- Las 5 empresas señaladas por acaparar contratos en la era Peña Nieto ha ganado al menos 134 millones de pesos al colarse en cuatro dependencias al inicio de esta administración.
EMEEQUIS/Vanessa Cisneros
El grupo de cinco empresas que acaparó contratos para outsourcing con el ya inexistente ProMéxico, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, recibió al menos cinco contratos con cuatro dependencias de la actual administración que suman 134.1 millones de pesos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNV) es la dependencia que más dinero le ha pagado a una de las empresas de este grupo, SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, la cual ha recibido 46.5 millones de pesos por dos contratos de outsourcing, de acuerdo con datos de la plataforma Compranet revisados por EMEEQUIS.
Pero no es la única dependencia federal que le ha dado dinero a este grupo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le otorgó 46.2 millones de pesos en dos contratos y Nacional Financiera (Nafin) desembolsó 41.3 millones de pesos por uno.
A tres semanas de que SITAH recibiera esta última contratación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que dejaría de concursar en los procesos de contratación durante tres meses por una sanción que le impuso.
Meses más tarde informó que SITAH tuvo operaciones con otra razón social que está en la lista de las supuestas empresas fantasma del Sistema de Administración Tributaria (SAT), cuando fue contratada por el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en 2018.
Esta empresa forma parte de un grupo de cinco empresas que ganó al menos 26 contratos con 13 dependencias que suman en total 2 mil 84 millones de pesos en cuatro años durante el sexenio pasado (2014-2018).
SCOI Soluciones Corporativas Integrales, Negocios Universal TD2, Negocios Optimus Jumace y Ovalo CP son las otras empresas de esa red de outsourcing. Entre ellas acapararon los contratos para esos servicios con el CPTM y ProMéxico en el sexenio pasado.
Un especialista entrevistado señala que podría existir colusión y corrupción en las contrataciones. “Si un estudio de mercado te lleva a una adjudicación directa sólo lo vería yo justificado por un tema de patentes, de tecnología, pero fuera de eso, no”, dice Pablo Montes, coordinador anticorrupción de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Concursó con otras
La empresa que ganó los cinco contratos con esta administración fue SITAH. No lo hizo sola pues participó en conjunto con otras razones sociales; dos de ellas forman parte del “cártel del outsourcing”.
Nafin, entonces bajo el mando de Eugenio Nájera, lanzó un concurso de licitación pública para contratar servicios de outsourcing de actividades administrativas, contables y jurídicas del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural.
En él se inscribieron 12 concursantes, entre los que destaca Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa. SITAH, Negocios Universal TD2 y Negocios Optimus Jumace concursaron juntas y ganaron un contrato por 41.3 millones de pesos en febrero del año pasado.
Y aunque Lore Soluciones no figuraba dentro del bloque de esas empresas, para la licitación que lanzó CEAV, encabezada en ese entonces por Jaime Rochín, para contratar a terceros para apoyo gerencial, técnico y administrativo, SITAH participó en conjunto con ella y con la empresa de viajes El Mundo Es Tuyo.
Esa vez presentaron sus ofertas otras dos empresas más y ambas fueron descalificadas por no demostrar solvencia, por lo que se le adjudicó a ese grupo de tres un contrato por 37.6 millones de pesos.
En una tercera licitación con la CNBV –entonces a cargo de Adalberto Palma– SITAH presentó su proporción en mancuerna con Servicios Empresariales Alquicira. A ese concurso también acudió Lore Soluciones de manera independiente y fue descalificada. Ganó, de nueva cuenta, SITAH, un contrato por 31 millones de pesos.
A partir del 3 de marzo Adalberto Palma y Eugenio Nájera, quienes encabezaban la CNBV y Nafin, respectivamente, forman parte de la Oficina de Presidencia.
Invitaron a empresas relacionadas
SITAH también recibió dos adjudicaciones de forma directa por 24.1 millones de pesos. Una se le entregó bajo con el argumento de que necesitaban sus servicios por una “emergencia” y con un estudio de mercado que arrojó a dos empresas vinculadas.
La CNBV determinó que tenía que contratar rápidamente el servicio de outsourcing para el desarrollo, actualización, mantenimiento y explotación de procesos en materia jurídica, normativa, financiera y administrativa.
Así lo indican las leyes que utilizó como respaldo para no llevar a cabo un concurso de licitación para esos servicios. Argumentó “un caso fortuito o de fuerza mayor”, según lo indica el artículo 41, fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), que utilizó como justificación para ese contrato.
Ese artículo, además señala que no se harán concursos de licitación cuando “no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla”.
La justificación de adjudicación entregada por la dependencia señala que luego de una búsqueda en Compranet y un estudio de mercado, tres empresas fueron las que la dependencia determinó como las más idóneas para contratar.
La CNBV le pidió a tres empresas sus cotizaciones: SITAH, Negocios Optimus Jumace y Asiento Empresarial Serco, pero las primeras dos ya habían sido señaladas por tener vínculos, según señala una auditoría de la ASF, como dio a conocer EMEEQUIS.
Esa dependencia indicó que ambas razones sociales forman parte de un bloque de un total de cinco que presuntamente habrían acaparado los contratos de servicios de outsourcing con el CPTM en sus últimos años.
Los vínculos
El grupo de empresas comparte algo más que contratos. Datos de contrataciones públicas dan cuenta de que al menos tres de las cinco razones sociales del grupo registraron el mismo domicilio legal en la calle Heliotropo 145-1, en la colonia Atlampa, localizada en la Alcaldía Cuauhtémoc.
Estas empresas son Negocios Optimus Jumace, Ovalo CP y Scoi Soluciones Corporativas Integrales. EMEEQUIS acudió al domicilio de estas empresas y constató que personas que trabajan al lado de esa dirección señalan que las tres recibían correspondencia en ese domicilio.
Fernando García, empleado de una empresa que se ubica en el 145 de la misma calle, lo sabe porque la correspondencia de las tres razones sociales llegaba al lugar donde él trabaja, pues el 145-1 no tienen ninguna numeración.
Al día de hoy, esa dirección, que tiene una fachada blanca, un portón color gris y que se asemeja a una bodega, está sola. Nadie contesta al llamado de la puerta y desde hace tres meses las empresas que ahí laboraban, han desaparecido, según cuenta Fernando.
El grupo de cinco empresas también está vinculado por el notario que las registró: Carlos Porcel Sastrías.
Riesgo de colusión
En opinión del Pablo Montes, del IMCO, las contrataciones públicas en México se han sobresimplificado porque el gobierno en lugar de elaborar un estudio amplio, pide cotizaciones a proveedores.
“Un estudio de mercado requiere primero conocer las empresas que existen en el sector. Si yo quiero hacer un estudio de mercado en el sector salud, no sólo es pedir cotizaciones. A hacer la investigación de qué empresas en México y en el mundo ofrecen ese servicio, independientemente de si me van a dar una cotización o no para entender cuántas empresas hay, entender el nivel de competencia”, explica.
Montes también subraya el hecho de que se haya contratado este tipo de servicios “por urgencia”: “Contratar un servicio de outsourcing por emergencia sí está raro. Claro, todo se vuelve una emergencia si no lo planeaste adecuadamente y lo necesitas contratar ya”, dice.
Además hace hincapié en el hecho de que las cotizaciones se hayan realizado con empresas que tienen un vínculo. “Cuando se hacen estas cotizaciones es una señal, una llamada, una advertencia de que tiene una contratación. Si lo hacemos con empresas relacionadas, pues sí, aumentaría el riesgo de colusión, de algún tipo de problema de corrupción y se les está dando un aviso desde antes”.
@vancg_
