- Una colmena de al menos 10 de 25 empresas especialmente favorecidas por Enrique Peña Nieto ha recibido 21 mil millones del gobierno de AMLO. Muchas de ellas son investigadas por desvío de recursos y otras anomalías
EMEEQUIS/Linaloe R. Flores
El 24 de marzo de 2015, Omar Naylor Fernández, un joven de 24 años de edad y recién graduado de la Licenciatura en Gastronomía, se cayó en una coladera que no tenía tapa. Intentaba ponerse a salvo de una inundación en Chachapa, junta auxiliar del municipio de Amozoc, Puebla. Días después, su cuerpo fue encontrado. Entonces se supo que la alcantarilla la dejó abierta la constructora Demovial S.A. de C.V., que realizaba arreglos en la zona.
Esta constructora fue una de “las consentidas” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la asignación de contratos, mientras la cartera estuvo a cargo de Gerardo Ruiz Esparza (fallecido en abril pasado) en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La fundó en Hidalgo, Bernardo Ortega Sosa, quien trabajó en la administración de Jesús Murillo Karam en esa entidad (1993-1998).
Nada detuvo el flujo de miles de millones de pesos que Demovial obtuvo a través de 20 contratos en el gobierno peñanietista. Ni siquiera que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó varias irregularidades en los trabajos que realizaba en las avenidas Alfredo del Mazo y José López Portillo, en 2015, el mismo año en que Omar Naylor se cayó en la alcantarilla.
En estos días, Demovial S.A. de C.V. integra una lista de constructoras investigadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el presunto desvío de 2 mil millones de pesos a través de obras en el Estado de México, de acuerdo con información de la dependencia. La empresa aún es una contratista millonaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El enjambre de Los Pinos
La constructora de Ortega Sosa no es la única compañía que protagoniza esa paradoja. Empresas de amigos de Enrique Peña Nieto, con expedientes sombríos y hasta con investigaciones en curso por irregularidades en el cumplimiento de sus contratos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la República o la Función Pública, que se mantienen como importantes vendedores de la presente administración federal.
Una investigación de EMEEQUIS localizó a un enjambre de 25 compañías favorecidas desde Los Pinos por Enrique Peña Nieto y que, hasta 2018, se distinguió por conseguir contratos por Adjudicación Directa, recibir condonación de impuestos, contar con anomalías señaladas por la ASF o vender a sobreprecio.
Con estas 25 empresas que vivieron una época de oro durante el peñanietismo estuvieron vinculados Gerardo Ruiz Esparza (fungió como secretario de Comunicaciones), Jesús Murillo Karam (fue procurador y estuvo al frente de la Sedatu), Emilio Lozoya Austin (director de Pemex, en prisión), Luis Enrique Miranda Nava (subsecretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social), Luis Videgaray Caso (secretario de Hacienda y Crédito Público y luego Canciller) y Miguel Ángel Osorio Chong (secretario de Gobernación).
De este universo de 25 entidades privadas, 10 supieron dar un salto maestro hacia la llamada 4T. Juntas, en lo que va de este sexenio, han ganado 21,457 millones 979 mil 433 pesos de diciembre de 2018 hasta ahora, según datos obtenidos por EMEEQUIS. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha dado 882 contratos a esta decena de empresas con antecedentes oscuros, de los cuales, 739 fueron por Adjudicación Directa (84%), 55 bajo Licitación Pública (6.2%), 52 por “contrataciones con crédito externo” (5.8%) y 36 por Invitación a cuando menos Tres Personas (4%).
De las 25 empresas que integran el enjambre peñanietista, 22 están siendo investigadas por alguna instancia del gobierno federal.
El amigo golfista de EPN
El 11 de julio de 2018 –apenas diez días después de ganar las elecciones–, durante una reunión con su equipo, Andrés Manuel López Obrador presentó las 50 medidas del Plan de Austeridad que aplicaría su gobierno. En el punto 44 del documento se estipuló como compromiso para que las compras en su administración se hicieran de manera consolidada, mediante convocatoria, con observación ciudadana, así como de la oficina de Transparencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, la mañana del 29 de abril de 2019, el primer mandatario dijo que su gobierno daría adjudicaciones directas porque así combatiría la corrupción.
De modo que, mediante Adjudicación Directa, el gobierno de López Obrador le ha otorgado 329 contratos que suman 83 millones 640 mil pesos a Pinsa Comercial, propiedad de Eduvigildo Carranza Beltrán, amigo personal de Peña Nieto. Sin que mediara licitación, de esta empresa se compró atún, pescados y mariscos enlatados para el programa de Abasto Rural de Diconsa.
