- La iniciativa del presidente de la Corte se enfoca en la carrera judicial y olvida los escalones en los que amigos y parientes de jueces o magistrados todavía se pueden colar, advierte Héctor Fix-Fierro, especialista de la UNAM.
EMEEQUIS / Vanessa Cisneros
“Los cargos que deberían ocuparse por méritos, se otorgan a familiares y amigos, en un afán por exprimir los recursos públicos antes que servir a la justicia”, dice la exposición de motivos del la propuesta de Reforma al Poder Judicial, dada a conocer por el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el 12 de febrero.
Son justamente el combate a la corrupción y al nepotismo dos de los principales ejes de acción del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, desde que asumió el cargo, en enero del año pasado.
En la propuesta para reformar al Poder Judicial de la Federación (PJF) de Zaldívar, recientemente enviada al Senado, se hace hincapié en la designación injustificada de familiares y amigos en cargos. Pero no será tan fácil combatir el nepotismo desde sus raíces.
Esto porque la propuesta inicial no alcanza a llegar a los escalones en los que se dan nombramientos sin filtro alguno. Son esos cargos conocidos en la jerga burocrática como “de confianza”: puestos administrativos que pasan desapercibidos en esta reforma.
“Muchas de las cuestiones que se han criticado con esto del nepotismo tienen que ver con funciones administrativas. (Son) cargos incluso relativamente bajos, pero donde se puede ver que hay una clara intención de favorecer a amistades o familiares de quienes ya están en funciones jurisdiccionales”, dice Héctor Fix-Fierro, especialista en reformas a la justicia y los procesos de cambio jurídico en México.
El investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explica en exclusiva a EMEEQUIS por qué esta reforma carece de dientes para morder al nepotismo en el PJF y cuáles son esos puntos ciegos del documento en los que los amigos y familiares de las autoridades en la impartición de justicia, podrían colarse de nueva cuenta.
El poder de designación
Para ser juez o magistrado hoy en día es necesario realizar un examen de oposición y contar con una serie de requisitos. Pero esto no siempre fue así.
Antes de la reforma de 1994, los abogados ingresaban al PJF e iban escalando por diversos cargos hasta llegar a ser secretarios de estudio y cuenta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Eran estos últimos personajes quienes proponían y nombraban a los secretarios de estudio y cuenta, los que se encargan de elaborar los proyectos de sentencia de los ministros, como jueces y magistrados.
No fue sino hasta que la reforma propuesta por el priista Ernesto Zedillo desde su candidatura a la presidencia entró en vigor que cambió la forma de designar a quienes resuelven controversias e imparten justicia en los tribunales del país.
La reforma de 1994, explica el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, puso por primera vez en la Constitución el concepto de “carrera judicial”.
A partir de entonces, se crearon los concursos de oposición para estos nombramientos. Sin embargo, subraya Fix-Fierro, “el resto de los escalones de la carrera judicial quedaron relativamente fuera de este esquema de concursos. Lo que había era que quienes ocuparan estas funciones hacían un examen de aptitud”.
Además, el especialista indica que tanto jueces como magistrados tenían “bastante libertad en decidir a qué personas nombraban para ser sus colaboradores”.
¿Qué propone esta reforma?
“La reforma que se propone completa el esquema de carrera judicial, obligando a que todos los escalones de la carrera judicial impliquen una formación especializada.
“Se propone convertir el Instituto de la Judicatura Federal en una escuela de formación judicial en sentido pleno, como existe en otros países, y que además todos los nombramientos tengan que pasar por un procedimiento de concurso o examen, que sea la habilitación para hacer los nombramientos.
“Otro de los objetivos de la reforma es desalentar cierto tipo de prácticas o comportamientos que no eran ilegales, pero que se han llegado a ver como problemáticos y que pueden eventualmente afectar las características de imparcialidad, de objetividad, de honestidad que espera uno de las funciones judiciales”, dice el entrevistado.
¿Qué cargos son de carrera judicial?
“Es donde empiezan los actuarios, son los funcionarios que hacen las notificaciones de los juicios y de los documentos en un procedimiento judicial y culmina en el cargo de magistrado de circuito.
“Hay toda una serie de niveles (cinco), vienen luego los secretarios de los distintos niveles de tribunales y juzgados de la Suprema Corte y finalmente incluye también ahora al Tribunal Electoral.
“Había un cargo, por ejemplo, el de oficial judicial, que no estaba dentro de la carrera judicial. Entiendo que se incorporará y habrá quizá algunas algunas categorías nuevas que no se estaban contemplando actualmente”.
¿Por qué surge?
