- La propuesta es que el Estado garantice un ingreso a las y los trabajadores que en la actualidad perciban de cero a cinco salarios mínimos mensuales
- Además, sería necesario ajustar las estimaciones para hogares rurales y hogares urbanos, ya que cada uno necesita de distintos montos para asegurar la adquisición de la canasta básica y mantenerse al margen de la línea de pobreza
De cara a una inminente crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, la economista Magdalena García Hernández propuso que México nacionalice las nóminas privadas, es decir, que asuma el salario que pagan las pequeña y medianas empresas y entregue un ingreso básico a la población trabajadora y desempleada, durante los seis meses que se prevé dure la emergencia de esta contingencia sanitaria.
La especialista explicó en entrevista con Cimacnoticias, que la propuesta es que el Estado garantice un ingreso a las y los trabajadores que en la actualidad perciban de cero a cinco salarios mínimos mensuales (lo que equivale ganar de cero a 18 mil 700 pesos al mes), con la idea de que las personas que están confinadas en casa puedan tener recursos económicos para sobrevivir en medio de una economía congelada.
La idea, según se detalla en un documento elaborado por el proyecto “Pensadoras Urbanas”, encabezado por García Hernández, es tener una medida de “salvamento” para la población más vulnerable. En opinión de la especialista, entregar ese dinero a las familias beneficiará a personas desempleadas y trabajadoras formales e informales, cuya preocupación principal durante esta pandemia es garantizar su alimentación.
Salvar a las familias y no a las empresas
Ahora que las economías se cierran y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, el pasado 3 de abril la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un informe en el que señaló que aunque no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos.
En esta etapa de emergencia, expuso Magdalena García Hernández, la prioridad deben ser las vidas humanas y satisfacer las necesidades básicas, no las empresas en sí. Nacionalizar las nóminas de las pequeñas y medianas empresas es una decisión que beneficiará la economía porque las personas que reciban este ingreso también son consumidoras y lo utilizarán para consumir productos y servicios para su sobrevivencia, argumentó.
La economista aseguró que en la etapa de emergencia no habrá producción en muchos sectores, como se manifestó el pasado 30 de marzo en el acuerdo de actividades esenciales durante la emergencia generada por el virus, presentado por la Secretaría de Salud y donde se consideró primordial la provisión de alimentos, agua potable corriente y constante para toda la población, insumos e instrumentos médicos para salvar vidas.
Entonces, precisó, se requiere que el gobierno intervenga y entregue recursos directamente a los hogares en una especie de “renta básica de emergencia”. Cabe decir que, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hasta marzo de 2020 el ingreso promedio de la población era de 6 mil 545 pesos mensuales, pero en el caso de las mujeres la cifra era de 5 mil 536 pesos.
¿A quiénes se tiene que apoyar?
La propuesta consiste en entregar un ingreso de 10 mil 900 pesos mensuales, en promedio, a 73 por ciento de los hogares que pertenecen a los rangos de ingreso equivalente de cero a cinco salarios mínimos o donde las personas están desocupadas. En cada hogar, también en promedio, hay 3.7 integrantes, según la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), por ello el ingreso se entregaría por hogar y sería el equivalente para asegurar la compra de una canasta básica.
Para cuantificar el universo a atender, “Pensadoras Urbanas” hizo cálculos con base en información oficial del Inegi y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por tanto, en la población beneficiada consideró a las personas trabajadoras que perciben ingresos equivalentes de cero a cinco salarios mínimos, población desocupada y personas disponibles para trabajar e interesadas en trabajar pero que no lograron conseguir empleo.
Se consideraron a todos estos grupos porque, de acuerdo con la especialista, en este momento de bajos o nulos ingresos, estas personas requerirán de recursos para sobrevivir, además de que la mayoría de esta población son mujeres.
Por otra parte, la política de nacionalización de nóminas considera la desigualdad de género. De acuerdo con García Hernández, hasta 2019, dos mujeres por cada hombre estaban disponibles e interesadas en trabajar, pero no conseguían empleo y en el mismo año había seis mujeres ocupadas por cada 10 hombres, lo que revela una baja participación económica de las mexicanas que no acceden al empleo por la discriminación laboral y las cargas en las tareas de cuidado y del hogar.
¿Cuánto hay que invertir?
El documento elaborado por “Pensadoras Urbanas” se hizo llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de entregar toda la información estadística y económica utilizada para sustentar la propuesta, para que la dependencia pueda ampliar o mejorar los alcances de las estimaciones, a fin de revisar la viabilidad. En este análisis se expone que a cada hogar se le otorgaría en promedio 436.12 dólares, es decir, 10 mil 900 pesos mensuales.
García Hernández explicó que si la etapa de emergencia dura seis meses, los recursos requeridos son de 1,627.3 miles de millones de pesos, es decir, 65 mil millones de dólares, lo que significa 6 por ciento del PIB anual mexicano, revisado al 2 de abril de 2020.
Además, sería necesario ajustar las estimaciones para hogares rurales y hogares urbanos, ya que cada uno necesita de distintos montos para asegurar la adquisición de la canasta básica y mantenerse al margen de la línea de pobreza. La economista resaltó que el beneficio para el gobierno es que el dinero que entregue a las familias se regresará al Estado porque se gastará, principalmente, en alimentos, transporte público, limpieza y cuidados.
¿Derechos sociales universales?
Una de las recomendaciones del reciente informe de la Cepal es llamar a reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables. El organismo recomendó ampliar los programas no contributivos como las transferencias directas de efectivo a las personas más vulnerables, las prestaciones por desempleo, subempleo y autoempleo, el crédito sin intereses a las empresas para el pago de salarios y los aplazamientos del pago de préstamos.
En este contexto, aseguró García Hernández, lo universal de la pandemia actual, unido a la certeza de que se puede presentar de nuevo en cualquier momento, sería una piedra angular para cambiar el mundo neoliberal que nos ha agobiado, precarizado y enfermado desde la década de los años setenta.
El ingreso básico, como propone “Pensadoras Urbanas”, pero de manera permanente y no sólo en una emergencia, es un tema a debate. En octubre de 2017 el Fondo Monetario Internacional explicó en una publicación que el Ingreso Básico Universal es una transferencia que se está probando en varios países porque para algunos economistas puede enfrentar la desigualdad de manera más eficaz que los programas focalizados.
