- En la entidad no se cuenta con una ley estatal de víctimas, ni con un fondo apropiado y específico para reparación del daño de las víctimas
- El sistema penal acusatorio también considera la perspectiva de la víctima, sin embargo, lo que usualmente se trabaja más son los derechos de los imputados
- “Lo que pasa, que hay que decirlo con todas las palabras: el estado no se ha hecho responsable del tema de víctimas”: Erika Bardales Lascano, penalista reconocida de la UNAM
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En la conferencia magistral Los derechos de las víctimas en el Siglo XXI, impartida por la penalista y experta en derecho, la doctora Erika Bardales Lascano, se recalcó la importancia de los derechos de las víctimas desde la perspectiva que, contrario a lo que debería ser, en las academias y en el ejercicio del derecho se aborda más el tema del los derechos de los imputados, dejando de lado la enseñanza y la aplicación correcta de las bases jurídicas que pueden proteger a quienes sufren de un ilícito.
La maestra y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que, aunque si bien sí existen distintos aspectos a mejorar sobre el sistema penal acusatorio que actualmente opera y que se derivó de la reforma penal del 2008, este esquema fue implementado para el beneficio y la protección de las víctimas, más allá del de los acusados. “Hay algo que decir muy importante, este sistema de justicia penal, está pensado también desde el punto de vista de las víctimas. Lo que pasa, que hay que decirlo con todas las palabras: el estado no se ha hecho responsable del tema de víctimas. El sistema penal que se está implementando está muy pensado desde el punto de vista del imputado; desde un acuerdo reparatorio, cómo disminuir una sanción, cómo lograr una negociación con el estado, pero no se ha puesto a pensar desde el punto de vista de las víctimas”, explicó Bardales Lascano.
La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Nación el 9 de enero del 2013, vino a complementar la reforma penal en donde se implementó el esquema acusatorio que dejaría atrás al inquisitivo, no obstante, incluso cuando se generó dicha legislación, su verdadera aplicación y su divulgación no ha sido tan efectiva y es por ello que existe un déficit en la protección de los derechos de las víctimas en México.
En esa legislación viene un sin número de garantías para personas que fueron víctimas de un delito o de personas a las que se les vulneraron sus derechos humanos; mismas que habrán de ser subsidiadas y resueltas por el estado. Uno de los ejemplos en los que más claro quedó que la aplicación de la ley está siendo dejada de lado, es que, según la normativa, todas las víctimas tienen derecho a un asesor jurídico que le acompañe en el proceso para que se puedan hacer sus derechos en condición de víctima, lo cual no es precisamente una realidad tangible. “A veces lo teórico no siempre se baja a lo práctico”, subrayó la penalista.
Bardales Lascano reconoció que el conocimiento de los derechos de las víctimas en las nuevas generaciones de los abogados es de suma importancia para que se pueda tener una perspectiva en donde ya no sólo se tome en cuenta al imputado.
En el marco de esta discusión, señaló que particularmente Aguascalientes tiene un retraso y una deuda sustancial con todas las víctimas de su demarcación. “¿Por qué digo esto? Y lo digo con todo fundamento: porque el estado de Aguascalientes todavía no tiene un fondo para reparación del daño a las víctimas. Mientras no exista un fondo, no exista un aparato, no existan asesores jurídicos de víctimas para todas las víctimas que lo requieran, están en deuda con su sociedad. Porque entonces no están implementando los derechos de víctimas y se convierten en leyes que existen, pero que son leyes muertas”.
En Aguascalientes tampoco se tiene una ley estatal de víctimas que pueda ayudar a reglamentar las particularidades de la entidad, así como a presupuestar y seguir el margen de la ley general para tener un real avance en materia de protección de los derechos de las víctimas, en tanto se siga ignorando ese sector, se seguirá trabajando el sistema penal desde una perspectiva más inclinada hacia el imputado.
