El avance exponencial del Covid-19 amedrenta y daña a las sociedades, impacta negativamente las economías del mundo y, en efecto, tensiona aún más, las responsabilidades de los gobiernos nacionales. De acuerdo con cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad ha afectado a más de 179 mil personas, de los cuales 7,426 fallecieron (en China e Italia principalmente). Aún más preocupante resulta que la brecha entre los casos confirmados y los casos reales es alta, demostrando que las capacidades de prueba y detección parecen rebasadas.
En México, el pasado 27 de febrero se presentó el primer caso por importación del virus y en casi tres semanas se tienen documentado según las autoridades sanitarias 93 casos, situación que enciende los focos rojos en el accionar del gobierno federal y de los órdenes estatales y municipales. La magnitud de la pandemia pone en duda la capacidad del sistema de salud nacional para reaccionar ante la emergencia sanitaria, al mismo tiempo que produce incertidumbres ante el impacto negativo en la productividad.
Es inminente que las actividades presenciales que representan un foco de contagio por el cúmulo de personas que interactúan, incrementa la probabilidad de la transmisión del virus, ocasionando disminuir o suspender actividades productivas, educativas, recreativas, y cívicas en todo el territorio nacional debilitando los indicadores económicos básicos como consumo, inversión, empleo, inflación-poder de compra y expectativas
positivas de recuperación económica.
En este orden de ideas, las instituciones del Estado mexicano enfrentan pues al menos dos desafíos trascendentales: potenciar, en la medida de lo posible, las capacidades del sector salud para atender la emergencia; y aminorar el impacto económico derivado de la menor demanda de bienes servicios (transporte y turismo) y de la disrupción por el lado de la oferta debido al aislamiento de la mano de obra y el cierre de empresas. Ambos aspectos ponen a debate los objetivos de la política fiscal en México en el corto, el mediano y largo plazo en el siguiente sentido:
1.- El aumento expansivo de la demanda de servicios hospitalarios requerirá del empleo inmediato de recursos o reorientación del gasto público hacia equipos, infraestructura (lo más que se pueda construir en tan poco tiempo) y mano de obra en el sector salud, que permita ampliar las capacidades de prevención, detección y tratamiento a lo largo y ancho de la República Mexicana.
2.- Este tipo de eventos generan consecuencias negativas y presiones en los recursos de los entes públicos y privados no habiéndolos considerados en su planeación. En este sentido, el Gobierno Federal, Entidades Federativas y Municipios, así como el resto de los entes públicos deben coadyuvar en aminorar la desaceleración del sector productivo nacional a consecuencia del Covid-19, mantener y acelerar la inversión pública y sus planes anuales de compras de los presupuestos que administran. Por ejemplo, en Estados Unidos, más allá del paquete de estímulos de cerca de 850.000 millones de dólares anunciado por el Gobierno (subsidios, recortes impositivos, entre otros) (El País, 17/03/2020), especialistas en finanzas públicas discuten acciones estatales orientadas a compensar los niveles de demanda suficientes para que las empresas puedan mantener el pago de salarios y su capital productivo (ver: https://bit.ly/2x7pSV3).
3.- Es importante considerar, dada la urgencia, que el espacio fiscal del sector público en México es reducido. La respuesta oficial es que habría recursos considerando aquello que se ahorra derivado de la lucha contra la corrupción. A simple vista, en las cuentas públicas, lo anterior no es tangible de forma inmediata y, en caso de serlo, parecería no ser suficiente ante pérdidas de grandes magnitudes como las que se estiman en el ámbito global.
4.- El nivel que alcanzan los ingresos del sector público es bajo. Específicamente, la carga tributaria asciende apenas a 16.2% del PIB, cifra que es bastante inferior a lo que los países desarrollados logran, e incluso a lo que países latinoamericanos recaudan (ver: https://bit.ly/3bcq4B7 ). La diferencia en la capacidad de reacción de los gobiernos nacionales se explica en parte por la disponibilidad de recursos domésticos, provenientes primordialmente de la tributación, así como por el gasto público efectivo y estratégico.
