- La Reforma Laboral cambia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a Tribunales Laborales que van a depender del Poder Judicial
- Uno de los pilares de la Reforma Laboral es la democracia sindical
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (SCT), informó respecto a los avances del nuevo modelo laboral, inició recordando que el 1 de mayo del año del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Laboral, “un cambio profundo de un modelo de control corporativo antidemocrático a pasar a un modelo de libertades, de democracia donde sean los trabajadores los que elijan libremente quién los representa y que tengan participación en la negociación colectiva que es el corazón de las relaciones laborales”.
Tres pilares de la Reforma Laboral
El primero tiene que ver con la impartición de justicia. En la Reforma Laboral se cambia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a la creación de los Tribunales Laborales que van a depender del Poder Judicial.
Se privilegia la conciliación obligatoria, va a haber un proceso previo de conciliación antes de llegar a juicio, sólo aquellos casos que no puedan resolverse a través del diálogo pasarán frente a los jueces laborales.
El segundo pilar es respecto a la democracia sindical. Se introduce el voto personal, libre, directo y secreto para tres momentos muy importantes: El primero, para la elección de dirigentes, para la elección de directivas sindicales; el segundo, para aprobar contratos colectivos iniciales y sus revisiones; y el tercero, lo que tiene que ver con la legitimación de los contratos colectivos ya existentes.
El tercer pilar de la reforma tiene que ver con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro federal estará encargado de tareas muy importantes:
*Primero, de todos los registros sindicales del país y de todos los depósitos de contratos colectivos del país.
*Segundo, estará encargado de la conciliación en el ámbito federal, estará encargado de verificar todos los procesos democráticos y será también esta autoridad la encargada de expedir las constancias de representatividad.
En la reforma se establece una obligación para todos los sindicatos, quienes tienen que reformar sus estatutos y dentro de este plazo se establece que lo deberán hacer hasta el 9 de abril de este año. Tienen que en sus estatutos introducir el voto personal, libre, directo y secreto para elegir a sus directivas sindicales, tienen que introducir la representación proporcional en las directivas por razón de género, tienen que introducir la transparencia y la rendición de cuentas del uso de las cuotas sindicales. Y la autoridad laboral podrá verificar, a diferencia de ahora, que todos los procedimientos de democracia sindical cumplan en efecto con la ley.
La titular de la SCT se refirió a las constancias de representatividad: “Vivimos en un contexto en el cual la enorme la enorme mayoría de los contratos colectivos son de protección patronal. Se calcula que dentro del 80, 85 por ciento de los contratos colectivos existentes se firmaron entre líderes sindicales y empleadores o empresarios a espaldas de los trabajadores; es decir, los trabajadores no elegían quiénes eran los sindicatos que firmaban los contratos colectivos a su nombre. Esto obviamente por un lado está, digamos, el efecto de que no hay una representación real, pero también había un efecto negativo para el caso de los empresarios, porque se convirtió también en un mecanismo de extorsión y de chantaje. Muchos conocemos aquí, por ejemplo, en la industria de la construcción todavía no se pone una piedra y ya llega un emplazamiento de un sindicato que no necesariamente y en la gran mayoría de los casos no representa a los trabajadores de esa construcción”.
Luisa María Alcalde, frente a la presencia inmensa de contratos de protección, explicó los dos mecanismo con que se cuenta.
El primero es para todos los nuevos contratos que se van a firmar, todos los nuevos contratos colectivos. Se establece que el sindicato que pretenda firmar un contrato colectivo previamente debe recibir una constancia de representatividad, es decir, debe acreditar que por lo menos representa al 30 por ciento de los trabajadores.
En el caso en el que existan dos sindicatos o más que acrediten a la autoridad que representan por lo menos al 30 por ciento de los trabajadores, entonces habrá entre estos sindicatos una consulta para saber cuál de estos sindicatos tiene la mayoría. Explicó que a aquel sindicato que tenga la mayoría es al que se le otorga la constancia de representatividad y entonces tiene la posibilidad de firmar un contrato colectivo con un empleador o con una empresa.
Respecto a los contratos colectivos ya existentes, la constancia de representatividad es para los contratos nuevos que se firmarán. Para todos los contratos colectivos ya existentes, la ley establece un procedimiento que es la legitimización de contratos colectivos; es decir, todos los contratos colectivos existentes deberán pasar por un proceso de consulta, una consulta a través del voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, quienes, teniendo en físico, a la mano, su contrato colectivo, van a decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo con el contenido de dicho contrato.
La titular de la Secretaría del Trabajo aseguró que ya se cuenta con una plataforma electrónica a través del cual se realiza este procedimiento.
Principales avances en implementación de la reforma
Primero, la instalación del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma, el Sistema de Justicia Laboral. Este es coordinado por la Secretaría del Trabajo, pero participa el Poder Judicial de la Federación, participa la Secretaría de Hacienda, participa la Conago, como representación de los gobernadores; la Conasetra, como representación de todos los secretarios de trabajo de los estados; y la Conatrib, como representación de los diferentes poderes judiciales locales. En esta instancia se aprobó la estrategia nacional para la implementación de la Reforma Laboral. Se definió un plan de implementación en tres etapas, se instalaron ya 30 grupos interinstitucionales en los diferentes estados del país, donde igual participan el Poder Judicial local, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y ya se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es la creación formal de esta instancia.
Se han adecuado a la fecha mil 600 estatutos de sindicatos en el ámbito federal, que de los más de dos mil sindicatos aproximadamente que tenemos con vida activa, representan el 80 por ciento.
Sobre el proceso de capacitación para los nuevos operadores del nuevo modelo, se informó que se han capacitado a la fecha más de seis mil funcionarios a través del plan de formación y selección en materia de justicia laboral a cargo del Poder Judicial de la Federación. Así como realizando la coordinación del apoyo internacional en materia de capacitación y desarrollo de tecnologías con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el BID, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el Ministerio de Trabajo y Empleo de Canadá.
El plan de implementación en tres etapas iniciará en diez entidades federativas. El 1 de octubre del 2020 inicia la primera etapa de implementación en 10 estados. La segunda etapa de implementación en 11 estados más que iniciarán el 1 de octubre de 2021 para concluir el 1 de mayo de 2022 en los 11 estados restantes.
Para el 1 de octubre de este año estará en operaciones ya el Centro Federal de Conciliación y Registro, los Tribunales Laborales Federales en las diez entidades, los Tribunales Laborales Locales en las diez entidades y los Centros de Conciliación Local en estas diez entidades de la primera etapa.
Luis María Alcalde señaló que se cuenta con presupuesto suficiente para la implementación de la reforma en su primera etapa. El presupuesto contempla mil 401 millones de pesos que están divididos en varios rubros: el primero es para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con 197 millones, para la creación de los Tribunales Laborales Federales en su primera etapa con 375 millones, para la creación Centros de Conciliación Local con 359 millones, para los Tribunales Laborales Locales 270 millones y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 199 millones.
La funcionaria federal finalizó indicando que en la implementación de la reforma se ha avanzado gracias a la coordinación entre las diferentes instituciones y dependencias que participan.