Pinsa Comercial consiguió en seis años del gobierno de Peña Nieto, por Adjudicación Directa, 455 millones 522 mil 400 pesos, a través de 1,693 contratos. En un año y seis meses que lleva este sexenio, ha reunido el 18.3% de esa cantidad.
La amistad del empresario, oriundo de Sinaloa, con Peña Nieto fue manifiesta en una de las ocasiones en que fueron captados juntos en el complejo turístico Estrella del Mar, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, propiedad de Carranza Beltrán. El mexiquense visitó ese puerto, conocido como “La perla del Pacífico”, por lo menos en seis ocasiones mientras tuvo la investidura presidencial. La hemeroteca arroja escenas en las que el avión presidencial volaba desde Baja California Sur a la costa sinaloense. Luego se iniciaba un despliegue de elementos de seguridad, con elementos militares coordinados por el entonces Estado Mayor Presidencial, para custodiar el resort.
Estrella del Mar cuenta con un campo de golf profesional de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones Jr., 5.6 kilómetros de playa virgen, un spa, cancha de tenis y 68 habitaciones. Enrique Peña Nieto y Eduvigildo Carranza Beltrán solían jugar golf en ese campo durante los días de vacaciones del hombre que gobernó México de 2012 a 2018.
Otra empresa consentida y ahora presente en la administración de López Obrador es Actidea S.A. de C.V. Arropada en el bajo perfil, esta compañía, de los hermanos Eduardo y Mariano Gama Pizarro, obtuvo en el gobierno de Peña Nieto 500 millones de pesos por Adjudicación Directa, para organizar los eventos del presidente y de Luis Videgaray Caso, en la SHCP. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) le perdonó el pago de una multa de 167 mil 958 pesos. Con el gobierno de López Obrador ha conseguido dos contratos que suman 544 mil 827 pesos.
Investigadas con AMLO, pero con contratos
En manos de la SFP está el seguimiento de 15 constructoras por contratos asignados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando esta cartera estaba a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció el 1 de abril pasado. Esta investigación derivó de las observaciones de la ASF a la cuenta pública de 2017, sobre el presunto desvío de recursos de más de dos mil millones de pesos realizado por Eduardo Rafael Luque Altamirano, quien fue el Director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de México.
Siete de estas 15, tiene contratos con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Se trata de Demovial S.A. de C.V., Gami Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., Imagen Corporativa Atlanta S.A. de C.V., La Cima Terraceros S.A. de C.V., Coconal SAPI de C.V., Stratega P y SSC, Ingeniería Control y Administración S.A. de C.V.
Casi todas, en estos momentos, tienen a su cargo modernización de carreteras.
Una de ellas –Gami Ingeniería e Instalaciones, de Grupo Indi– obtuvo una contratación por Adjudicación Directa, lo cual no coincide con el numeral 45 de los compromisos de López Obrador, mismo que indicaba que los contratos de obra pública se llevarían a cabo mediante Licitación Pública.
El Grupo Indi estuvo a cargo de los segundos pisos del Periférico cuando el ahora presidente de la República fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006). Otra obra importante en su historial fue el actual edificio del Senado de la República, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, una obra que registró un sobreprecio de 50 por ciento.
Otra investigación que se sigue a empresas que brillaron en el pasado está bajo el brazo de la UIF. Es sobre el Grupo Fármacos Especializados, que en el sexenio de Peña Nieto se hizo de unos siete mil contratos que sumaron 106 mil 813 millones 300 mil pesos, lo que representó el 35.2% de la venta total al gobierno de medicamentos. Así, se convirtió en la reina dominante en la proveeduría de productos médicos del gobierno.
En marzo de 2019, el presidente López Obrador la vetó mediante un oficio enviado a la SHCP para participar en licitaciones públicas; pero el gigante farmacéutico consiguió una suspensión definitiva en contra de la medida que le otorgó el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Gorka Migoni Goslinga.
De ese modo, la farmacéutica quedó en posibilidades de competir por contratos con el gobierno federal mientras se resuelve de fondo si en el pasado incurrió en acaparamiento, lo que debe ser asentado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un proceso que puede tardar otro año. Un elemento que pudiera impedirle participar en las ventas gubernamentales sería una inhabilitación por parte de la SFP por incumplimiento de contratos; pero hasta ahora, no hay indicios para que ello ocurra.
