Los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han formado un bloque para tratar de encontrar soluciones regionales no frente a la violencia o la pandemia, sino de cara a un reto igualmente complejo: el desdén que perciben del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este prolijo relato quedan en evidencia por qué esos mandatarios piden no solo la revisión del pacto fiscal, sino ser tomados a la hora de definir la fecha de retorno a clases: ya han dicho que no irán con el calendario que imponga la SEP federal
Llevan ocho reuniones, pero el “teléfono rojo” no ha sonado.
Desde hace dos meses, los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se han reunido cada semana para articular una respuesta conjunta a la epidemia de Covid-19 ante la falta de coordinación con el gobierno federal. Los encuentros han sido no sólo públicos sino destacados en distintos informativos. Sin embargo, no atraen la atención de Palacio Nacional. Antes han logrado que otros dos gobernadores se sumen a sus conversaciones, y que éstas ahora incluyan temas estructurales, como la relación económica de los estados con la federación, y no sólo sobre la pandemia.
Para gobiernos estatales, la llegada a México del nuevo coronavirus ha consolidado tres escenarios: Los estados aprecian su real dimensión la óptica centralista del presidente Andrés Manuel López Obrador; la falta de interés de su gobierno para coordinarse con entidades no gobernadas por Morena, y el desdén federal para cambiar el presupuesto a fin de aliviar regionalmente el impacto de la crisis económica que viene.
Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, son tres mandatarios con muy diversos orígenes políticos. El primero se hizo en la operación electoral, el segundo en la política agraria y el tercero viene del ámbito empresarial. Hoy los une un hecho de otra naturaleza. Ninguno milita en Morena, por lo que han tenido que convivir con un presidente que no los ve como aliados.
De acuerdo con una fuente cercana a los encuentros que desde marzo sostienen estos tres gobernadores del noreste, los mandatarios “se quejan de que los secretarios con los que hablan no resuelven nada y cuando ven al presidente todo queda en plática. No hay con quién hablar en el gobierno”.
Para ellos, las videoconferencias que han mantenido con funcionarios federales no se han traducido en apoyos.
Ni siquiera el haber planteado una iniciativa que puede cambiar profundamente la relación del gobierno federal con los estados –nada menos que una nueva forma de recaudar y repartir el dinero público– ameritó un intento de acercamiento por parte de la Presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación para escucharlos. Cuando llegó la reacción, no fue un acercamiento para atender esas inquietudes, sino una advertencia: no se debe buscar revanchas ni politizar la contingencia, dijo el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, hoy en cuarentena por haber dado positivo de Covid-19.
Sin embargo, la alianza que formaron Riquelme, Rodríguez y García Cabeza de Vaca no empezó con la llegada del coronavirus a México. Llevaban un año en comunicación, prácticamente desde la toma de posesión de López Obrador, compartiendo la preocupación de que al nuevo gobierno no le interesaba coordinarse para temas clave en esa región, como seguridad, comercio y migración.
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas siempre han tenido una relación muy estrecha, tanto en el movimiento de mercancía como de personas. El corredor Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo es una de las rutas de transporte más transitadas del país. Saltillo es conocida sarcásticamente como “una colonia de Monterrey” y los regiomontanos son presencia constante en las tamaulipecas Reynosa o Nuevo Laredo, ya sea por viajes de negocios o de compras familiares. También comparten una intensa actividad criminal: el Cártel del Golfo, los Zetas y ahora sus derivados como el Cártel del Noreste, tienen una fuerte presencia en esa región triestatal.
A lo largo de 2019, primer año del gobierno federal, los gobernadores tuvieron motivo para confirmar la percepción de que en Palacio Nacional les estaban aventando paquetes sin ayudarlos.
No sólo eso. El presupuesto federal de 2020 incluía recortes drásticos en aportaciones y participaciones federales. Contemplaba también fuertes inversiones en el centro y sur del país, en proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, sin una inversión comparable en el norte.
Pero si había molestia por la forma en que el gobierno federal pensaba repartir el presupuesto de este año, los gobernadores se la tuvieron que guardar. Simplemente no tenían tracción para demandar una nueva coordinación fiscal, sobre todo cuando sus palancas en el Congreso de la Unión son muy débiles ante las mayorías de Morena.
