Pese a las expectativas en materia de libertad de expresión que generó el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no cesaron durante su primer año de gobierno, alcanzando a 609 periodistas y cobrando la vida de diez, advirtió la directora regional para México y Centroamérica de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.
Durante la presentación del informe anual “Disonancia: Voces en Disputa”, Ruelas detalló que el número de ataques contra el gremio periodístico registradas en 2019 representan un crecimiento de casi 100% respecto del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto y un aumento de 12% con respecto al registro de agresiones del 2018”.
La defensora del derecho a la libertad de expresión resaltó que, al principio de la administración, hubo expectativas de cambio por el compromiso presidencial de acabar con la censura, por la disculpa pública a la periodista Lydia Cacho y la liberación de órdenes de aprehensión contra sus agresores; por la reducción presupuestal para a la contratación de publicidad oficial; por la elaboración del diagnóstico sobre las fallas del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como la autonomía de la Fiscalía General de la República establecida en su Ley Orgánica.
Frente a los avances, “durante este año fuimos testigos de nuevas amenazas que surgen a través de la estigmatización al trabajo periodístico desde la tribuna presidencial”, alertó Ruelas tras nombrar a los diez periodistas asesinados en 2019, en su discurso transmitido por redes sociales.
La directora de la organización internacional sostuvo que el presidente López Obrador “hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno (y) decidió neutralizar o anular a cualquiera que buscó cuestionar su relato. Confundió la resistencia de sus adversarios y las viejas élites, con la racionalidad de aquellos que buscaban entender e informar sobre la estrategia que respalda la narrativa”.
La defensora lamentó que la impunidad se mantiene como la regla en materia de acceso a la justicia, pues de los mil 614 casos que ha tramitado la Fiscalía Especial en Atención a la Libertad de Expresión (FEADLE), 99% sigue sin resolverse, lográndose apenas 14 sentencias contra autores materiales, “sin lograr vincular a aquellos que dieron la orden de agredir”.
En cuanto al Mecanismo de Protección, que tenía bajo su responsabilidad la seguridad e integridad de mil 162 personas, de las cuales 384 son periodistas, Ruelas destacó que hasta ahora no se han instrumentado el centenar de recomendaciones que hizo la ONU-DH.
Al sostener que el derecho a disentir “no está garantizado”, Ruelas dio cuenta de que, en el primer año de gobierno, López Obrador señaló como “fifís”, “conservadores” e “hipócritas” a medios y periodistas críticos de su administración, que terminaron como “detonantes” de amenazas contra periodistas que cubren la fuente presidencial, lo que representa el 15% del reporte de agresiones ocurridas en la Ciudad de México.
De acuerdo con los reportes de Artículo 19, el año pasado las agresiones clasificadas como “uso ilegítimo del poder público” por parte de los tres ámbitos de gobierno se incrementaron en 100% por ataques como “estigmatización por medio de la comunicación oficial, amenazas de acciones legales y campañas de desprestigio”.
En su reporte, la organización detectó el uso de cuentas automatizadas en redes sociales, así como “una articulación coordinada y sostenida de redes para favorecer la imagen de los gobiernos, locales y federal, y reducir el alcance de las voces críticas y disidentes”, reflejándose en “oleadas de agresiones” contra periodistas, sobre todo mujeres.
En el 43% de las 609 agresiones se identificó como perpetradores a funcionarios públicos de los tres ámbitos de gobierno, sobre todo a nivel estatal y municipal, y que la cobertura de información política y relacionada con la corrupción se convirtió en el 56% de la causa de los ataques.
Los registros de Artículo 19 alertaron sobre un incremento de violencia contra la prensa en la Ciudad de México, mientras que Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz se mantuvieron como “los estados más violentos”.
Se mantiene la concentración del gasto
En cuanto a la publicidad oficial, la directora regional de la organización de defensa de la libertad de expresión reconoció la disminución considerable del gasto del Gobierno Federal, al pasar de mil 550 millones de pesos en 2018 a 10 millones 725 mil pesos en 2019.