El 7 de mayo de 2020, el diario Milenio publicó que la UIF investiga a la red que, dirigida por el propietario de Grupo Fármacos Especializados, Antonio Pérez Fayad, su esposa y tres hijos, para dejar de pagar 416 millones de pesos, mientras ellos vivían con lujos, adquirían bienes y movían recursos hacia Turquía, Rumania, Alemania, Suiza y Estados Unidos.
Por lo pronto y a querer o no, este es el paisaje del grupo en la presente administración: ha vendido, hasta ahora, 15,883 millones 199 mil 330 pesos a través de 530 contratos. 407 se signaron mediante Adjudicación Directa; es decir, 76%, números que no distan mucho de cuando gobernaba Peña Nieto.
Otras empresas investigadas, sin contratos con AMLO
Protagonistas de la corrupción el sexenio pasado, los gigantes Obrascón Huarte Lain (OHL, hoy Aleatica) y Constructora Norberto Odebrecht son investigadas por la Fiscalía General de la República, pero no están en la lista de proveedores del gobierno de López Obrador. Aún así, la UIF le sigue los pasos a otra entidad privada, el Grupo Constructor Tulancingo, de Carlos Aniano Sosa Velasco, quien le rentaba una casa a Miguel Ángel Osorio Chong en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.
HIGA y AHMSA, carpeta aparte
Si se ve el universo de pasados sombríos de las empresas que fueron favoritas del sexenio pasado, Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, y Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, integran por sí mismas una carpeta aparte. Ambas están lejanas de la presente administración y son emblemas de los actos de corrupción más señalados del gobierno anterior.
Al Grupo Higa se le recuerda por brindar créditos en condiciones generosas a Angélica Rivera Hurtado, en ese momento esposa del presidente Peña Nieto, con la llamada “Casa Blanca”, y a Luis Videgaray Caso, con otra mansión en Malinalco. Mientras era contratista del gobierno y estuvo a punto de ganar la licitación del tren México-Querétaro, en sociedad con China Railway Construction.
Pero Higa también dejó un precedente oscuro en los pueblos otomíes de San Francisco Xochicuautla y San Lorenzo Huitzizilapan, en el Estado de México. Ahí, para construir la autopista Toluca-Naucalpan, despojó de sus tierras a cientos de habitantes. El expediente del proceso de expropiación fue puesto bajo reserva por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el cargo de Rosario Robles Berlanga, hasta 2022.
En el sexenio peñanietista, Grupo Higa tuvo por Adjudicación Directa 30 contratos con organismos descentralizados y empresas del gobierno federal, por un monto superior a 110 millones de pesos. Por ahora, las instancias del gobierno no la investigan.
En cuanto a AHMSA, su dueño, Alonso Ancira, cumplirá este mayo un año detenido en España. En mayo de 2019, la FGR emitió una ficha roja para localizarlo y una orden para aprehenderlo. Se le investiga por la supuesta venta irregular de Agro Nitrogenados (ProAgro) y Grupo Fertinal a Pemex. Las pesquisas indican que le puso un precio irreal a las dos empresas que se encontraban en condiciones deplorables. Aún se indagan los acuerdos con Lozoya Austin, director de la petrolera en ese momento. El daño al erario fue millonario.
Las 25 empresas del enjambre
*Las 10 que tienen contratos con la 4T
1.- DEMOVIAL SA DE CV
Investigada por la SFP
Monto obtenido en el gobierno de EPN: 1,240 millones 344 mil 877 pesos
Contratos: 20
Funcionarios vinculados: Jesús Murillo Karam, Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: Sí
Empresa: Fue fundada en Hidalgo por Bernardo Ortega Sosa, ingeniero y exfuncionario público en el gobierno de Jesús Murillo Karam. Integra una lista de constructoras en la Secretaría de la Función Pública por un presunto desfalco de dos mil millones de pesos por retrasos, sobreprecios y simulación en contratos en el Estado de México. Algunas de sus irregularidades fueron conocidas por su espectacularidad. En 2015, un joven se cayó en una coladera abierta en la zona del Distribuidor Vial D9 del Periférico, obra en la que la empresa realizaba obras complementarias. Ese mismo año, el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 determinó varias irregularidades en la primera etapa de las avenidas Alfredo del Mazo y José López Portillo. Pese a estos antecedentes, en el gobierno de AMLO, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dio en junio de 2019, tres contratos cuyos montos suman 146 millones 567 mil 516 pesos.