La emergencia sanitaria agravó eso y trajo a la superficie la percepción en los estados más desarrollados, o que más aportan a la tributación federal, de que hay un desequilibrio en la asignación de dinero nacional. La forma de gobernar de López Obrador, más centralista y menos atenta a los gobiernos estatales exacerbó este panorama.
También tuvieron que lidiar básicamente por si mismos con momentos críticos del sistema federal de salud, como el contagio masivo de Covid-19 en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, que tuvo que ser atendido inicialmente por el gobierno del estado ante la falta de acción de la oficina central del IMSS.
Los tres gobernadores se adelantaron a tomar medidas para mitigar el impacto de la epidemia antes de que el gobierno federal las propusiera, como hacer obligatorio el uso del tapabocas en espacios públicos, restringir la movilidad y los viajes entre los estados, o pedir el cierre de la frontera con Estados Unidos.
Pronto el bloque dejó de atender sólo el tema sanitario regional, se extendió a temas fiscales y sumó a colegas de Michoacán, Silvano Aureoles, y Durango, José Rosas Aispuro, para elaborar una iniciativa que reforme el pacto fiscal federal.
Aispuro llevó a la mesa una experiencia particular: su participación en la Convención Nacional Hacendaria, que en 2004 juntó a los gobernadores con el entonces presidente Vicente Fox para discutir más facultades fiscales y mayor presupuesto para los estados. Aispuro, que era alcalde de Durango y representaba a presidentes municipales, estuvo en la mesa con varios impulsores de replantear el pacto fiscal, entre ellos el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal.
Ambos están ahora del otro lado de la mesa, en el nivel de gobierno que controla cómo se recauda y se gasta el dinero federal. Ahora Monreal ya no es gobernador sino es coordinador de los senadores de Morena y asegura que “no es correcto que en estas épocas se discutan aspectos secesionistas”.
Los gobernadores niegan que busquen el fin del pacto fiscal federal, solamente su revisión para encontrar una nueva fórmula de repartir recursos, al ver la negativa del presidente López Obrador para dar incentivos fiscales a las empresas por la crisis, y la insistencia en mantener proyectos como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, o el Tren Maya en la península de Yucatán.
De hecho, en la última reunión el 8 de mayo reviraron a la Federación con el argumento de que es el gobierno de López Obrador el que busca romper el pacto porque da a los estados más responsabilidades, pero les quita recursos, por lo que anunciaron la presentación de una controversia constitucional.
Su encontronazo con el gobierno federal no se limita sólo al tema económico, también al sanitario. Los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Michoacán ya descartaron regresar a clases el 1 de junio, como lo previó la Secretaría de Educación.
Este reportaje reconstruye la formación del bloque de gobernadores del noreste y está basado en entrevistas con funcionarios con conocimiento de primera mano de las ocho reuniones que esos mandatarios han mantenido desde mediados de marzo.
El bloque ha despertado las críticas de varios colegas. “No son tiempos de revisión del pacto fiscal”, dijo Adán Augusto López, de Tabasco. López es de Morena, pero el desacuerdo también vino de al menos un priista, Alejandro Murat de Oaxaca. “No es momento de discutir la modificación del pacto fiscal”, dijo en un eco del gobernador tabasqueño.
Para los gobernadores norteños no es una coincidencia, ni el que un priista los critique es una aberración. A final de cuentas, dijo un funcionario que ha participado en las reuniones, “las críticas vienen de los estados que subsidiamos”.
Surgido de preocupaciones por la inseguridad regional, pero agravado por la pandemia, los mandatarios insisten en que la discusión del pacto fiscal no es rebeldía frente al poder de López Obrador, ni desprecio hacia otras regiones, sino precisamente un llamado para que los distintos niveles de gobierno dialoguen en búsqueda de soluciones globales, pero nadie en Palacio Nacional responde a su llamado.
El coronavirus cambió los planes
Dos ejemplos sirven para ilustrar por qué los gobernadores del noreste percibían desdén de la capital durante el primer año de López Obrador. Uno fue la crisis de migrantes. A lo largo de 2019, ciudades como Acuña, Coahuila, o Matamoros, Tamaulipas, vieron una llegada masiva de migrantes que presionó la capacidad de los gobiernos estatales para darles albergue. La situación empeoró cuando el gobierno accedió a que Estados Unidos aplicara el programa “Remain in Mexico” que obliga a solicitantes de asilo esperar respuesta del lado mexicano. Miles de personas, hasta 2 mil nada más en la ciudad de Matamoros, tuvieron que quedarse en ciudades fronterizas.
