No es un secreto que exista xenofobia en México. Durante los últimos 150 años se ha documentado casos de rechazo hacia los extranjeros, especialmente en contra de estadounidenses, franceses y españoles. Es decir, con naciones a las que nos hemos enfrentado militarmente.
Los brotes de xenofobia en contra de estadounidenses, franceses y españoles no estuvieron acompañados por acciones oficiales promovidas por el Gobierno Federal; el sentimiento xenofóbico se gestó, principalmente, en la sociedad como consecuencia de las intervenciones militares. Durante el Porfiriato, las naciones europeas junto con Estados Unidos gozaron de privilegios económicos debido a la inversión de capital en nuestro país. Incluso después de la revolución, a pesar de la fundación de un estado revolucionario, se permitió -al menos- la injerencia económica de Estados Unidos.
Sin embargo, existen dos episodios históricos poco conocidos que ejemplifican la conducta de la sociedad mexicana en contra de comunidades extranjeras. En primer lugar, entre 1911 y 1934 se llevó a cabo una feroz campaña en contra de la población china en nuestro país. La mayoría de los chinos de entonces llegaron a nuestro país hacia finales del siglo XIX atraídos por una campaña del gobierno de Díaz que pretendía, originalmente, atraer a ciudadanos europeos para modernizar al país.
Las zonas con mayor población china se localizaban en los estados del noroeste, concretamente en Sonora y Torreón, Coahuila. Para el inicio de la revolución mexicana había una minoría creciente de chinos que se dedicaba a la inversión y a la agricultura lo que causaba malestar entre los mexicanos. Es preciso decir que, uno de los motivos que incentivaron a los revolucionarios a incurrir en una campaña anti china, fue la participación de ciudadanos chinos en la agricultura.
La campaña antichina no fue emplear solamente una retórica racista, sino que también se empleó la fuerza bruta de grupos revolucionarios y postrevolucionarios en contra de comerciantes y ciudadanos chinos. Una vez culminada la revolución, los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles ayudaron a los estados a deportar a los ciudadanos chinos, a los mexicanos que habían contraído matrimonio con algún ciudadano chino y a los chinos naturalizados. Para 1945 el número de chinos que habitaba el país, alrededor de 5000, era cinco veces inferior a la cifra de 1925. Con el tiempo el sentimiento anti chino se moderó por el crecimiento económico de China y el aumento de las inversiones del país asiático a escala global. No obstante, en las últimas semanas ha crecido el número de personas que rechazan abiertamente y caracterizan negativamente a los ciudadanos chinos, principalmente a raíz del brote del Covid-19 originado en Wuhan, China.
El segundo episodio, es aún más desconocido que el anterior: la campaña gubernamental en contra de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Según relata el historiador Sergio Hernández Galindo en su libro La guerra contra los japoneses en México, durante aquellos años de guerra el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho puso bajo vigilancia a numerosos ciudadanos y empresarios japoneses, ordenó su expulsión y confinó a la mayoría de los ciudadanos mexicanos con ascendencia japonesa en la Ciudad de México y Guadalajara donde se restringió su libertad de movimiento.
Es curioso ver que en un país que se ha caracterizado por ser una nación hospitalaria con los extranjeros hayan ocurrido eventos estrictamente violentos como los mencionados anteriormente. Pero ¿cómo puede existir xenofobia en un país donde su sociedad y su gobierno se ha empeñado en defender la integridad de los connacionales en Estados Unidos?
Una explicación a la xenofobia es el racismo sutil encontrado en las leyes de inmigración mexicanas que rechazan a los individuos provenientes de países pobres y no blancos. Hasta 1996, el artículo 37 (derogado en 2011) de la Ley General de Población hacía énfasis en que la Secretaría de Gobernación tenía derecho de expulsar a los inmigrantes si así “lo exigía el equilibrio demográfico nacional”. Asimismo, en esta misma Ley se tipificaba a la inmigración ilegal como un delito donde el castigo era el pago de una multa equivalente a dos salarios medios, a la deportación inmediata y prohibición de entrada a México.
Con esta Ley el gobierno postrevolucionario del siglo XX logró insertar en la sociedad el sentimiento xenófobo en contra de ciudadanos provenientes de países pobres, es decir naciones inferiores, y proteger, al mismo tiempo, los intereses de los mexicanos en Estados Unidos, una nación superior en donde los connacionales transfieren, mediante las remesas, a México la riqueza obtenida.
El estudio México, las Américas y el mundo 2012-2013, presentado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mostró que: 42% de los mexicanos abandonaría el país si pudiese, pero un 51% rechaza a los inmigrantes porque debilitan las costumbres y las tradiciones mexicanas.
Parece irracional que pueda coexistir el rechazo hacia los inmigrantes de países en desarrollo y, al mismo tiempo, que los ciudadanos de un país en desarrollo apoyen a los emigrantes que se dirigen a un país desarrollado. No obstante, no lo es.
El objetivo perpetuo de las élites y la sociedad mexicana es la modernización del país. Por eso, al negociar programas de trabajo con Estados Unidos que empleen a ciudadanos mexicanos se garantiza la recepción de remesas, que se traduce en riqueza. En sí, la interpretación general es que los mexicanos en Estados Unidos representan una oportunidad para transformar económica y socialmente a nuestro país mientras que aceptar a inmigrantes de países centroamericanos, por ejemplo, no contribuiría a los esfuerzos modernizadores, al contrario, haría que México siguiese en el agonizante tercer mundo.
Por tal motivo, no sorprende que la grave crisis humanitaria en la frontera sur de México ocasione que, de acuerdo a El Financiero, un 63% de los mexicanos respalde el cierre de la frontera con Guatemala y un 67% esté a favor de militarizar los puntos de entrada a nuestro país y que más de un 40% de los mexicanos quiera irse. La cuestión presente es ¿qué pueden contribuir los centroamericanos a nuestro país? Comúnmente se responde falazmente, puesto que el rechazo general se debe al temor y al desconocimiento de la situación sociopolítica de Centroamérica.
Los objetivos de todos los sectores de la sociedad deberían trabajar en favor de erradicar la xenofobia, y cualquier otro acto de odio, mediante la sensibilización, la educación y la implementación de espacios públicos en donde se pueda escuchar a las diferentes voces de una sociedad. No es posible alcanzar la modernidad si se permite y se promueven actos de odio, porque no se respeta la condición humana, y los derechos mínimos conferidos por las leyes universales, de cada individuo, ni tampoco se aprovecha el potencial que cada individuo pueda aportar a la sociedad.
