscal Federal de Arizona.
Entre los elementos que destacó la denuncia figura la investigación que se llevó a cabo en el Congreso estadunidense, según la cual el 26 de septiembre de 2007 agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se comunicaron con autoridades mexicanas –probablemente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)– para monitorear una entrega controlada de 19 armas de uso militar y seguir a los traficantes desde la frontera; sin embargo, los agentes mexicanos les perdieron la pista y las armas se esfumaron.
También planteó que Medina Mora, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), discutió con el “contacto” y con el agregado de la ATF en la Ciudad de México respecto al operativo.
Wikileaks
La denuncia también rescata un cable diplomático revelado por la organización Wikileaks, en el que se informó sobre una reunión sobre tráfico de armas llevada a cabo el 9 de octubre de 2009 y en la que participaron agentes del FBI, la DEA y la ATF y funcionarios mexicanos de la Cancillería, la PGR, la SSP, el Ejército y la Marina, el Cisen y la propia Oficina de la Presidencia de la República de Calderón; aparte, señaló que existían instancias binacionales para coordinar el tema del tráfico de armas.
“Si en el contexto de dichos acuerdos no se discutió con las autoridades mexicanas que el objetivo de la captura de dicha información (una base de datos de armas incautadas) era el seguimiento a las armas que ‘dejarían pasar’ como parte de los operativos mencionados, entonces se les tomó el pelo (…) si, en cambio, como es nuestra tesis, autoridades mexicanas de distintos niveles sí sabían que éste era el objetivo, son corresponsables del ingreso de armas de fuego a nuestro territorio y de haberlas puesto en manos de la delincuencia organizada”.
El investigador Santiago Corcuera recordó que el despliegue militar contra la delincuencia organizada desencadenó una ola de violencia que hasta la fecha sigue agravándose y, tras resaltar que en México se producen de manera regular crímenes contra la humanidad –los cuales permanecen en total impunidad—, recordó que “han llegado casos en instancias internacionales donde se analiza y se sentencia al Estado mexicano precisamente por la actuación del gobierno, particularmente de Calderón”.
El experto, quien formó parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las ONU entre 2013 y 2017, recordó que Calderón se negó de manera reiterada a permitir la visita a México del experto de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, y ello en plena explosión de la violencia homicida en el país, que dejó más de 120 mil muertos durante el sexenio del entonces panista.
Miriam Morales también recordó que el expresidente Calderón promovió la doctrina del “enemigo interno”, con el que criminalizó a los jóvenes y a los pobres del país, “por decir que están condenados a la delincuencia”.