Terminando 2019 también ocurrió un evento que dejó claro el nivel de coordinación del gobierno federal con los estados. El 30 de noviembre, más de 100 hombres armados en 25 camionetas salieron de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cruzaron Nuevo León y entraron a Coahuila sin que ninguna fuerza de seguridad federal los detectara. En el municipio coahuilense de Villa Unión se enfrentaron con policías estatales. Elementos del Ejército tardaron una hora en llegar y cuando lo hicieron sólo eran 10 soldados para acompañar a unos 50 policías estatales. La mayoría de las fuerzas federales en la zona nunca se distrajeron de la labor de detectar migrantes.
Tales coyunturas de 2019 galvanizaron en los gobernadores del noreste la certidumbre de que no era accidental la falta de coordinación del gobierno federal con sus estados. Por eso iniciaron 2020 con la idea de formar un bloque. El 28 de febrero tuvieron una primera reunión en Ciudad Victoria para el tema de seguridad. Al gobierno federal no le pareció muy importante y su representación corrió a cargo de un subsecretario, Alejandro Robledo, encargado de planeación en la Secretaría de Seguridad Pública federal.
En esa fecha se había confirmado el primer caso de Covid-19 en México y muy pronto la pandemia obligó a los gobernadores a desplazar a la seguridad del objetivo original de sus reuniones para enfocarlo en la emergencia sanitaria, pero al mismo tiempo se aceleró la ruta de conflicto con el gobierno federal. Para la cuarta reunión los mandatarios apuntaron al elefante en la sala: había que hablar también de la relación económica de los estados con la Federación.
“Lo que no han entendido (en el gobierno federal) es que replantear la relación fiscal es condición necesaria para enfrentar las consecuencias económicas del Covid-19”, dijo un funcionario cercano al bloque de gobernadores.
Las reuniones
Después de su reunión sobre seguridad en febrero, Riquelme, Rodríguez y García Cabeza de Vaca habían acordado una segunda reunión para finales de marzo, pero el coronavirus aceleró el encuentro. Cuando el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, los tres gobernadores empezaron a compartir la percepción de que el gobierno federal no estaba tomando la amenaza en serio. Los mandatarios fronterizos volteaban a Texas y veían que a mediados de marzo varias ciudades empezaron a aplicar medidas como restringir concentraciones de personas, mientras en México el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba actos masivos.
El 12 de marzo, la ciudad de Laredo, Texas, quizá la comunidad fronteriza con la que el noreste mexicano tiene más vínculos, empezó a practicar por su cuenta pruebas de Covid-19 a sus residentes, cuando en México el gobierno federal centralizaba la mayoría de tests, todavía no acreditaba a laboratorios privados y racionaba los insumos para que los estados las practicaran.
Cuando se realizó la reunión, el 19 de marzo en Monterrey, Coahuila tenía apenas un caso confirmado y estaba por anunciar el segundo, mientras que Tamaulipas estaba por anunciar los primeros dos casos. Ese día nada más la ciudad de Laredo reportaba seis casos y sus autoridades ya habían anunciado suspensión de actividades.
Nuevo León era otra historia: 12 casos confirmados por viajes al extranjero estaban concentrados en la zona de San Pedro Garza García.
En esa reunión los gobernadores acordaron homologar los cierres de eventos y espacios públicos, así como restringir actividades en aeropuertos, penales y empresas y coordinar la detección y el seguimiento de casos ante la posibilidad de que residentes de un estado fueran diagnosticados en otro y tuvieran que regresar a casa a aplicar la cuarentena.
Desde esa primera reunión los gobernadores pidieron al gobierno federal apoyo económico y también el cierre de la frontera con Estados Unidos. El apoyo no llegó y el gobierno mexicano se mantuvo firme en mantener la frontera abierta. Ese mismo 19 de marzo, el canciller Marcelo Ebrard ignoró a los gobernadores y declaró que había pedido al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mantener la frontera abierta para comercio y trabajo. Al día siguiente Donald Trump, a su vez, ignoró a Ebrard y anunció el cierre de los cruces fronterizos, cediendo sólo en la apertura para comercio.
