La semana pasada Twitter fue lugar de otro debate con implicaciones políticas, una costumbre ya en esta red social. La controversia fue la siguiente: un artículo publicado en El Universal generó polémica debido a sus afirmaciones respecto a lo que se había dicho en una junta de directivos y profesores-investigadores de un centro de investigación. Dichas afirmaciones fueron desmentidas por el centro. Sin embargo, a pesar de que el contenido del artículo era exagerado e incorrecto, varios usuarios cuestionaron las políticas del Ejecutivo y generaron empatía con la comunidad académica y científica del país.
Mientras aquel grupo de usuarios responsabilizó al presidente directamente, algunos individuos hicieron lo contrario: culparon a los estudiantes sobre las acciones que está tomando el Ejecutivo. ¿Por qué ocurrió lo anterior? Por su decisión de haber votado en 2018 por el mismo grupo que hoy está atentando contra su futuro académico. Muchos de estos estudiantes dicen estar decepcionados y engañados: «no se podía saber».
Personalmente disiento con mis compañeros y paisanos para mí si era una obviedad el resultado que veríamos una vez ellos tomarán el poder: el principal signo de alarma fue la personalidad y el lenguaje utilizado por la otrora campaña política del Ejecutivo. No obstante, burlarse de ellos por sus decisiones pasadas no es la solución a los problemas de nuestra democracia. Responsabilizarles por las acciones que un político está tomando tampoco es el remedio.
La solución a los problemas de nuestra débil y joven democracia podría plantearse desde la reconsideración de la democracia actual a través de sus términos y condiciones. Al igual que cuando adquirimos un producto en internet, nos inscribimos en una red social o utilizamos un sitio web para una actividad específica, existen ciertas reglas explícitas e implícitas que aceptamos al participar en el proceso democrático de nuestro país.
Es muy probable que los mexicanos desconozcan estos términos y condiciones: en 2017, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reportó que una muestra de 1,200 personas el 56.2% de los mexicanos desconocía lo expuesto en la Constitución; asimismo, sólo el 24% de las personas afirmó que deseaba un sistema más democrático.
Pero ¿qué implicaciones tiene el saber o no saber sobre estos términos? Al igual que cuando aceptamos los términos y condiciones de un privado accedemos a dar ciertos datos personales o derechos para utilizar sus servicios. Por ejemplo, en 2014 CNN Money reportó que la red social LinkedIn podía reclamar la autoría de cualquier contenido compartido por los usuarios. El conocimiento de los términos y condiciones de los servicios privados no es mejor a los de una democracia: en Estados Unidos solamente 9 de cada 100 personas aceptan los términos y condiciones de un servicio sin siquiera leerlos.
Desconocer estos términos y condiciones de los servicios de un privado es preocupante y riesgoso, aunque los abusos de los privados pueden llegar a ser resueltos por las instituciones gubernamentales que, en principio, protegen a los ciudadanos. Desconocer las reglas de nuestra democracia es un peligro mayor, fundamentalmente si no existen mecanismos con legitimidad suficiente para resolver los abusos de nuestros gobernantes.
Los términos y condiciones de nuestra democracia están presentes en nuestras leyes: implican los requisitos para poder votar y ser votado, los requisitos para formar partidos políticos, las reglas a seguir para declarar la victoria de un candidato, los mecanismo a utilizar para conseguir participar en el proceso electoral, etcétera.
Sin embargo, más allá de las normas que aceptamos por participar en los procesos electorales los términos y condiciones se extienden a otras vertientes de la democracia: libertades y derechos humanos, aspectos de buena gobernanza, responsabilidad política y ciudadana, mecanismos de rendición de cuenta o participación ciudadana en la justicia.
Para una persona es difícil conocer todos los términos y condiciones de nuestra democracia (electoral o extendida). Generalmente, el individuo no se cuestiona estos términos y condiciones porque simplemente desconoce de su existencia. Aquí podemos debatir extensamente sobre cuál es la razón por la que ocurre dicha situación: entre muchas razones, puede ser debido a la poca legitimidad de nuestras instituciones y la alta desconfianza de los ciudadanos a nuestra democracia; los ciudadanos no creen que la democracia exista debido a la corrupción, desigualdad y problemas sociales que imperan o consideran que la democracia no es preferible a los regímenes autoritarios.
Por tanto, no se genera una acción colectiva para modificar al sistema o una acción individual mínima ejercida a través de los procesos electorales. Ejercer esa acción mínima implica una reflexión sobre la legitimidad que tiene el proceso electoral mismo, si los candidatos de una elección representan fielmente sus ideales personales y si, una vez electos, cumplirán con sus promesas o si verdaderamente se podrá instrumentar un cambio sociopolítico.
Anthony Downs ya lo dijo: “el voto es irracional porque implica muchos costos, además, el voto personal de un individuo no tiene valor en el resultado de una elección”. Y si votar es irracional, entonces la responsabilidad que tienen los individuos sobre las acciones políticas de un gobernante es nula, sobre todo si la rendición de cuentas es débil. Al votar, decidimos participar bajo las reglas de nuestra democracia y cuando lo hacemos renunciamos a la responsabilidad individual. Evidente es que sería mejor que si fuésemos responsables directos de las acciones de los políticos, puesto que también seríamos garantes de la democracia de una manera directa, la ciudadanía sería legítimamente parte de la gobernanza.
No se logrará un cambio democrático hasta que no existan suficientes incentivos para que surja la acción colectiva preocupada por los alcances y limitaciones de nuestra democracia y por las cesiones que hacemos en sus términos y condiciones. Generar lo anterior es difícil, porque para lograr cambios se necesita participar en la democracia y aceptar los términos y condiciones. Si no se logra un cambio político con el grupo vencedor en una elección se renovará la esperanza en el siguiente ciclo electoral, creando así un bucle.
¿El cambio democrático vendrá entonces de la voluntad de un individuo o quizá no vendrá porque para ello se necesita una acción drástica? A lo mejor, los mecanismos para que los ciudadanos impulsen cambios estén siendo inutilizados o, genuinamente, solo sirvan a la merced de las élites. Es posible que pasen décadas para que, en primer lugar, los ciudadanos conozcan los términos y condiciones de nuestra democracia; en segundo lugar, que se cuestionen estas normas y deseen modificar el sistema; y, por último, que podamos instrumentar estos cambios de una manera efectiva.
