APRO/Gloria Leticia Díaz
La exposición del presidente Andrés Manuel López Obrador a los reclamos de familiares de desaparecidos por la conducción de la política de atención a las víctimas, culminó con el cese de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, quien habría puesto en evidencia que la austeridad republicana enarbolada por la 4T sólo conduciría a la “parálisis” de la dependencia ante las fallas arrastradas desde su creación en 2014, como parte de la Ley General de Víctimas (LGV).
Reactivadas las giras presidenciales, en la última semana López Obrador fue impugnado por madres veracruzanas por no escucharlas, como sí lo hizo con la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, durante una gira por Badiraguato, Sinaloa, semanas atrás. El reclamo se repitió en Hidalgo, donde un hombre de la tercera edad exigió al mandatario la presentación de su hijo desaparecido.
Lo que pesó en el ánimo de López Obrador en el caso de Gómez Pérez fue un plantón frente a Palacio Nacional, que se instaló inicialmente para exigir la reintegración de 75% del presupuesto del gasto operativo de la CEAV, que retuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como medida de austeridad ante la pandemia, información transmitida por la entonces titular de la comisión en un comunicado fechado el lunes 2 y en diversas entrevistas con medios, Proceso incluido.
Luego que López Obrador; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en diferentes momentos sostuvieran que la atención a víctimas no estaba en riesgo, la demanda de los plantonistas mutó a exigir la cabeza de Gómez Pérez, a quien acusaban de “desmantelar” la CEAV desde que fue nombrada por el Senado, el 10 de diciembre de 2019.
La tarde del jueves 18 Gómez Pérez fue convocada por Sánchez Cordero al Palacio de Cobián. “El presidente ya no quiere ver el plantón”, fue el argumento usado para pedirle la renuncia, sin aceptar mayores explicaciones, cuentan a este medio fuentes de la CEAV que solicitaron confidencialidad.
Un día después, desde Morelos, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador responsabilizó a las familias de víctimas del cese de la funcionaria.
Tras la separación del cargo, se tiene prevista una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la CEAV presidida por Encinas Rodríguez, programada para el miércoles 24, para discutir en torno a la vacante que dejó Gómez Pérez, mientras desde el Ejecutivo se designa una nueva terna para ser sometida a la aprobación del Senado.
El decreto de abril
De acuerdo a fuentes consultadas por esta reportera, la renuncia de Gómez Pérez se debió al disgusto que provocó en López Obrador revelar la retención de 75% del gasto operativo de la CEAV por parte de la SHCP, al considerar que no era prioritaria para el gobierno, como lo son las construcciones del Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Para este año la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida de 855.4 millones de pesos para la CEAV, de los cuales 254 millones estaban destinados a Materiales y Suministros (capítulo 2000) y Servicios Generales (capítulo 3000), recursos fundamentales para la operación del organismo que no cuenta con instalaciones propias ni equipo, en tanto que desde su creación, de esos fondos se han solventado los servicios personales de médicos, psicólogos y abogados, entre otros profesionales.
El decreto del pasado 23 de abril sobre las “medidas de austeridad” –que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año– ordena afectar con 75% del presupuesto de las partidas 2000 y 3000 de las entidades federales, a excepción de 38 programas prioritarios, entre ellos las entidades dedicadas a la defensa de derechos humanos.
Ante ese ordenamiento, el 24 de abril Gómez Pérez pidió por escrito al titular de la SHCP, Arturo Herrera, que exentara de su aplicación a la CEAV, petición que fue desestimada cinco días después en un oficio en que la dependencia le advirtió que “deberá sujetarse a lo establecido en el decreto de referencia”.
Previa a esa comunicación, Gómez Pérez ya había peleado ante Herrera que no fuera tocado el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), luego de que el 2 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ordena la extinción o terminación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica.
El 3 de abril Gómez envió un oficio al secretario para explicar que el FAARI –que este año cuenta con un presupuesto de 430 millones de pesos– es un instrumento financiero de pago para la reparación íntegra a favor de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, que tiene sustento legal en la LGV y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Herrera aceptó que el FAARI quedara excluido del decreto.
Cuando la CEAV fue alcanzada por el decreto del 23 de abril y se buscaba convencer a Herrera de que esa instancia atendía a víctimas de violaciones a derechos humanos, el 4 de mayo devolvió a la SHCP 48.6 millones de pesos, correspondientes a gasto no comprometido, como viáticos y eventos que se tenía contemplado llevar a cabo durante el año.
Sin embargo, el 29 de mayo, la Dirección General de Recursos Financieros de la SHCP reiteró a la CEAV que “todas las unidades, sin excepción, deberán acatar la instrucción del presidente de la República”, por lo que exigió una devolución adicional de 90.8 millones de pesos, para sumar 139.4 millones de pesos, equivalentes a 75% de las partidas para Materiales y Suministros y Servicios Generales.
La respuesta de Hacienda orilló a Gómez Pérez a pedir ayuda a Encinas Rodríguez, para advertir a Herrera del riesgo en que se colocaba a la CEAV con la contracción de los fondos. Sin embargo, el lunes 1 el funcionario le notificó que la medida hacendaria era irreversible.
Mara Gómez jugó entonces su última carta: exponer públicamente, mediante un comunicado, que someter a la CEAV al decreto de austeridad implicaría la parálisis de la institución.
Los problemas de fondo
Para el gobierno de López Obrador la CEAV no es una dependencia prioritaria, como lo puso en evidencia Gómez Pérez. Más aún, la institución arrastra una serie de irregularidades desde su creación.
No sólo no es propietaria del edificio central ni de las 32 oficinas con que cuenta en el país; “gran parte de su personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing”. En esas condiciones está 60% de los 388 empleados de las oficinas centrales.
En su comunicado la entonces titular de la CEAV informó que al llegar se encontró con 453 juicios de amparo contra la dependencia y 46 juicios laborales “por montos millonarios”.
Según estimaciones compartidas de manera extraoficial a Proceso, de verse obligada a pagar todos los juicios de amparo, la CEAV necesitaría mil 500 millones de pesos que tendrían que ser cubiertos por el FAARI.
Sin presupuesto operativo, Gómez advertía que estaba en riesgo “el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas, con los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras”.
En números, las víctimas afectadas por el recorte serían mil 874 que cada año reciben asesoría jurídica; 7 mil 200 personas que al mes reciben atención psicológica, social, médica y orientación jurídica en las oficinas de la CEAV en todo el país, y 5 mil que cada mes tramitan las ayudas alimentarias y de hospedaje.
Ante la exhibición mediática, la noche del lunes 1 la SHCP descongeló 44 millones de pesos, que sólo le permitirían a la dependencia cubrir los gastos comprometidos hasta agosto.