El siguiente encuentro fue en Saltillo el 27 de marzo y ahí empezaron algunos desafíos sutiles al gobierno federal. Uno de los acuerdos fue aplicar medidas de detección masiva de casos en los tres estados, pero la idea se topó con pared ante la resistencia de la Secretaría de Salud a avalar pruebas rápidas. También comenzaron a estudiar compras en conjunto de insumos médicos y realizar inversiones en los sistemas hospitalarios de los estados, incluyendo clínicas del IMSS e ISSSTE, que son competencia del gobierno federal. Los gobernadores empezaron a organizar la compra de equipos de protección para personal médico de esos hospitales porque el gobierno federal no los había surtido.
El más claro ejemplo de la intervención de un gobierno estatal en el sistema de salud federal se dio en la semana siguiente a ese encuentro, cuando en Coahuila estalló una bomba que revelaría los problemas en la coordinación entre la Ciudad de México y los estados, cuando se confirmó un contagio masivo de Covid-19 en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova. El brote fue anunciado por la Secretaría de Salud de Coahuila porque fue esa dependencia la que tomó la iniciativa de hacer las pruebas al “paciente cero” de ese hospital y a una veintena de trabajadores que estuvieron expuestos.
El brote, que ha cobrado la vida de cinco trabajadores del IMSS y desató decenas de contagios, no fue abordado por autoridades federales durante los primeros tres días y cuando lo hicieron fue con información errónea, al señalar el origen del brote en una consulta externa de un médico. La versión falsa fue dada por el subsecretario Hugo López Gatell, quien después tuvo que disculparse y reconocer el error.
En la tercera reunión, el 3 de abril siguieron acuerdos en materia de salud, pero volvieron a pisar terrenos federales, como la decisión de evaluar el estado de los hospitales, incluyendo los del sistema federal, para saber la cantidad de insumos con los que cuentan. Los gobernadores también pidieron a los paisanos no viajar a visitar a sus familiares en Semana Santa.
Al mismo tiempo se empezó a revisar si los estados estaban en posibilidades de dar apoyo a las empresas para mitigar el impacto económico de la contingencia, ante la negativa del gobierno federal para dar estímulos fiscales. Fue ahí que se habló por primera vez de la disparidad en el trato que el gobierno federal da al norte y al sur, cuando se anunció que pedirían subsidios a la Comisión Federal de Electricidad. “Que (la CFE) nos ayude a los ciudadanos del norte como ayudó a Tabasco para que no pague la luz que debía”, dijo Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León.
En cada reunión, las decisiones tomadas iban más allá de lo que planteaba el gobierno federal. El 10 de abril, mientras el subsecretario López-Gatell minimizaba la importancia del cubrebocas para reducir los contagios, los gobernadores decidieron que en los tres estados el uso sería obligatorio en la vía pública y acordaron una iniciativa conjunta para elaborar o adquirir mascarillas para distribuir en la población.
A partir de ahí también se intensificaron las medidas para restringir la movilidad entre los estados con retenes carreteros para evitar viajes no esenciales.
Los reclamos al gobierno federal fueron subiendo de tono. En la reunión del 17 de abril, realizada en Saltillo, se reiteró la petición a la CFE para un subsidio al pago de la luz, pero los gobernadores también buscaron presentar el gasto que estaban realizando como una ayuda a la Federación. En uno de los puntos de acuerdo, se anunció el apoyo a hospitales Covid-19 a cargo del Ejército, “una vez que no han recibido los correspondientes de parte de la Federación”.
En esa reunión, fue otra vez el gobernador de Nuevo León el que abrió el tema de la disparidad fiscal, con un llamado a reformar el pacto fiscal federal. “Es muy injusto para estados y municipios”, dijo. “Recibimos migajas”.
El problema fue que el gobernador de Nuevo León agarró a todos de sorpresa, pues se adelantó a anunciar el tema que los tres mandatarios llevaban semanas discutiendo en privado, originalmente a instancias de Riquelme, y provocado por la necesidad de ajustas sus presupuestos para otorgar apoyos a las empresas sin esperar una compensación de parte del gobierno federal.
“‘El Bronco’ se aceleró, no era el plan”, dijo una fuente. “Pero le vimos el valor de empezar a discutirlo”.
Para el siguiente encuentro, en Saltillo el 17 de abril, se formaron grupos de las secretarías de Finanzas y las consejerías jurídicas para plantear reformas al pacto fiscal y un plan de reactivación económica. Los gobernadores dieron a conocer que Nuevo León había gastado mil millones de pesos y Coahuila y Tamaulipas 400 millones de pesos cada uno para hacer frente a la contingencia sin haber recibido apoyos de la Federación.
