- Lisa Sánchez, directora general de MUCD, expuso los obstáculos que impiden la regulación legal de las drogas y cómo el debate público se está viciando por el eco que encuentran en la prensa quienes, con falsos argumentos, confunden el apoyo a la regulación legal con una postura a favor del uso de las drogas
- “La criminalización de adultos que consienten el uso de drogas incide en una serie de derechos legales reconocidos internacionalmente, incluidos los derechos a la intimidad, la salud, la cultura, y la libertad de creencia y práctica”
El debate público sobre la regulación o legalización de la mariguana está lleno de prejuicios, y los medios de comunicación no están cumpliendo con su función social al propagar un discurso discriminador contra las personas que usan drogas, pues las más de las veces centran su atención en temas de seguridad pública, no consideran los datos duros, científicos, y muestran una evidente cercanía a la condena moral a través del morbo que despierta la violencia explícita.
Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), y reconocida activista en materia de derechos humanos, políticas públicas y legislación sobre seguridad ciudadana, y control internacional de drogas, impartió una plática a representantes de los medios de comunicación de Aguascalientes, en la que expuso los obstáculos que impiden la regulación legal de las drogas y cómo el debate público se está viciando por el eco que encuentran en la prensa quienes, con falsos argumentos, confunden el apoyo a la regulación legal con una postura a favor del uso de las drogas.
La regulación
La activista señaló que hay sustancias plenamente normalizadas que los gobiernos ya regulan legalmente, como el alcohol, el tabaco y los productos farmacéuticos, mientras que para ciertas drogas se aplica una política radical como la prohibición e hizo la distinción de la regulación legal para evitar confusiones. Regular no es, como se plantea en el debate público, que las drogas estén libres para todos y que se promocionaría el acceso a cualquier droga, por el contrario, supone el control de la disponibilidad, con controles estrictos sobre lo que se puede vender, los lugares donde se puede adquirir y a quién.
A quienes están a favor de la regulación de la mariguana y otras drogas se les acusa en los medios de promover el consumo y se les indica, sin datos duros, el incremento que muestran las estadísticas sobre el número de jóvenes que las han probado; sin embargo, señaló Lisa Sánchez, esos números son presentados de manera superficial, no se distingue entre los consumidores de una sola vez y quienes ya sufren una adicción, indicó que hay 650 mil adictos en un país de 124 millones de habitantes, lo que implica que el 0.06% del consumo adictivo de sustancias ilícitas no es un problema de salud pública, como la diabetes o la hipertensión.
Por destacar, de forma alarmista, el consumo entre la población más joven, los medios dejan a un lado que en un sistema de regulación legal la venta a menores de edad se mantendría como ilegal y sujeta a sanciones; además, estaría restringido, ya que en la regulación, cuánto más arriesgada sea una droga, más estrictos serían los controles a colocar. Algunos medicamentos de menor riesgo, por ejemplo, serían vendidos por los minoristas con licencia, mientras que las drogas de mayor riesgo sólo estarían disponibles a través de recetas médicas para las personas registradas como usuarios dependientes.
La directora general de México Unido contra la Delincuencia insistió en que se requiere proponer una política de drogas pragmática, con una perspectiva justa y humana, más allá de los intentos de algunos sectores por imponer una respuesta moral al uso de drogas.
La guerra contra el narcotráfico
En su exposición, Lisa Sánchez refirió a diversos documentos difundidos por MUCD, en ese sitio, se describe que el enfoque de justicia penal dirigida a las drogas ya está imponiendo penas desproporcionadamente severas y llenando las cárceles con usuarios y personas que cometen delitos no violentos relacionados con drogas. Hacer más de lo mismo no va a producir resultados diferentes. Las sociedades civilizadas y tolerantes no deben utilizar las sanciones penales para imponer sus juicios morales sobre adultos cuyas acciones no afecten negativamente a los demás.
Agrega que la criminalización y las detenciones masivas dan una falsa sensación de seguridad. Permiten que los políticos se vean “haciendo algo”, pero en lugar de abordar el problema, drenan los ya de por sí escasos recursos públicos y simplemente alimentan la marginación de los grupos de riesgo y las comunidades vulnerables.
La activista subrayó que por la perspectiva con que se aborda el debate público no nos estamos concentrando en las soluciones al problema y se desvía la argumentación, cuando se indica que cada vez hay más drogas entre nuestros jóvenes, no se buscan respuestas que auxilien a mejorar las condiciones de quienes sufren una adicción, en este caso, hablar de los centros de tratamiento, al estigmatizar a los jóvenes como consumidores, no nos hacemos responsables de exigir al gobierno, a los gobiernos, que tomen mejores medidas con los Centros de Tratamiento, llamados “anexos”, que mantienen los mismos tratamientos para todos los que ingresan, que investiguen el tema en el contexto y datos científicos, y con la calidad de las drogas que se están consumiendo, ya que en caso de que lograsen obtener drogas legales destinadas exclusivamente al uso adulto este sector de la población estaría mejor protegido dada la calidad controlada y las advertencias de sobredosis, salud y seguridad que éstas tendrían, como los productos farmacéuticos legales de ahora.
También debe considerarse el enfoque que se le da al tema de las Salas de Consumo Regulado, pues en éstas, la persona que usa drogas no sólo consume de forma limpia, sino que hay un abandono paulatino al ofrecerse también atención siquiátrica.