2.- GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES SA DE CV
Investigada por la SFP
Monto: 2,917 millones 953 mil 769 pesos
Contratos: 27
Funcionarios vinculados: Enrique Peña Nieto
Presente en el gobierno de AMLO: Sí
Empresa: Fue fundada en 1977 por Manuel Muñozcano Castro y Manuel Muñozcano Cardoso. Pocos años después, los mismos empresarios conformaron Grupo Indi al que Gami fue integrada. También es investigada por la SFP por desvío de recursos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. No obstante, el pasado 15 de mayo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que se le otorgó a Indi la licitación para construir el tramo 3 del Tren Maya (a la licitación se presentó en sinergia con Construcciones Urales y Azvi SAU). Grupo Indi ganó la licitación de la línea 2 del cablebús en Iztapalapa y otro más para la próxima refinería de Dos Bocas. Gami está a cargo del rompeolas oeste en el puerto petrolero de Salina Cruz, Oaxaca, un contrato otorgado este año. La relación del Grupo con Andrés Manuel López Obrador es añeja. Se trata de la constructora a cargo de los segundos pisos del Periférico cuando el ahora presidente de México fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006). Su historial de obra pública y resultados anómalos también lo es. El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le encargó la construcción del actual edificio del Senado, el cual registró un sobreprecio de 50 por ciento.
3.- IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA SA DE CV
Investigada por la SFP
Monto: 248 millones 152 mil 306 pesos
Contratos: 24
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: Sí
Empresa: Tiene sede en Toluca, Estado de México. Su directiva no es pública. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto se abocó a la rehabilitación o conservación de caminos en el Estado de México. Su mayor contrato en la administración peñanietista fue por 34 millones 864 mil 316 pesos para la ejecución de los trabajos faltantes de “la modernización” de cuatro carriles de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec. Pese a estar en la mira –por desvío de recursos– de la Secretaría de la Función Pública, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgó en octubre de 2019, un contrato por 52 millones 854 mil 391 para modernizar con terracería y poner las obras de drenaje de la carretera Villa-Victoria-San José del Rincón-El Oro en el Estado de México.
4.- LA CIMA TERRACEROS
Investigada por la SFP
Monto: 787 millones 299 mil 776 pesos
Contratos: 24
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: Sí
Empresa: Según datos de su acta constitutiva en los contratos, surgió en 2004 en Atlacomulco, Estado de México. Los datos de su representación legal aparecen testados. Sus principales clientes, según la información pública son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno mexiquense para construcción de autopistas. La Secretaría de la Función Pública la tiene en su lista por el desvío de dos mil millones de pesos en el Estado de México. También es contratista del Gobierno de la llamada 4T. En abril de 2019, fue llamada para “ampliar y modernizar” la carretera Durango-Hidalgo del Parral, la modernización de la carretera carbonera en el entronque Morelos-Saltillo, así como los trabajos faltantes de la carretera Ciudad Insurgentes-La Purísima. Por todo ello, percibió 226 millones dos mil 707 pesos que se suman a lo ganado cuando gobernaba Enrique Peña Nieto.
5.- COCONAL SAPI DE CV
Investigada por la SFP
Monto: 26,792 millones 945 mil 404 pesos
Contratos: 106
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: Sí
Empresa: Es una de las grandes constructoras que había sido contratada para edificar el nuevo aeropuerto. El contrato fue cancelado y le valió a la empresa que el exdiputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, la señalara como “vinculada” al llamado grupo Atlacomulco. Se le investiga por participar en el supuesto fraude de dos mil millones de pesos en el Estado de México. En 2015, Gerardo Ruiz Esparza asistió con la representación del presidente a su 65 aniversario. La dirigía –aún la dirige– Héctor Ovalle Favela, un empresario cercano al exsecretario. No obstante estos datos, en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador obtuvo cinco contratos por 973 millones 474 mil 858 pesos. El mayor –por 832 millones 989 mil 585 pesos– se inició el 6 de mayo de 2019 y concluirá el 20 de septiembre de 2020; consiste en la construción del subtramo de carretera en la autopista Oaxaca-Puerto Escondido en Oaxaca.
6.- STRATEGA P Y SSC
Investigada por la SFP
Monto: 135 millones 576 mil 877 pesos
Contratos: 48
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: Sí
Empresa: Tiene sede en Baja California. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo, entre otros contratos, la coordinación de los servicios de seguimiento y control de las obras carreteras federales y alimentadoras en la zona sur del país, así como la elaboración de reportes ejecutivos integrales de obra para Gerardo Ruiz Esparza. El gobierno de AMLO también la contrató ocho veces por 13 millones 397 mil 474 pesos. Su nombre aparece en la lista de la SFP sobre el presunto fraude por dos mil millones de pesos en obras en el Estado de México, cuando Gerardo Ruiz Esparza ocupó la SCT federal.