5.- Asimismo, el espacio fiscal se reduce derivado de los altos niveles de deuda pública que se mantienen. Se estima que el 2019 cerró con un nivel de deuda, en su concepción más amplia (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público), de 45.3% del PIB, cifra superior a lo registrado en 2018. Los altos niveles de deuda, combinado con otros factores, deterioran la posición crediticia del sector público para adquirir recursos que ayuden a atender las necesidades sociales y económicas que se derivan de esta pandemia.
6.- La pandemia le llega a México en una situación económica compleja, materializada en una disminución del PIB (-0.1%) en términos reales respecto al 2018. Con perspectivas desalentadoras de crecimiento, se augura una contracción en la actividad productiva, y por ende una disminución del potencial recaudatorio del sector público.
7.- En términos generales, los gobiernos estatales no cuentan con las capacidades administrativas ni de gestión de recursos suficientes para contrarrestar una crisis de salud de esta magnitud. La evidencia muestra que la capacidad y la autonomía fiscal de los gobiernos estatales y municipales es limitada: bajos niveles de recaudación, dificultades para modernizar sus sistemas tributarios y espacios legales reducidos para aumentar las tasas y crear nuevas bases gravables.
8.- La coordinación fiscal intergubernamental atraviesa una etapa de ajustes entre sus distintos actores. Estamos en medio de un proceso de reforma al sector salud, que se refleja en cambios acelerados sobre la distribución de recursos hacia los estados que antes provenían del Seguro Popular. Muchos gobiernos, como respuesta, han expresado su rechazo. Esto complejiza aún más la capacidad de organización de las instituciones del Estado para hacer efectivo el flujo de recursos públicos y responder de manera efectiva ante eventos de contingencia sanitaria.
9.- La emergencia trae consigo una reacción en el mercado del petróleo liderada por los países que más producen, quienes han expandido sus niveles de producción y alterado los precios del barril del petróleo. Como resultado, actualmente la mezcla mexicana se cotiza a 18.78 dólares el barril, cifra considerablemente inferior a los 49 dólares fijados en el paquete fiscal, lo que conlleva la activación de la cobertura petrolera para mantener los niveles de producción y cubrir los ingresos públicos petroleros que equivalen a alrededor del 4% del PIB. Conviene precisar que, ante las dificultades que enfrenta Pemex, el alcance de esta cobertura no alcanza la totalidad de la producción de exportación, por lo que es de esperar que las finanzas públicas sí se vean afectadas, y como resultado el espacio fiscal se reduzca aún más.
10.- En estas condiciones, para el mediano y largo plazo, se requerirá discutir una reforma fiscal profunda y progresiva, a través de la cual sea posible aumentar la carga tributaria e implementar una arquitectura contra-cíclica que amplíe el espacio fiscal en ciclos de bajo crecimiento y activen los fondos públicos de los ahorros ante emergencia. Esto para mantener a flote la actividad económica, así como estrategias que aligeren la carga tributaria temporal en este tipo de eventos para ampliar el disponible de recursos en los contribuyentes, y así se mantenga el consumo y lo que conlleva.
11.- Si bien el contexto es bastante complejo y el espacio de políticas reducido, la capacidad del sector público detona como un paliativo a la pandemia sanitaria y financiera, pudiendo dar un respiro con el actuar proactivo de su política fiscal (recursos públicos y coordinación de los activos en los entes de gobierno) que mantenga a flote la capacidad de respuesta ante la emergencia en nuestro país en conjunto con el sector privado y social. Esta emergencia llama a explorar nuevos mecanismos de asociación pública y privada donde el conjunto de activos en un marco de gobierno colaborativo amplíe su capacidad instalada para contener esta contingencia y las venideras. Si esto no ocurre o es tardío dicho actuar, es posible que las secuelas de esta pandemia deriven en graves consecuencias en términos de salud pública, en el deterioro de las capacidades productivas, y en las cuentas públicas en los próximos meses e incluso años.
