Un chat que está a 3, 2, 1 de llegar a los ojos de Irma Eréndira Sandoval (SFP) ofrece detalles de un grupo de funcionarios que “busca reconfigurar viejas alianzas financieras” para obtener contratos ventajosos de obra pública. ¿Quiénes son estos emisarios del pasado?
EMEEQUIS
Algunos funcionarios de la 4T aprovecharon la convalecencia de Irma Eréndira Sandoval, que padeció Covid-19 hace unas semanas, para rebelarse a las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Se trata de un grupo de “emisarios del pasado” que se han reagrupado en el sector de los puertos del país para “resucitar” redes de corrupción.
Al menos eso es lo que se coló la semana pasada en un chat de WhatsApp utilizado por algunos servidores de altos vuelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Según nos comentan, la conversación que se efectuaba en dicho chat quedó suspendida unos segundos, acaso un par de minutos, después de que se mencionó que los rebeldes estaban ligados al viejo “cártel de la corrupción” que floreció justamente dentro de los linderos de la SFP en tiempos de Felipe Calderón.
La rebelión ocurre en la cancha de Héctor López Gutiérrez, coordinador general de Puertos y Marina Mercante, pues el desobediente en cuestión es Raúl Correa Arenas, director de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC), quien se ha negado a reponer un procedimiento de licitación que Irma Eréndira ordenó repetir: el de la construcción de un distribuidor vial que conectaría La Mira (Michoacán) con la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero.
Por el contrario, acusan algunos participantes del chat, el señor Correa anda muy ocupado rearmando redes que medraron hace años en la misma zona, y tiene ¡dos meses! sin revisar la correspondencia que llega de la SFP.
“El cártel de la corrupción”
El historial del prianista en cuestión es bastante contundente. Raúl Correa Arenas se acomodó por primera vez en el sector portuario, y justamente en Cárdenas, en tiempos de Vicente Fox; después estuvo metido en una de las constructoras más corruptas y consentidas por el calderonismo, TRADECO; y finalmente saltó al Pemex de Emilio Lozoya, quien fue acusado de recibir sobornos de la oscura constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos.
En 2002, Correa Arenas llegó a APILAC como gerente de ingeniería, de la mano de Juan Paratore, que era titular de la misma.
Al grupo de Paratore se le llegaría a conocer como “el cártel de la corrupción” (así lo llamó la revista Proceso en enero de 2011), cuando este se desempeñó como director general adjunto de Auditoría de Obra Pública de la secretaría de la SFP, que encabezaba Salvador Vega Casillas, todo un pájaro de cuenta.
¿Y de dónde venía Vega Casillas? En efecto, de la APILAC, donde había sido subordinado de Paratore, que lo tenía como gerente de Comercialización. Paratore, Raúl Correa y Casillas eran una especie de grupo compacto.
Ese fue el equipo que, en 2003, concibió una operación para burlar los resultados de una licitación.
Resulta que la SCT licitó la terminal TEC-I, la cual fue ganada por Grupo Mexgal. Cuando apenas se había cumplido un mes de haberse dado a conocer el fallo, Paratore y sus dos escuderos de la APILAC consiguieron que Mexgal revendiera la concesión a los chinos de Hutchison Port Holdings (HPH), después de una estudiada labor de intemediación.
Cuando en el sexenio siguiente surgieron denuncias contra esa operación fraudulenta, Vega Casillas ya era titular de la SFP y Paratore el encargado de las auditorías.
Raúl Correa se integraría a la SFP hasta 2011, como responsable del Órgano de Control en Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Becado de TRADECO
Correa Arenas ingresó en 2013 a TRADECO, una de las empresas más cuestionadas por haber sido beneficiada por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. TRADECO pertenece a Federico Martínez Urmeneta, hijo de Federico Martínez Salas, quien fuera subdirector de Ingeniería y Obras Estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex), división Exploración y Producción, en la gestión Fox.
Versiones de prensa estimaban hasta en 54 mil millones de pesos la facturación de TRADECO con los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), que atribuían a las relaciones de Martínez Urmeneta con el exsenador Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del presidente Felipe Calderón, y con Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia en esa gestión.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó sobrecosto de casi mil millones de pesos en la construcción del puente “Baluarte”, en la carretera Durango-Mazatlán, ejecutada (2007-12) por un grupo de contratistas encabezados por TRADECO.
En 2014 se asoció con Constructora Teya S.A. de C.V., del cuestionado empresario Juan Armando Hinojosa, para pujar por la obra que en tiempos de Peña Nieto se planeaba para suplir el aeropuerto de la base militar de Santa Lucía.
Correa Arenas llegó a la empresa de Martínez Urmeneta como asesor de obras marítimas y portuarias.
Del Pemex de Lozoya a la 4T
En 2015, Raúl Correa saltó al gobierno de Enrique Peña Nieto, y concretamente al equipo del funcionario que marcaría el sexenio del mexiquense como una era de corrupción mayor: el de Emilio Lozoya Austin, director de Pemex.
Lozoya fue acusado de triangular recursos provenientes de la corrupta empresa Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, y después, de recibir al menos 13 millones de dólares de dicha empresa a cambio de contratos de obra con la petrolera mexicana. Actualmente, Lozoya se encuentra preso en España, pendiente del juicio de extradición a México.
Raúl Correa Arenas se integró al equipo de Lozoya en 2017, como subgerente de la Unidad de Responsabilidad.
A pesar de todo, Héctor López lo subió a la gestión cuatroteísta en 2018, a donde lo recibió con carpeta roja. Pero eso no es lo peor, sino que, envalentonado por las deferencias de que ha sido objeto, Correa Arenas cree que con la APILAC le dieron un feudo propio, según se dice en el famoso chat, donde “busca reconfigurar viejas alianzas financieras”.
Desafiando a la 4T
A finales de abril, las constructoras michoacanas integradas en el consorcio Construcciones Loros y Asociados, se inconformaron porque detectaron que APILAC había cargado los dados a favor de Grupo INDI (GAMI) y de ICA Constructora, que “ganaron” la licitación de la construcción de un distribuidor vial que conectará Michoacán con Zihuatanejo.
El consorcio de Grupo INDI (GAMI)-ICA Constructora cotizaron la obra en 57 millones de pesos por encima de la oferta de Construcciones Loros, y aun así obtuvieron el contrato.
La SFP declaró la nulidad de los argumentos de APILAC y ordenó la revisión de la propuesta en 6 días hábiles; sin embargo, han pasado dos meses.
Correa está más ocupado, según se comenta, en revivir algunas redes del “cártel de la corrupción”, pues impulsa negocios de APILAC con las empresas American Ports y Mexmarine, con las cuales ya tuvo “componendas” entre 2002 y 2007.
De nada ha servido avisarle a Héctor López sobre la rebelión de su subordinado, y menos sobre sus operaciones financieras con empresas de la zona de Cárdenas. Y es que Héctor López anda muy ocupado en sus pesquisas para hallar al que “anda hablando mal de su gestión al ingeniero Jiménez Espriú” y “filtrando cosas a la prensa”.
Por eso, la alarma se envió mejor a Herr Herman Deutsch, asesor del presidente López Obrador en materia de puertos, para ver si puede meter en cintura a los rebeldes de la 4T.
También se comentan que el revelador chat está a 3, 2, 1 de llegar a los ojos de Irma Eréndira, quien podría tomar cartas en el asunto.
@emeequis