7.- INGENIERÍA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN SA DE CV
Investigada por la SFP
Monto: 126 millones 862 mil 229
Contratos: 33
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: Sí
Empresa: Fue creada en 1984. Gerardo Ruiz Esparza se basó en ella para asesorías y elaboración de dictámenes técnicos de varias obras. Sus datos no son públicos. Estaría involucrada en un desvío de dinero que investiga la Secretaría de la Función Pública en el Estado de México. Su contrato mayor en la administración peñanietista –por 40 millones 522 mil 416 pesos– lo consiguió para coordinar la modernización integral de la autopista estación Don en Nogales, Sonora. Con los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN), entre 2000 y 2012, también obtuvo contratos importantes. El gobierno de AMLO le ha dado un contrato.
8.- PESCADOS INDUSTRIALIZADOS (PINSA)
Sin investigación
Monto: 455 millones 522 mil 400 pesos con 42 centavos.
Contratos: 1,693
Funcionarios vinculados: Luis Enrique Miranda Nava
Presente en el gobierno de AMLO: Sí
Empresa: Pertenece a Eduvigildo Carranza. En tres ocasiones, Enrique Peña Nieto pasó sus vacaciones en el complejo turístico Estrella del Mar, propiedad del empresario. Ambos declararon ahí que eran amigos y permitieron que se les retratara juntos. El resort se encuentra en la Isla de la Piedra en Mazatlán, Sinaloa; cuenta con un campo de golf profesional de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones Jr., arquitecto reconocido en el mundo, 5.6 kilómetros de playa virgen, un spa, cancha de tenis y 68 habitaciones. Para jugar golf se les unió el gobernador del estado, Quirino Ordaz. Pinsa, con sus marcas Atún Dolores, Mazatún y El Dorado, genera más de cuatro mil empleos. Casi todo el atún que compró Diconsa en el gobierno de EPN, lo vendió esta empresa sinaloense que hace unas década era pequeña. El gobierno de AMLO le ha comprado más de 83 millones millones de pesos por Adjudicación Directa, con lo que, hasta ahora, también es la reina dominante en la venta de atún enlatado para el Programa de Abasto Rural de Diconsa.
9.- ACTIDEA
Sin investigación
Monto: 500 millones de pesos
Contratos: 150
Funcionarios vinculados: Luis Videgaray Caso
Presente en el gobierno de AMLO: Sí
Empresa: Sus dueños, Eduardo y Mariano Gama Pizarro, jamás aparecieron en público ni hicieron alarde del crecimiento exponencial de su empresa, mientras gobernó Enrique Peña Nieto. No se tomaron fotos al lado del presidente, ni aceptaron entrevistas en las que contaran sobre su estrategia empresarial. ¿Alguna foto? No hay ninguna que ilustre su historia de éxito. Mientras, su empresa se convirtió en la reina de los festejos y actos públicos del gobierno federal. De hecho, en la dominante. Fue la que, por 30 millones de pesos, organizó la recepción del Papa Francisco a México en febrero de 2016. También estuvo a cargo de El Grito de Independencia de 2013 a 2015 en el Zócalo capitalino. Ese evento le dejó por tres años 55 millones 556 mil pesos. No sólo recibió contratos del gobierno para organizar eventos. También un perdón. Dejó de pagar 167 mil 958 pesos por una multa al Sistema de Administración Tributaria (SAT), entidad a la que también le organizó eventos a los que asistió el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Con el gobierno de AMLO ha conseguido dos contratos que suman 544 mil 827 pesos.
10.- FÁRMACOS ESPECIALIZADOS
Investigada por la UIF
Monto: 106,813 millones 300 mil pesos
Contratos: Casi siete mil
Funcionarios vinculados: José Antonio González Anaya, Mikel Arriola y Tuffic Miguel
Presente en el gobierno de AMLO: Sí
Empresa: La formó Antonio Pérez Fayad y fue una de las tres grandes vendedoras más grandes de medicamentos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un oficio a la Secretaría de Hacienda para impedirle participar en licitaciones públicas y la señaló de monopolista; pero la farmacéutica consiguió una suspensión definitiva por parte de un juez ante esa medida. Hoy, su historia es una paradoja. Por un lado, la Unidad de Inteligencia Financiera la investiga porque reportó pérdidas fiscales por más de 416 millones de pesos. Por el otro, en lo que va del gobierno de AMLO ha ganado 15,883 millones 199 mil 330 pesos con 530 contratos, hasta el momento.
