- En la medida en que los universitarios y las instituciones sean objeto de nuevos derechos y los ejerzan, contribuye al robustecimiento del Estado de Derecho.
En América Latina existen 11 países que aluden al régimen de las universidades constitucionalmente, pero lo hacen de manera muy heterogénea. Esto genera condiciones que dificultan el trabajo de las escuelas de educación superior públicas, sobre todo por la incertidumbre de su financiación y por la frecuencia con que las afectan actos de violencia, por tanto, el régimen jurídico de las universidades debe ser definido por la Constitución, propone el jurista Diego Valadés.
Diego Valadés explica que es común que las constituciones establezcan los principios rectores de la educación, en primer lugar, porque favorece la trascendencia de esas instituciones para la movilidad social de sus egresados y, en segundo lugar, el trabajo académico contribuye al desarrollo y al bienestar colectivo. Además “en la medida en que los universitarios y las instituciones sean objeto de nuevos derechos y los ejerzan, contribuye al robustecimiento del Estado de Derecho”, argumenta en su artículo “Autonomía universitaria y constitucionalismo democrático”, publicado en la revista Forum, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.,
En México, en 1980 la autonomía universitaria adquirió el carácter de un derecho constitucional, sin embargo, subsisten diversos problemas de orden fáctico, por ejemplo: la aplicabilidad de los principios y de las reglas constitucionales, como la de cualquier otra disposición legal, depende de la decisión de los agentes concernidos con su acatamiento.
“Las universidades públicas autónomas suelen ser vulnerables porque en su interior el orden coactivo del Estado se relaja y dificulta combatir con eficacia los actos delictivos, incluyendo la violencia y el tráfico de drogas, en perjuicio de los universitarios”, escribió el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La autonomía, no solo universitaria, sino de otras instituciones es esencial y sustantiva para una sociedad democrática, por lo que su defensa se torna crucial. “Es especialmente importante porque tenemos una tendencia muy desafortunada del gobierno actual, que es minimizar el papel de los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son indispensables en cualquier democracia, en cualquier sociedad”, opinó Antonio Lazcano,investigador de la UNAM en su artículo: “La sociedad debe fortalecer a los organismos autónomos: Antonio Lazcano”, también publicado en Forum.
La solución y la respuesta para salir de estos baches dependerán de una sociedad que esté fortalecida y que se dé cuenta de que no puede perder aquellas instancias de defensa que cuentan con una visión crítica y autónoma de la vida política. Confío mucho en ello, concluyó.
FCCyT