Las drogas por sí mismas no deben ser consideradas una amenaza para la seguridad, no más que el alcohol, el tabaco y otros productos farmacéuticos; la amenaza se produce como resultado de la política de prohibición, misma que renuncia o cede el control del mercado a grupos delictivos organizados, los cuales se vuelven tan poderosos que, ahí sí, se transforman en riesgos para la seguridad nacional.
En este punto, Lisa Sánchez hizo referencia al Programa de Análisis de Sustancias (P.A.S.) un servicio de salud basado en el modelo de reducción de riesgos y daños que permite disminuir los daños asociados al consumo de sustancias sicoactivas, con más de 25 dípticos con información para las personas usuarias de drogas sobre el consumo de las sustancias que tienen planeado ingerir, al construir una cultura de uso basada en la información científica y objetiva, con evidencia y el respeto a los derechos humanos con un servicio completamente anónimo y gratuito.
Indicó que la regularización de las drogas es necesaria justo porque son sustancias peligrosas, y si bien todo el consumo de drogas, tanto ilegal como legal, conlleva riesgos, estos se incrementan cuando las drogas son producidas y suministradas por criminales.
Los riesgos de salud se maximizan con la prohibición, ya que la ilegalidad empuja el mercado hacia productos de mayor riesgo, más potentes, más rentables, conduce al uso de drogas contaminadas, alienta los hábitos de consumo de alto riesgo, empuja el consumo hacia entornos no seguros y obliga a las personas que usan drogas a entrar en contacto con la delincuencia.
El uso del ejército y de técnicas policiales extremas para combatir la delincuencia organizada en realidad socava la seguridad, lo que deja al público atrapado entre el aumento de la violencia por parte de las autoridades y aquella ejercida por los delincuentes. La aplicación de la prohibición empuja la producción de drogas y su tránsito hacia nuevas áreas en lugar de procurar su eliminación.
La discriminación
La directora general de MUCD insistió en que la difusión del debate público sobre la regulación legal de las drogas tiene una carga social discriminatoria muy fuerte, en donde se estigmatiza a las personas a partir de la sustancia que consumen, señaló que “solemos tener una conversación concentradas en las sustancias y no en las personas, no nos referimos a una persona que usa marihuana, a una persona que consume coca, decimos el marihuana, el cocainómano, los del foco, los moneros, los chemos… Discriminamos a partir de la sustancia”.
Lisa Sánchez refirió un monitoreo de notas en las que se abordaba el tema de las drogas, y resultado del análisis del lenguaje y perspectiva empleadas, en el 90% de las notas se estigmatiza al consumidor. El rol que juegan los medios de comunicación está cargado, en el debate sobre la legalización de las drogas, hacia el tema de la seguridad y la discriminación con una variable de género y en el uso de los verbos que se reproducen de los boletines oficiales.
Es una discusión que implica hablar sobre la progresividad de los derechos de quienes consumen drogas, se deben proponer cambios significativos en el debate, en las que se destacan dos:
-Ya no se debe estigmatizar al usuario de drogas.
-Seguir las directrices de derechos humanos para las políticas de drogas/ONU.
Propuso a los asistentes que se tengan discusiones basadas en evidencia, para que antes de caer en la discriminación de quienes sufren una adicción, antes de defender la prohibición o defender de manera irrestricta la “legalización”, los representantes de los medios se informen sobre los argumentos que existen a favor de la regulación legal, y propuso leer Debate sobre las drogas. Cómo abogar a favor de la regulación legal, estudio realizado por la Fundación Transform para la Política de Drogas (Transform Drug Policy Foundation), que se propone dotar a los responsables políticos y defensores de la reforma de las políticas de drogas con las herramientas necesarias para cambiar el enfoque punitivo actual por uno más saludable y segur, que retome también que los impuestos generados en la regulación de las drogas podrían ser etiquetados para servicios públicos, priorizando campañas preventivas serias, no prohibicionistas.
Sobre la necesidad de incluir la perspectiva de los derechos humanos en un debate que rara vez se ocupa de esta arista y privilegia considerar la regulación como un problema de salud y seguridad, vale la pena citar este documento:
Si bien no existe un derecho legal específico a consumir drogas, la criminalización de adultos que consienten el uso de drogas incide en una serie de derechos legales reconocidos internacionalmente, incluidos los derechos a la intimidad, la salud, la cultura, y la libertad de creencia y práctica.
Las leyes de drogas que penalizan el uso personal contradicen la ley aplicable para actividades comparables que implican riesgos o autolesiones por parte de adultos que consienten (deportes de riesgo, relaciones sexuales sin protección, consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco). Estas actividades pueden no ser sabias, e incluso pueden ser desalentadas activamente, pero no deben ser criminalizadas.
La falta de escrutinio de los derechos humanos en muchas regiones productoras y de tránsito ha creado una cultura de impunidad en la que la tortura, las desapariciones forzadas, la violación, las ejecuciones y otras violaciones graves de los derechos se han normalizado como una forma de ejercer la autoridad.
A medida que se intensifican las situaciones de conflicto, la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos se ve socavada progresivamente. Los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, indígenas y ambientales han sufrido todos en diferentes grados.