*Las 15 que no han conseguido contratos con la 4T
11.- OBRASCÓN HUARTE LAIN (ANTES OHL, HOY ALEATICA)
Investigada por la FGR
Monto obtenido en el gobierno de EPN: 14,744 millones de pesos
Contratos: Cuatro
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza, Enrique Peña Nieto
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: OHL empezó a resonar en México cuando en 2015, una serie de audios fue colgada en YouTube de manera anónima. Eran conversaciones telefónicas en las que sus directivos (José Andrés de Oteyza, presidente, y Pablo Wallentin, vocero) acordaban sobornos con funcionarios del Estado de México y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza. Sobre todo, las escuchas revelaron el método para inflar los costos del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, concesiones que le entregó Enrique Peña Nieto cuando era gobernador (2005-2011) y Gerardo Ruiz Esparza, el Secretario de Comunicaciones de la entidad. Sobre esta empresa, protagonista de una de las tramas de corrupción más grandes, yace una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República que hasta ahora, no ha presentado avances. La entidad, por su parte, se transformó. Hoy se llama Aleatica y es dirigida por Sergio Hidalgo Monroy.
12.- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS DE MÉXICO SA DE CV
Investigada por la SFP
Monto: 87,083 millones 17 mil 749 pesos
Contratos: 9
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Es filial de la española Acciona, que en México está dirigida por José Manuel Entrecanales Domecq y Juan Ignacio Entrecanales Franco. En territorio mexiquense construyó el distribuidor vial Ixtapaluca y el entronque libramiento Acambay. Participó en las obras del exaeropuerto de Texcoco e incluso presentó una propuesta para la licitación del Tren Maya y otra más para la recién anunciada ampliación de la terminal 2 del AICM. Registró un rezago en la construcción de la nueva sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También estuvo a su cargo la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y el hospital de alta especialidad del Bajío en León, Guanajuato, entre otras obras. También integra la lista de empresas que investiga la Secretaría de la Función Pública por un supuesto desvío de dos mil millones de pesos a través de supuestas construcciones en el Estado de México. En el gobierno actual, no tiene contratos.
13.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICCSA SA DE CV
Investigada por la SFP
Monto: 1,394 millones 695 mil 576 pesos
Contratos: 43
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Se constituyó el 4 de abril de 2013 en Metepec, Estado de México, según los datos de su escritura que aparecen en los contratos con el gobierno federal. Su directiva no es pública, pero como su representante legal aparece Claudia Elena Monroy Cuevas. En 2017, la Auditoría Superior de la Federación detectó sobrecostos y una obra no ejecutada por 3.9 millones de pesos en el llamado “Entronque La Fragua” del Periférico Ecológico y la 24 Sur. Ese dictamen arrojó además que el “Entronque Valsequillo” a la altura del boulevar Carlos Camacho Espíritu tenía un avance físico financiero de apenas 29.06% al momento de la revisión en julio de 2017. La Secretaría de la Función Pública también la investiga porque habría estado en el enjambre de empresas a través del cual, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desvió dos mil millones de pesos.
14.- XA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV
Investigada por la SFP
Monto: 129 millones 421 mil 156 pesos
Contratos: 32
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Desde 2017, la entonces Procuraduría General de la República empezó a investigarla porque estuvo involucrada en el desvío de recursos de más de dos mil millones de pesos que habría cometido el exdirector general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, Eduardo Rafael Luque Altamirano. La Auditoría Superior de la Federación detectó obras inconclusas y otras que no se realizaron, lo que benefició al funcionario. En esta trama estuvo también involucrada Demovial, otra razón social que integra la lista de empresas investigadas por la Secretaría de la Función Pública. No tiene contratos con el gobierno de AMLO.
15.- CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA DEM SA DE CV
Investigada por la SFP
Monto: 147 millones 143 mil 940 pesos
Contratos: 27
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Fue creada en 2013, cuando apenas arrancaba el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dos años después, se encontraba en una colmena de empresas a través de las cuales, Eduardo Rafael Luque Altamirano, exdirector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de México, habría desviado más de dos mil millones de pesos, según detectó la Auditoría Superior de la Federación y ahora investiga la Secretaría de la Función Pública. Su contrato más alto le fue otorgado en 2018, cuando Peña Nieto estaba a punto de concluir su gobierno. Fue un trabajo de mantenimiento estructural para la Administración Portuaria Integral del Tampico. Otro fue el fresado de la carretera México-Cuautla. No tiene contratos en la presente administración.
