De acuerdo a la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 31 de enero del 2020, se registró en Aguascalientes un feminicidio. En este país que contabiliza y acumula los números de las mujeres víctimas de violencia de género sin que frene con acciones contundentes este crimen, este número registrado sí tiene nombre, se trata de Magdalena, una niña de 14 años asesinada en el municipio de Jesús María.
Pero hay más mujeres en este estado que no conocemos. El índice delictivo indica que en delitos Contra la libertad y la seguridad sexual hay 63 denuncias. Seis de hostigamiento sexual; 17 de violación simple: once de violación equiparada y 29 en otros. La cifra negra se calcula en 90%, es decir, las que no denuncian, pero sí ocurren. También se indica que hay una mujer criminalizada por aborto. En delitos Contra la familia: 189 denuncias con 165 los casos de violencia familiar registrados, uno de violencia de género, 21 incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar y 3 catalogados en otros.
Números e historias atrás.
El presunto feminicida de Magdalena también infla las estadísticas de agresores. Es menor de edad, tiene 15 años. La ley para menores infractores lo alcanza con una pena máxima de tres años o arraigo domiciliario.
En un país con números en lugar de rostros, inundado de impunidad y poquísima justicia que llega a cuentagotas, apenas la semana pasada la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión intentó procurar justicia a las mujeres con el aumento a las penas por feminicidio y abuso sexual contra menores de 15 años, pues consideraron que las sanciones actuales no frenan estos delitos. Sí me cuestiono esto, pues la iniciativa tenía 10 meses en la congeladora y precisamente ahora, con los feminicidios de Ingrid y Fátima, mediatizados y presentados como un espectáculo antes que como el resultado de la violencia latente que vivimos las mujeres, los diputados procedieron a posicionarse con esta medida “por la urgencia” contra la violencia, y como siempre, sin trabajo legislativo atrás que sustente que pasar la pena de 60 a 65 años va a frenar al feminicida de realizar su atrocidad, que aumentar las multas por feminicidio de mil días de salario mínimo a mil 500 va a cambiar la estructura social y patriarcal que soporta y pasa de largo sin ver la violencia que vivimos en la cotidianidad las mujeres, los diputados federales no vieron ni les importó cómo frenar la violencia de género, y priorizaron la respuesta populachera, llena de desprecio e indiferencia que los gobiernos federal, estatales y municipales, y los Poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, han mantenido a lo largo de la historia de esta nación democrática para prevenir, erradicar y plantear políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres. La diputada independiente Lucía Riojas fue la única que votó en contra, lo entendió todo: no es el castigo lo que solucionará la violencia de género “sólo se les ocurre la cárcel como solución. Subir las penas no sirve de nada, ni su constitución moral, ni su decálogo improvisado e ignorante”, dijo al referirse a las propuestas de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el feminicidio, “ni las paredes limpias, cuando el país está bañado en nuestra sangre”. Son 10 mujeres asesinadas al día en México, pero sólo “presuntos feminicidas” con procesos en donde las más de las veces ni pisan la cárcel. Los diputados federales por Aguascalientes Elba Lorena Torres Díaz, del PES, los panistas Francisco Javier Luévano Núñez, Martha Elisa González Estrada y Sylvia Violeta Garfias Cedillo; la priista Norma Guel Saldívar y el perredista Antonio Ortega Martínez, bien, gracias. Colgándose de la medida para promoverse como defensores de las mujeres.
En la misma sintonía está Andrés Manuel López Obrador, en las últimas conferencias mañaneras se ha visto obligado a posicionarse sobre el tema, sus respuestas son vergonzosas para con las mujeres de México, para él se debe acabar con la corrupción e impunidad y fortalecer los valores morales y espirituales: “debe de procurarse la unidad en las familias, evitar la desintegración de las familias, y aunque no les guste, se debe de moralizar la vida pública, purificar la vida pública”.
Mientras que feministas y activistas como Marcela Lagarde han salido a cuestionarlo y contradecirlo, a decirle que así no, que no importa que muy, muy tempranito todos los días nos digan que el feminicidio es culpa de la pérdida de valores, no a López Obrador le importa poco y continúa con su discurso ignorante; Lagarde y de los Ríos aclaró que los feminicidios y la desigualdad “que vive el país es estructural, no moral”, explicó que la diferencia está en que los cambios primero deben hacerse en la cultura y en la estructura social para alcanzar la igualdad social, económica, jurídica, normativa y otras entre mujeres y hombres, ya después vendrán los cambios en la moral, “incluso podría convertirse en una ética del respeto de las mentes, de los cuerpos y de los afectos de las mujeres, una ética conforme a la vida libre, la igualdad y al desarrollo de cada quien”.
Sería irresponsable no pensar a profundidad las condiciones en que estamos navegando las mujeres en este momento histórico en México. Cada uno de los casos es muy complicado, y se vuelven subjetivos, a contentillo y finalidad de cada quien sino tenemos el sustento filosófico, penal, social, para pensarlos y pensarnos y seguir con el debate con la única finalidad de buscar soluciones trascendentes, no imediatas pero a corto y largo plazo, soluciones para todas nosotras.
En el caso del aumento de penas, ¿sirve de algo que los hombres reciban más penas cuando ya asesinaron a una mujer? ¿Cómo nos regresa a esa mujer que su asesino esté más años en la cárcel? Nos diremos que la cárcel funciona para que ese criminal no vuelva a dañar a otra mujer, y es cierto en parte, debe ser detenido y juzgado, pero dejamos pasar que como él hay muchos más asesinos afuera a los que no les ponemos atención. Priorizamos el castigo, pero no hablamos de prevención ni de reparación de daños para nadie, para las familias de la víctima y del victimario, para esas madres que se quedaron sin sus hijas y que sufren a sus hijos, porque la familia del victimario también forma parte de esta sociedad y no pensamos en ellos para reconstruir este tejido, apenas hace poco volteamos a ver a los hijos de las víctimas, ¿qué pasa con todos ellos, qué debe hacer el Estado?
Y en el caso del asesino de Magui, un menor de edad, ¿más año de cárcel? ¿Estamos hablando de justicia o venganza? ¿Entonces sí o no nos ceñimos a los tratados internacionales sobre menores infractores? ¿Cuántos años es lo “justo” para que consideremos que ya se hizo justicia? ¿Los feminicidas reciben verdadero tratamiento para su reinserción cuando salgan? ¿Qué pasa cuando sale alguien de la cárcel en este país? ¿Nos importa que este asesino sea menor de edad, o no? ¿Vamos a ser igual que los conservadores y decir que los criminales no tienen derechos?
Me explico, no lo defiendo, nadie podría hacerlo, la prioridad es la víctima, siempre lo será, ese es el foco de atención que perdemos cuando politizamos este u otro tema, cuando viene el PAN a pararse el cuello con el Paro del 9M. ¿Pero de verdad no hablaremos de los feminicidas nunca? ¿Qué diremos cuando empiece a circular fuertemente la idea de la pena de muerte a feminicidas? ¿Estamos en favor del castigo? ¿Cuál es la media de estas ideas para pensarnos y pensar el contexto en el que estamos, nuestras circunstancias, lo que debemos hacer y exigir y a quiénes? ¿Cómo reconstruimos este país feminicida? Tanto qué pensar y preguntar y cuestionar.
Estamos llenas de rabia y es obvio.
En este país se acumulan números, sin rostro, ante la indiferencia social y del gobierno. En este país no hay justicia, impera la impunidad.
Justicia para Magui.
Libertad para todas.
@negramagallanes