“Tenemos un pacto obsoleto y ya sabemos que nos van a decir que no es el momento”, dijo Riquelme.
En Saltillo también hubo una rebelión contra el plan anunciado días antes por López-Gatell para empezar a retomar actividades en los municipios sin contagios a partir del 17 de mayo. Prácticamente le dijeron que ignoraba la realidad en el norte del país.
“No confiamos en las fechas, no coinciden con lo que tenemos”, dijo García Cabeza de Vaca.
Además, le reclamó al funcionario federal que no los hubiera escuchado. “Durante mucho tiempo les dijimos que pusieran filtros y les pedimos que atendieran el tema de migrantes que tienen contagios fuertes. Eso es lo que se está omitiendo”.
En los equipos de los gobernadores no vieron como coincidencia que unos días después López-Gatell acusó a Tamaulipas de no subir sus resultados de pruebas de Covid-19 a la base de datos federal. Esto provocó la respuesta de la secretaria de Salud estatal, Gloria Molina, que dijo que el sitio de la Secretaría de Salud no permitía cargar los resultados de laboratorios privados aun cuando estén certificados. López-Gatell tuvo que darle la razón a la funcionaria.
Antes del encuentro en Saltillo, los gobernadores de Durango y Michoacán ya se habían acercado para unirse al bloque y ambos fueron invitados a la siguiente reunión, en Monterrey el 24 de abril, en el que participaron vía remota unos 3 mil empresarios y en la que se entró más a fondo a discutir los apoyos a empresas y el pacto fiscal.
El caso de Durango llamó la atención porque es el estado norteño que más depende del dinero federal (le llaman el “Chiapas del norte”). Pero la entidad es parte del corredor económico del norte que conecta el Pacífico con la frontera y su economía está atada a cadenas productivas en el noreste. Además, señala una fuente, la Federación “ha tratado muy mal” al estado, con recortes presupuestales.
Durante las últimas tres semanas, funcionarios de los cinco estados han revisado sus presupuestos, cuántos impuestos aporta cada estado, cuánto reciben y cuáles problemas tienen para financiar proyectos y servicios. Revisan las fórmulas para calcular las aportaciones y participaciones, pero el plan será presentado hasta que pase la contingencia.
No ruptura del pacto federal
El miércoles 29 de abril, una nota en El Financiero señalaba que gobernadores de por lo menos 21 estados analizaban la formación de un bloque opositor para impugnar el pacto fiscal federal y mencionaba un documento anónimo que habla de suspender la tributación a la Federación, incluso al grado de sacar a la Federación de sus asuntos internos.
Fuentes cercanas a los gobernadores del noreste dijeron que no reconocen la autoría de ese supuesto documento y que en todo caso no es el que ha salido de sus reuniones. “Nadie está proponiendo romper el pacto federal”, dijo una fuente. “Es una revisión del tema fiscal”.
Funcionarios cercanos a estas reuniones advierten que la propuesta de reformar el pacto fiscal se confundió con dichos de otros gobernadores, como el de Chihuahua, Javier Corral, de abandonar la coordinación fiscal, y que la intención de los gobernadores es cambiar la relación económica entre estados y Federación sin romperla.
Otra fuente señaló que el objetivo es “usar los instrumentos a la mano” para replantear el pacto fiscal en lugar de caer en la vieja costumbre de los estados, “que es voltear a la Federación cada vez que hay un problema”.
Esa nota se publicó un día antes de la séptima reunión de los gobernadores, en Tampico el 30 de abril, en la que revisaron los avances de sus equipos de Finanzas. Hasta ahora han rechazado dar a conocer puntos específicos y fuentes cercanas a este proceso reconocen que habrá importantes argumentos en contra.