“(Por el) tema de la carrera judicial y de perfeccionar los mecanismos que obliguen a tener funcionarios todavía más capaces, que haya una mejor vigilancia de su desempeño.
“(Hace) dos años se dio a conocer un estudio sobre estas relaciones familiares dentro del Poder Judicial de la Federación. No se demostraba directamente una relación causal, pero la impresión que se daba es que estas prácticas existían, entonces, eso empezó a generar un clima de opinión.
“Ha sido fundamental la insistencia del gobierno del presidente López Obrador en los temas de honestidad del servicio público y de combate a la corrupción.
“Hemos visto el año pasado una serie de medidas tomadas por el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal para disciplinar y sancionar incluso a funcionarios judiciales -jueces y magistrados- que no están en el camino en el camino correcto.
“Es fundamental para que funcione el Poder Judicial pues que haya confianza y legitimidad en la ciudadanía. Si uno piensa que ahí no va a obtener justicia, que ahí no va a resolver de última instancia sus problemas, entonces es una cuestión que debería preocuparnos a todos.
La pregunta incómoda
El PJF es un organismo con más de 40 mil servidores públicos y no todos esos cargos están en funciones jurisdiccionales, es decir, no todas las personas que trabajan allí tienen bajo su cargo resolver casos o controversias, detalla Héctor Fix-Fierro.
La pregunta necesaria, por consiguiente, es: ¿qué pasa con todos los servidores públicos que están en funciones de apoyo administrativo?
Pero no sólo eso, cuestiona el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “¿Deberían ellos tener también una carrera, una opción de desarrollo profesional, también con formación, capacitación, con cierto tipo de filtros o exámenes para el nombramiento?”, se pregunta.
“Ahí también está latente el peligro del nepotismo y de estos favores”, alerta. Investigaciones como la de El déficit meritocrático ya han dado cuenta de que los nombramientos de familiares suceden en puestos de base y administrativos.
Para acceder a esos cargos, a los aspirantes no se les piden mayores requisitos que exámenes de aptitudes, psicométricos, aprobación de cursos en línea o la realización de un ensayo para acceder a ellos, indica el estudio.
“Todo está enfocado en la carrera judicial y, hasta donde yo veo, no hay una idea de que también se podría y se tendría que crear quizá un servicio profesional de carrera para los funcionarios o los servidores públicos administrativos del Poder Judicial.
Al tener una perspectiva de desarrollo profesional regulada (se) pueden desalentar prácticas y comportamientos administrativos que a lo mejor no son los adecuados”, opina el especialista.
Los temas pendientes
“La posibilidad de los concursos abiertos, es decir, aquellos concursos en donde se permite que gente externa al Poder Judicial participe.
“Desde hace diez años, el Poder Judicial de la Federación no ha hecho concursos abiertos, a pesar de que la ley los prevé y en cierto sentido los ordena, que casi cada cierto número de concursos al menos alguno sea exterior y me parece que sobre todo tiene que abrirse esto al nivel de magistrado.
“Dentro del Poder Judicial esto es muy impopular, la idea de concursos externos, abiertos, en donde entra gente que no ha formado parte desde el principio de la organización del Poder Judicial, lo ven con mucho recelo.
“El argumento principal es que no tienen la formación y la capacidad, pero eso es algo que se puede remediar con la formación adecuada.
“Tendría que haber concursos abiertos para que entrara gente de fuera ¿por qué? porque en la estructura del Poder Judicial de la Federación es anómala. Normalmente un Poder Judicial tiene una estructura piramidal donde hay un cierto número de jueces. Luego viene un cierto número de magistrados, que es más reducido y que examinan nada más una parte más reducida de los asuntos y finalmente una cúspide que es la Suprema Corte.
“Nosotros por el efecto de que los tribunales de circuito revisan las sentencias locales, resulta que hay muchos más magistrados de circuito que jueces de distrito, que son el grupo dentro del cual se seleccionan los magistrados.
“La idea de la carrera judicial y de los concursos internos es que sólo quien ha sido juez de distrito puede concursar para ser magistrado de circuito, pero el hecho de tener esta estructura implica que no hay selección para pasar de juez a magistrado”.
Los concursos a modo
“En los concursos (para magistrado o juez) una de las críticas que se han hecho incluso por gente del Poder Judicial (…) (es) que cada convocatoria tiene sus propios requisitos: unas veces son de una antigüedad, otras de otra; unas veces les piden unas cosas y otras veces les piden otra. Creo que es algo que sí se tiene que atacar y tener lineamientos claros que funcionen durante un tiempo relativamente largo”.
@vancg_