16.- CONSTRUCCIONES ALDESEM SA DE CV
Investigada por la SFP
Monto: 6,196 millones 861 mil 755 pesos
Contratos: 30
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Es una de las filiales de la firma española, Aldesa. Fue una de las empresas que construyó el libramiento Paso Exprés de Cuernavaca donde se formó un socavón en el que un padre y su hijo cayeron, un evento que cimbró la carrera política de Gerardo Ruiz Esparza (fallecido) en 2017. Aldesem fue la primera en salir a los medios con una explicación sobre lo ocurrido. Expuso que el agujero se debió a la erosión de una alcantarilla por el exceso de basura y la acumulación extraordinaria de agua por las lluvias. El peritaje posterior comprobó que el camino no había sido bien cimentado. Otro de sus pasajes oscuros es la construcción de la torre de control del aeropuerto que se construiría en Texcoco por mil 500 millones de pesos, en la que participó en alianza con Jaguar Ingenieros Constructores. La entrega de la obra no ocurrió en tiempo y forma; pero sólo Jaguar fue inhabilitada por tres años y medio.
17.- DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS SA DE CV
Investigada por la SFP
Monto: 538 millones 254 mil 549
Contratos: 2
Funcionarios vinculados: Gerardo Ruiz Esparza
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Es parte de Acciona Infraestructura de México. Los dos contratos que aparecen bajo su nombre en el gobierno peñanietista fueron para la construcción de los ejes del distribuidor vial cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca-Naucalpan y el entronque en la carretera Atlacomulco Palmillas, en el libramiento Acambay kilómetro 13, en el Estado de México. También integra la lista de empresas de la Secretaría de la Función Pública por desvío de dinero en el Estado de México.
18.- CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT
Investigada por la FGR
Monto: 1,436 millones 398 mil 637 pesos
Contratos: 1
Funcionarios vinculados: Emilio Lozoya Austin
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: En 2014, las autoridades brasileñas empezaron una investigación sobre las empresas vinculadas a Marcelo Bahía Odebrecht por haber participado en Lava Jato, la más sofisticada trama de sobornos en la historia de América Latina en la última década. Descubierta la operación en Brasil, exdirectivos del consorcio admitieron atestiguar a cambio de penas menores. Cuando habló Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, quien fuera jefe del sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el 22 de noviembre de 2016, el caso tocó a México. El hombre, bajo juramento, dijo que la refinería en Tula, Hidalgo, había sido obtenida a través de “propinas” pagadas a Emilio Lozoya Austin, cuando trabajaba en la campaña de Enrique Peña Nieto.
19.- EMPRESA ORO NEGRO Y SU FILIAL TODCO MÉXICO
Investigada por la FGR
Monto: 22 mil millones de pesos
Contratos: 5
Funcionarios vinculados: Emilio Lozoya Austin
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Conformada en 2012, Oro Negro y su filial Todco México, vivieron una historia de amor con el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Más de 10 mil millones de pesos en contratos en sólo un año la convirtieron en una de las competidoras más potentes del mercado de arrendamiento de plataformas petroleras. Hoy, los directivos de la empresa, José Gil White y José Antonio Cañedo –hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox Quesada, Francisco Gil Díaz– viven amparados frente a una orden de aprehensión por desvío de 750 millones de pesos del Fideicomiso F/1695 de Deutsche Bank, mediante el cual, se administraba el negocio de Oro Negro.
20.- ALVARGA CONSTRUCCIONES
Investigada por la SFP
Monto: 2,013 millones 551 mil 523 pesos
Contratos: 21
Funcionarios vinculados: Jesús Murillo Karam
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Su administrador único es Miguel Ángel Tello Ludlow, quien fue socio de Jesús Murillo Ortega, hijo del exprocurador Jesús Murillo Karam en los restaurantes Café Madero. Su contrato mayor se lo otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2017 para la “terminación de la construcción del Hospital Jesús María, en Aguascalientes. Otro fue para la construcción de las obras complementarias del proyecto de las vialidades del paso deprimido vehicular y la ampliación del malecón turístico en Manzanillo, Colima. Estos contratos los obtuvo pese a que en Isla de Carmen, Campeche, usó productos de mala calidad en la colocación de un rompeolas, en 2015. Además, entregó la obra tres meses después de lo pactado. Desde la convocatoria, la SCT puso como requisito que las empresas utilizaran una estructura llamada geomembrana GT1400, patentada por la trasnacional holandesa TenCate. Cuando la obra había iniciado, directivos de la compañía, acompañados por representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, realizaron una auditoría. El descubrimiento fue que Alvarga estaba instalando un producto “pirata” con materiales chinos, según consta en la queja que presentó TenCate ante la SCT.