Desde que empezaron las propuestas para replantear el pacto fiscal, algunos analistas han señalado que, si se trata de injusticias, la Ciudad de México es la entidad más afectada, pues recauda el 46% de los ingresos tributarios y se le regresan el 11.8% de participaciones y el 3% de aportaciones, de acuerdo con un estudio de 2016. Pero Nuevo León y Tamaulipas también están entre los estados que reciben menos de lo que aportan, mientras que en Michoacán y Coahuila es a la inversa, aunque hay más paridad. Durango es un caso extremo, sólo aportó el 0.1% de la recaudación y recibió 1.3% de participaciones y 2.3% de aportaciones en 2016. HTTPS://CIEP.MX/REDISTRIBUCION-DE-IMPUESTOS-EN-LAS-ENTIDADES-FEDERATIVAS/
Pero la idea que han planteado los gobernadores es que la mayor actividad económica en sus estados los hace acreedores a un mayor retorno de lo que aportan y buscan por lo menos llegar a una fórmula más equitativa. Durante años los gobernadores del norte han resentido ese trato dispar pero nunca lo habían expresado ni tampoco habían usado palancas legislativas para lograrlo en sexenios anteriores.
Los gobernadores dicen que la epidemia ha mostrado una situación que no puede continuar, pero reconocen que no van a presentar un plan en plena contingencia. Eso no va a ser obstáculo, insisten, para que empiecen a trabajar desde ahora.
¿Nuevos miembros?
Los tres gobernadores del noreste tienen un origen político distinto. Riquelme se formó en la operación electoral en el PRI de Coahuila. Rodríguez también empezó en el PRI como parte de su burocracia del sector agrario en Nuevo León, pero se desprendió para convertirse en el primer gobernador independiente del país. García Cabeza de Vaca llegó a la política desde el mundo empresarial de Tamaulipas.
Ninguno de los tres ha tenido un cargo en el gobierno federal, de modo que su visión del federalismo está marcada desde los estados. Pero los tres han ocupado curules en la Cámara de Diputados, donde vieron cómo sus estados mandaban más dinero a la Federación vía impuestos de lo que recibían a través de aportaciones y participaciones. Los tres también han sido alcaldes (Rodríguez en García, Riquelme en Torreón y García Cabeza de Vaca en Reynosa), de modo que han estado en lo más bajo de la cadena presupuestal y saben lo que es depender de la discreción de un nivel de gobierno superior.
La comunicación la mantienen en un grupo de WhatsApp donde intercambian ideas para formar la agenda de la siguiente reunión, pero cada gobernador también lo usa como canal para apoyar a empresarios de sus estados que enfrentan problemas en otro, particularmente a raíz de las restricciones a la movilidad. Por ejemplo, si un empresario le informa a su gobernador que tiene un cargamento detenido en un retén, un mensaje en el grupo sirve para destrabarlo.
Hasta ahora el bloque no ha mostrado fisuras y han logrado captar la atención de otros gobernadores. Aispuro en Durango y Aureoles en Michoacán fueron los primeros en sumarse, pero una fuente señala que Enrique Alfaro, de Jalisco, ha llamado a sus colegas al final de cada una de las últimas reuniones para ponerse al tanto. Sin embargo, dice un funcionario cercano a un gobernador, hasta ahora no ha pedido sumarse ni tampoco se le ha invitado, pues se le percibe como protagónico.
Es la misma razón por la que tampoco se ha invitado al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien empezó a llamar la atención sobre el tema económico cuando de plano propuso sacar a Chihuahua de la coordinación fiscal con la Federación. De los gobernadores del PRI, hasta ahora ninguno ha comunicado al bloque la intención de unirse, pero en la última reunión celebrada en Durango el 8 de mayo uno de los temas fue la integración del corredor del norte, que conecta el océano Pacífico con el Golfo y la frontera con Texas, como palanca para la reactivación económica, lo que abrió la posibilidad de que se incorpore el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.
El alejamiento de este bloque con el gobierno federal se ha ampliado. En los gobiernos estatales lo atribuyen a que el equipo de López Obrador realmente no los ha escuchado. Hay reuniones vía remota como la del martes 12 de mayo, cuando se discutió con Hacienda, Economía y Gobernación abrir sectores de la economía, pero no ven nada más allá de esos contactos.
Por eso de manera unilateral, ese mismo día Riquelme, García Cabeza de Vaca y Aureoles anunciaron que en sus estados no habrá regreso a clases y se terminará el ciclo a distancia.
Por eso la iniciativa de, llegado el momento, acudir a tribunales con una controversia constitucional para el tema fiscal.
El presidente López Obrador no se ha pronunciado sobre la iniciativa para cambiar la fórmula de reparto de recursos, y figuras cercanas como el senador Ricardo Monreal y los gobernadores de Morena ya lo rechazaron.
“Han estado mandando indirectas de que no es tiempo”, dijo un funcionario estatal. “Pero nosotros le vamos a seguir”.