Sin embargo, “la concentración del gasto sigue existiendo y no sabemos bajo qué criterios”, pues el 57.26 % se distribuyó entre 15 medios, y el 42.74% entre 476 medios de comunicación. Los principales beneficiarios, con 30% del gasto total, fueron Estudios Azteca, con 10.87%, Televisa con 10.84% y La Jornada con 8.03 por ciento.
Sobre las conferencias de prensa matutinas, Ruelas destacó que, durante el primer año de este ejercicio, se pudo demostrar que “no son un espacio informativo” y que, por el contrario, contribuyeron al incremento de solicitudes de información y recursos de revisión hacia la Presidencia de la República, registrándose un aumento de 817% de recursos de revisión “en contra de la falta de respuesta, inexistencia o clasificación de la información por parte de la Presidencia”.
Lamentó que hasta ahora no se haya concretado el compromiso de López Obrador de llevar el servicio de internet a todas las comunidades, pues hasta ahora 34.2 millones de personas no tiene acceso y 16.3 millones de hogares no disponen de conexión a internet.
Entre las recomendaciones que la organización formuló al nuevo gobierno destacan el combate a la impunidad de los crímenes contra periodistas; garantizar la protección al gremio; promoción del “desarrollo mediático y la independencia de los medios de comunicación”; alentar el acceso a la información en todo el país, incluidas las comunidades más alejadas y vulnerables; “combatir la desinformación con más y mejor información”; eliminar “el uso del lenguaje estigmatizante, discriminatorio y de incitación a la violencia, y reconocer la importancia de las mujeres en el espacio público”.
Se ha exacerbado el ambiente hostil: Jorge Carrasco
Durante el foro virtual, el director de la revista Proceso, Jorge Carrasco, coincidió en que la expectativa de que México dejaría de ser considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Sin embargo, al paso del primer año de gobierno de López Obrador no sólo no se ha cambiado la situación, sino que “se ha exacerbado el ambiente hostil para la prensa”.
Carrasco advirtió que durante este año se advierte una “sofisticación del control de la información” a través de las conferencias matutinas, en las que no solamente se pretende imponer su agenda a la opinión pública, lo cual es válido, pero también transmite mensajes que generan un ambiente contrario a quienes cuestionan el poder público.
“Cuando desde la Presidencia de la República se usa la máxima tribuna, el atril con el Escudo Nacional, con el Palacio Nacional de fondo, el mensaje es poderosísimo, porque se utilizan los símbolos del poder para señalar a la prensa amiga o enemiga”, información que es procesada por los simpatizantes de López Obrador en redes sociales, dijo el director de Proceso: “Ahí entra la sofisticación, con la generación de mensajes a través de redes sociales para atacar a la prensa. Entramos en un momento nuevo de control, sin cambiar el viejo uso discrecional de recursos públicos; ahora la prensa estigmatizada desde el poder con el apoyo de grupos sociales pagados o no, de tal forma que no hay manera de ser disonantes en México, a riesgo de convertirse en objeto de ataques”.
Cecilia La Hoz, abogada de la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lamentó los escasos avances en la atención de las observaciones que hizo la organización tras su visita a México en 2017.
Al señalar que uno de los “retrocesos” que tiene el país en materia de libertad de expresión es precisamente el uso de las conferencias matutinas como “plataforma para atacar la disonancia”, La Hoz consideró que es posible vincular los señalamientos estigmatizantes con las agresiones a la prensa.
Las evidencias de lo anterior estarían en las amenazas de muerte contra directivos del Grupo Reforma y las recientes amenazas presuntamente del cártel de Sinaloa sobre hacer estallar sus instalaciones.
“Ante estas situaciones se tiene que atender cuál es el impacto de los señalamientos, que no sólo puede generar agresiones en concreto, sino autocensura por temor”, agregó la relatora de la CIDH al destacar que la organización internacional tiene contabilizados 11 asesinatos de periodistas durante 2019, lo que sigue colocando a México como uno de uno de los países más peligrosos en el continente para ejercer la libertad de expresión.
También participaron en la mesa de discusión Yásnara Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora y activista de los derechos lingüísticos, y Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de Buenos Aires, Argentina.
Gloria Leticia Díaz
