Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo.
Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo.
Te dije no más, y te cagaste de risa…
Bolero Falaz – Aterciopelados
El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto ejecutivo que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de consultas populares y revocación del mandato aplicable para el titular del poder ejecutivo federal, luego de un proceso legislativo que pasó por las dos cámaras de nuestro Congreso de la Unión. Este decreto forma parte del paquete de propuestas de campaña del actual presidente de la república, y abre un marco de participación ciudadana que puede obrar en la construcción cívica de nuestra población, justo en una coyuntura en la que la opinión pública y popular –precisamente- cuestionan la pertinencia del liderazgo ejecutivo del país.
El mecanismo jurídico publicado en el DOF, sobre la revocación de mandato para el ejecutivo, se resume como sigue: será convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE) a petición firmada de, al menos, 3% de la lista nominal de mínimo 17 entidades federativas. Sólo se podrá solicitar en una sola ocasión, y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de la lista nominal, en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales. Para que el proceso sea válido, deberá participar por lo menos el 40% de la lista nominal. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. El INE se encarga de la votación y emisión de resultados. El resultado se puede impugnar. La validación de la votación la hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se prohíbe usar recursos públicos en las partes del proceso de revocación de mandato. En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, en su encargo queda quien ocupe la presidencia del Congreso; órgano que, en los treinta días siguientes, nombrará a quien concluirá el período constitucional.
Pues bien. Los tiempos legales para solicitar la revocación de mandato del ejecutivo federal son: solicitud de firmas a partir de noviembre de 2021, y hasta el 15 de diciembre del mismo año. La petición formal con firmas se presenta dentro de los primeros 15 días de diciembre de 2021. Quien quiera hacer uso legal y legítimo de este recurso, está a un tiempo apenas justo para comenzar a articular la petición, la base electoral de la lista nominal, y la búsqueda de liderazgos naturales (dentro o fuera del partido del actual presidente) que tengan la capacidad de enarbolar un hito histórico como este.
El marcado descenso en la aprobación popular del actual presidente sustenta la posibilidad de que un movimiento de revocación sea posible. Consulta Mitofsky consigna, al arranque de abril, una aprobación de la gestión presidencial calculada en un 48.9%; es decir, 15.6% menos que en el mismo mes del año anterior, cuando sumaba 64.5%. Igualmente, al cierre de marzo 2020, el Gabinete de Comunicación Estratégica indica que el 37.4% de la población tiene una buena opinión del actual gobierno, lo que representa una caída de cuatro puntos en comparación con el 41.4% que mantenía en el mes de febrero, y 10.6% respecto al mes de enero, cuando tenía el 48% de aprobación. No sólo ese estudio; también el del Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA), del fin de marzo, mostró que en los últimos tres meses la aprobación hacia López Obrador pasó del 57% al 47%. Esto permite inferir que el respaldo incondicional al presidente se ha reducido a la mitad. Para un mandatario que llegó al poder con cifras cercanas al 80% de aprobación, tener un segundo año de gestión con estos números es poco más que un fracaso popular.
Las causas son de todos conocidas: los fallos sistemáticos en temas como economía, equidad de género, y combate a la violencia, se agravaron con la contingencia sanitaria, que nos permitió ver un liderazgo difuso y poco serio por parte del titular del ejecutivo; sumado a tropiezos estratégicos de manejo de imagen, como la anécdota con la familia de Joaquín Guzmán Loera, o la forma errática y contradictoria en el manejo de comunicación de crisis, en la que el discurso del presidente (y sus acciones) iban a destiempo o en franca oposición a las recomendaciones de los liderazgos serios y confiables de los especialistas sanitarios. A esto añadimos la poca claridad y la enorme incertidumbre que el gobierno federal ha ofrecido para conocer puntualmente un plan de apoyo económico, tanto para los trabajadores (formales e informales) como para los empresarios. Así, al titular del ejecutivo le queda poco tiempo para levantar la caída en su aprobación popular, antes de que los tiempos legales alcancen a la revocación de mandato, con estos números que a él le son tan adversos, como al país le es adversa la realidad cotidiana.
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