21.- KOURO DESARROLLOS
Investigada por la SFP
Monto: 826 millones 323 mil 225
Contratos: 16
Funcionarios vinculados: Jesús Murillo Karam
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Fue fundada en 2002 y alguna vez la dirigió Jesús Murillo Ortega, hijo del exprocurador de la República. Desde 2007, Sandra Georgette Murillo Ortega (hermana de Jesús) es accionista mayoritaria. Ese año, Carlos Castañera Murillo, sobrino de Murillo Karam, le cedió sus acciones. Su contrato principal lo obtuvo en 2014 para la modernización de un tramo de la carretera Ixtlahuaca Jilotepec, en el Estado de México. En esa obra, la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos indebidos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Kuoro incurrió en duplicidad de materiales y equipo en el “bandeado” de la obra.
22.- ITRIO ARQUITECTOS
Investigada por la SFP
Monto: 585 millones 311 mil 813
Contratos: 17
Funcionarios vinculados: Jesús Murillo Karam
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Fue fundada por Gerardo Roqueñí Murillo, sobrino del exprocurador Jesús Murillo Karam. La dirigió Alejandro González Murillo, quien fuera diputado federal por el Partido Encuentro Social (PES). Mientras gobernó Enrique Peña Nieto, su representante legal fue Patricia González Murillo, sobrina de Jesús Murillo Karam. El contrato mayor se le otorgó para la conservación del Kilómetro 8,200 de la carretera Pachuca-Ciudad Valles. La SFP la investiga por aumentos injustificados en precios, adjudicaciones directas poco claras y obras entregadas después de las fechas pactadas.
23.- GRUPO CONSTRUCTOR TULANCINGO
Investigada por la UIF
Monto: 350 millones 271 mil 625 pesos
Contratos: 12
Funcionarios vinculados: Miguel Ángel Osorio Chong
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, empresario hidalguense que le rentó una casa en las Lomas de Chapultepec al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Su contrato más grande se lo otorgó la Comisión Nacional del Agua, el 2 de noviembre de 2014, para el Proyecto Hidráulico Integral de la Cuenca Pitahayas. La UIF sigue un esquema sobre los fondos transferidos por Odebrecht en los que se detectaron pagos a este grupo constructor.
24.- GRUPO HIGA
No investigado
Funcionarios vinculados: Luis Videgaray Caso, Enrique Peña Nieto
Monto: Más de 110 millones de pesos
Contratos: 30
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: Considerado uno de los empresarios consentidos de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú es recordado por haber brindado créditos en condiciones generosas a Angélica Rivera Hurtado, en ese momento esposa del presidente Peña Nieto, con la llamada “Casa Blanca”, y a Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, con otra mansión en Malinalco. Pero su rastro oscuro también se encuentra en los pueblos otomíes de San Francisco Xochichuautla y San Lorenzo Huitzizlapan, en el Estado de México. Ahí, para construir la autopista Toluca-Naucalpan, despojó de sus tierras a cientos de habitantes. El expediente del proceso de expropiación fue puesto bajo reserva por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), bajo el cargo de Rosario Robles Berlanga, hasta 2022. De modo que, por ahora, no se conoce.
25.- AHMSA
Investigada por la FGR
Funcionarios vinculados: Emilio Lozoya Austin
Presente en el gobierno de AMLO: No
Empresa: En esta caso, más que ser beneficiaria de contratos gubernamentales, su negocio fue venderle a Petróleos Mexicanos la planta Agro Nitrogenados (ProAgro), que llevaba 14 años sin operar, así como Grupo Fertinal, productora de fertilizantes, con sobreprecio. Bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, la petrolera gastó 26 mil 564 millones de pesos para comprar esas empresas, monto del cual, permanecen perdidos 21 mil 174 millones de pesos. Grupo Fertinal y ProAgro se formaron con 1992 de la privatización de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), hasta entonces empresa del Estado. Más de dos décadas después, las dos empresas fueron compradas de nuevo a AHMSA, bajo la dirección y propiedad de Alonso Ancira. Se ha documentado que estaban en condiciones deplorables.
@Linaloe_RF
